Jorge Riani

Hacer política partidaria con recursos del Estado, enriquecerse en la función pública, desviar fondos específicos a objetivos extraños de las reparticiones estatales, ser permeables a pedidos de los poderosos y no trabajar donde más se lo necesite. Todo eso conforma un cuadro que buena parte de la sociedad tiene bien observado. Y en muchos casos esas observaciones disparan conclusiones generalizadoras que, por tal, terminan siendo injustas: “son todos iguales”. No son todos iguales seguramente, aunque muchas veces terminemos viendo cómo la impunidad iguala al bueno con el malo, a valores y dublés.

Lo antedicho refiere a la nota que publicó ANÁLISIS en la edición anterior: el desvío de fondos públicos para usos ajenos, particulares. Es decir el uso de la plata de todos para unos pocos. Eso es lo que ocurre en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), según la denuncia de esta revista en la nota que titulamos “Caminos sinuosos”.
El punto es que eso ya no es noticia. El tema ya se expuso en la tapa de la edición anterior de esta revista y, en todo caso, aquí se aportan nuevos elementos. Pero hoy la noticia es la continuidad del delito señalado por un informe del Tribunal de Cuentas y otros que están siendo investigados por el organismo de contralor. Claro que la nota se completaba con fuentes propias que daban cuenta de pagos astronómicos para intereses particulares.

Los cuestionamientos apuntaron al personalismo del titular de la DPV, Jorge Abel Rodríguez, y el manejo discrecional de fondos, nombramientos, designaciones de personal tanto como políticas viales.

Se dijo en la informe de la edición anterior que la creación de un Departamento de Gestión Social permitió a Rodríguez echar mano a recursos que deberían estar destinados a la construcción y mejoramiento de caminos, calles y rutas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 30 de julio de 2015)