El 12 de julio, el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), Rubén Zapata, le había pedido, mediante una nota, al titular de la Secretaría Legal y Técnica, José Gervasio Laporte, que dirima el conflicto suscitado por la disparidad de criterios entre los abogados de la entidad aseguradora, en torno a la conveniencia o no de realizar el acuerdo por 130.000 pesos, que desató la polémica con la Fiscal de Estado, Claudia Mizawak. Por este motivo, el 30 de agosto pasado, Laporte determinó que dicho convenio “no resulta favorable”, lo que concluyó en la destitución de los letrados del organismo asegurador, Luis Garay y Martín Navarro.

Según informó APF, el 12 de julio pasado, Zapata le había requerido a Laporte, vía una nota, que la Secretaría Legal y Técnica interviniera en el IAPS para dirimir las opiniones entre los abogados de dicho organismo, en relación con la conveniencia o no de realizar un acuerdo extrajudicial por valor de 130.000 pesos en la causa “Reynoso”.

En la misiva se afirmaba que el mencionado convenio “a priori” aparecía como “sumamente conveniente a los intereses” de la entidad aseguradora “en caso de prever sentencia desfavorable”.

Por su parte, uno de los abogados que fueron obligados a renunciar, Martín Navarro, señaló que “si uno calcula el monto de la sentencia de 1997, que debía actualizarse, daba una deuda para el Instituto de alrededor de 450.000 pesos”, y sobre esto argumentó que “se ha dicho que los 130.000 pesos eran una cifra exorbitante, cuando en realidad es que, a raíz de la controversia, el acuerdo se dejó sin efecto y, dentro de algunos meses, se va a pagar tres o cuatro veces más de lo que se había convenido en un principio porque la sentencia va a ser condenatoria para el Instituto”.

En tanto, a Laporte le llegaron 84 fojas de antecedentes remitidos por el IAPS sobre la cuestión, y el 30 de agosto pasado determinó que “el acuerdo no resulta favorable”.

Cabe recordar que este siniestro por 130.000 pesos fue el que desató la polémica entre Zapata y Mizawak, quien denunció irregularidades en el organismo asegurador.