Federico Malvasio

Un sinnúmero de causas que entran a los Juzgados de Instrucción no llegan a tramitarse. Investigaciones truncas propias de un sistema en crisis. La institucionalización de prácticas judiciales, que se llevan adelante de hecho pero no de derecho, atenúan las sospechas sobre la Policía. Un Código Procesal Penal que se va sin cumplirse en su totalidad. Profesionales y funcionarios judiciales dan cuenta del colapso del sistema de enjuiciamiento.

Las demandas de la sociedad no suelen estar siempre bien formuladas o, al menos, bien comprendidas por quienes tienen que dar respuestas. Cuando las consignas de la ciudadanía requieren de reformas radicales, antes que ponerse a trabajar en el tema, en el Estado se suele tener más en cuenta las posibles consecuencias que la iniciativa le traería a un gobierno que el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En la coyuntura se habla, en estos casos, de costos políticos y conveniencias por parte de las corporaciones. Estas dos variables han sido tenidas en cuenta para retardar y cajonear, sin debates públicos, proyectos y reformas de ley. En este caso hablaremos de los Juzgados de Instrucción, que por ser los primeros en recibir las causas tienen poco margen de esquivar cualquier crítica que refiera a la falta de justicia o lentitud judicial. Estas apreciaciones colectivas que se perciben en el común de la gente son comprendidas en Tribunales, pero cuando se les pregunta sobre el tema se desviven por aclarar varias cuestiones.

Números

Un relevamiento sin acudir a estadísticas da cuenta de que en los ocho Juzgados que hay en Paraná, entran no menos de 550 causas por turno. La mayoría de los que trabajan en sus despachos coinciden en ese número. Bien, cada turno es de 15 días, es decir que toda denuncia que se haga en la Policía será informada a través de un sumario al Juzgado en turno. Este año, si bien se abrieron dos nuevos Juzgados, el número de causas que se deben tramitar sigue estando lejos de las posibilidades de resolverlas en el lapso que se tiene hasta volver a entrar en turno. Los casos a resolver no suelen ser más de 150 o 200, ya que el resto de esos 550 son de “autores desconocidos” y van por otro carril. No obstante, todos los sumarios deben ser leídos y tramitados en tres meses y medio. Quienes están a cargo de esa tarea son el juez y el secretario del Juzgado. Por su parte, la Policía tiene 10 días para enviar el sumario al Juzgado y 10 días más de prórroga, tiempo que siempre se toma. Los casos que recaen comúnmente tienen que ver con los delitos contra la propiedad sin violencia hacia las personas, hurtos simples y robos sin armas, y los autores suelen ser desconocidos. Por lo tanto, desde el Juzgado se hace un oficio para que la fuerza policial siga con la investigación. Pasado un tiempo, y en caso de no recabar datos, a la causa se le hace una resolución de reserva hasta su prescripción. ¿Por qué en la mayoría de esos casos no se detecta a los autores? La pregunta es tan amplia como la respuesta.

En materia penal, se sabe, las primeras horas de investigación son las esenciales para esclarecer los móviles del delito. Las pesquisas corren por cuenta de la Policía y es ésta quien toma las primeras testimoniales y suministra datos a la Justicia. En caso de que la denuncia sea de gravedad, se comunican telefónicamente con el juez, de lo contrario, tienen el lapso mencionado para elevar el sumario. La titular del Juzgado de Instrucción Nº 8, Elisa Zilli, explicó que en cualquiera de los dos casos, “más allá de que uno imparta alguna instrucción, pueden llegar a pasar cinco o seis meses hasta que salga un dato”. La funcionaria reconoció que “pasado un tiempo, un poco más del 50 por ciento de las causas quedan en reserva” y aclaró: “Nosotros no estamos en la calle”. En el edificio de la Justicia entrerriana suelen manifestar su mal humor por la presión social que llevan en sus espaldas por la cantidad de causas sin resolver y por las que no pueden continuar. Hay que decirlo, sólo cuatro personas están sobre las 550 causas que se tramitan en el Juzgado. El juez, el secretario, un delegado judicial, que también va a los a los allanamientos, y un escribiente. Una cuenta rápida entre el número de causas que ingresan divididas por los días hábiles de los tres meses y medio (70) que cada despacho tiene para entrar en turno, da un resultado de siete casos a resolver por jornada laboral. Hay causas que tienen seis declaratorias en una mañana.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)