Función pública, proselitismo y ética

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Reflexiones de cierre

Luis María Serroels

Durante la semana se producen hechos y revelan situaciones que no pueden soslayarse desde la óptica periodística. En el acopio se llega a una cantidad que excede el espacio disponible, pero con un poco de esfuerzo y aún corriendo el riesgo de la arbitrariedad, se logra fijar alguna prioridad, en tanto el poder de síntesis se encarga del resto.

Un tema recurrente ha sido el de la doble tarea de desempeñar un cargo ejecutivo o electivo y a la vez figurar en alguna candidatura para una elección dentro de la estructura de gobierno, sea nacional, provincial o municipal.

Ha habido en ocasiones actitudes personales de quienes solicitaron licencia sin goce de sueldo para desarrollar acciones proselitistas. Ello significaba dos cosas. Primero: la posibilidad de contar con el mayor tiempo posible para desplazarse dentro de la geografía provincial, profesar el culto como devoto de Santa Media Suela, ocupar cuanto palco se presente y atender a la prensa como se debe. Y segundo: no caer en la incorrección de andar de campaña abandonando los despachos pero sin resignar el sobre mensual que reconoce la tarea, cuando ésta no se ha cumplido según las normas. Y además, no utilizar medios y fondos del Estado para esa labor.

Tenemos varios casos en la memoria dignos de elogiarse, pero no los citamos porque sabemos que hay más y no sería justo dejarlos fuera de estas consideraciones. Pero también están los otros, los que miran para otro lado y no se sienten aludidos. Los que creen que para ello es menester una ley reguladora, cuando esas leyes ya están, cuando no convalidan que el Estado pague por servicios no prestados.

Hoy el gobernador busca cómo encarrilar esta irregularidad que, llegado el caso, también lo incluirá a él mismo, porque la sana práctica indica que todo candidato que se lance al llano de la lucha electoral deberá pedir licencia.

Ante semejante disyuntiva es útil realizar estas menciones:

a)- El mandatario urgió recientemente a sus funcionarios a salir a defender enérgicamente sus logros, en una inocultable intención de apuntalar la continuidad de su gestión a partir de diciembre de 2007 (quien no haya advertido que Sergio Urribarri gobernador no sería otra cosa que la reelección de Jorge Busti por otras formas, es porque está distraído). Ese énfasis reclamado para comunicar la acción de gobierno sería una forma más que aceptable de proselitismo, que se da legitimación por sí misma al basarse en la capacidad de discernimiento de los gobernados al momento de su evaluación, más allá de los medios utilizados (léase las vías de que se dispone solventadas con fondos del erario público y en posición ventajosa respecto de los recursos de la oposición).

b)- El mandatario es uno en su calidad de jefe del gobierno y otro como candidato a diputado provincial. Pero una misma persona con la capacidad de contar, a la hora de encarar la contienda, con un aparato oficial que ningún adversario podría disponer. No es bueno desatender los asuntos del Estado para desdoblarse con vista a la puja comicial. Hay un añejo juicio aplicable a todos los políticos en general que termina por equipararlos con el mono: no se abandona la rama sin estar seguro de haberse aferrado a otra.

Bien viene recordar que en 1988, en plena puja interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, Jorge Busti hizo pública una solicitada donde intentaba justificar su prescindencia con un argumento que era convincente: porque la obligación es gobernar para todos, decía (y ese “para todos” comprendía a propios y extraños sujetos a su ejercicio de gobierno). Si bien a último momento el mandatario se olvidó de esta declaración y la sustituyó por otra titulada “Por qué Cafiero”, entregada al periodismo en mayo de 1988, su juicio sobre la prescindencia republicana bien podría ser retomado hoy.

c)- Si para Busti (aún no está confirmado) sólo deberían pedir licencia los funcionarios más encumbrados (¿quiénes quedarían al margen?), significaría que de allí para abajo el resto estaría habilitado para cobrar haberes sin trabajar, vulnerándose reglas elementales de la Administración Pública.

No es menor el tema del candidato a gobernador, Sergio Urribarri. Su ausentismo de la supercartera a su cargo se lo intentó disimular con el acceso interino de un funcionario inferior, pero parece que el sentido común se agotó en el ministerio, porque no abandonó la titularidad de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

d)- Es cierto que la lucha electoral se plantea hoy descarnadamente y que nadie cede graciosamente espacios. Pero ¿no es acaso la mejor arma el ocupar una función donde los logros y éxitos -cuando los hay- cobran mayor difusión y se dimensionan más ampliamente?

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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