Luego de casi dos años de una investigación que reunió numerosas pruebas sobre el esquema de desvío de fondos públicos en el ámbito de la a Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor durante 2018 y 2023, los exfuncionarios imputados y sus cómplices confesarán los delitos de corrupción en un juicio abreviado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.
Se trata de la causa judicial por la sustracción de los créditos del programa Jóvenes Emprendedores, donde la Fiscalía afirma que existió un mecanismo por el cual se utilizaban personas en situaciones de vulnerabilidad como prestanombres o directamente el robo de identidades para solicitar y tramitar los créditos que rondaban en aquellos años los 500.000 pesos. Luego de retirar el dinero del banco, los operadores y funcionarios se quedaban con gran parte o la totalidad de los fondos.
El Tribunal de Cuentas lo advirtió y radicó la denuncia correspondiente. Se inició la investigación a cargo de Gonzalo Badano y se avanzó en la determinación del hecho, en las imputaciones y la solicitud de diversas medidas de investigación. Aunque faltan numerosas pruebas por producirse, lo que obtuvo hasta el momento la acusación pública, desde mensajes entre los implicados hallados en celulares, hasta numerosas declaraciones de las personas que dieron o les robaron sus identidades, resultó suficiente para que los imputados decidieran el camino más corto y con una sanción más leve.
Se trata del exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, el escribano público Pedro Fernando Gebhart, quien según la Fiscalía firmaba y autorizaba los expedientes falsificados, y era el destinatario de la mayor parte de los fondos públicos sustraídos; Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico, funcionarios de la Secretaría cuyos puestos “eran claves para que los expedientes de los emprendimientos falsos avanzaran internamente dentro de la secretaría sin complicaciones al contar con el aval de estas autoridades”; y Alejandro David Usatinsky, quien era el principal reclutador de personas a fin de obtener sus datos que eran utilizados para gestionar posteriormente un crédito por parte de las autoridades del programa.
La audiencia de juicio abreviado será el 8 de junio a las 10, ante el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer. Las penas acordadas entre las partes son de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y de pagar 100 millones de pesos.
Más allá de si esta instancia cierra la causa penal, la Fiscalía de Estado a cargo de Julio Rodríguez Signes, que es parte en la causa, seguirá adelante con el juicio civil para recuperar los fondos sustraídos que multiplican varias veces la suma que los acusados se comprometieron a pagar como parte de la sanción penal. Proseguirán con los reclamos que lleguen desde el Tribunal de Cuentas o de los informes del Ministerio Público Fiscal. Se buscará tramitar la reparación caso por caso.
Como ha informado ANÁLISIS, los abogados defensores habían presentado recursos planteando diversas nulidades y cuestionamientos a la investigación, que fueron rechazadas tanto en la instancia de apelación como de casación y estaban por tratarse en un recurso de impugnación extraordinaria que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia les había concedido. El dictamen de los fiscales, con la cita de algunas de las pruebas que incriminan a los acusados y una respuesta a cada punto del recurso, resultó arrollador.
En este marco, y para evitar tanto la dilación del proceso como el desgaste personal que significa una causa penal, así como para evitar una pena más severa en un eventual juicio oral, los acusados decidieron llegar al mencionado acuerdo de juicio abreviado. Lógicamente, desisten del recurso que aún debían resolver los vocales del STJ.
