El fiscal Gonzalo Badano explicó claramente y con documentación en mano sobre las relaciones carnales de Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros. En una audiencia judicial que prácticamente ignoró el periodismo lugareño, pese a la gravedad de lo que allí iba a quedar al descubierto, Badano avaló lo anticipado por ANÁLISIS sobre los 11 millones de dólares “en negro” que manejó el exgobernador entre 2008 y 2015; los cientos de viajes al exterior que hizo toda la familia Urribarri y sus amigos -siempre en primera clase- y el vergonzoso nivel de gastos que tuvieron en ese lapso.
D.E.
Esta vez no hubo tantos abogados defensores. Alcanzaba con uno de ellos. Tampoco periodistas, salvo este medio y Entreriosahora. De hecho, era mejor que no tuviera demasiada difusión lo que iba a ocurrir puertas adentro, pero para todo público. Estaba claro que había una “orden” no firmada desde la cúpula misma del urribarrismo para que se enteren los menos posible sobre los movimientos de dinero sucio del exgobernador. Y se iba a cumplir a rajatablas, pese a que, por primera vez, después de la denuncia de esta revista, a fines de 2015 -que derivó en una causa penal firmada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet-, el principal fiscal de la causa por enriquecimiento ilícito contra Sergio Urribarri y su familia, iba a contar en un recinto sobre los manejos irregulares del actual diputado del PJ.
El fiscal Gonzalo Badano -el más joven del lote de los investigadores de causas de corrupción- escuchó primero, atentamente, los planteos del experimentado socio de Raúl Barrandeguy -principal defensor de Urribarri-, Ignacio Díaz. El citado letrado estaba allí en su condición de defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, uno de los principales testaferros del exmandatario. O por lo menos, uno de los testaferros y administradores de la fortuna poco conocida de Urribarri, en los últimos tiempos. El “Bubby” Díaz, en realidad, le apuntó a las computadoras secuestradas por el fiscal Badano cuando hicieron los allanamientos al empresario, el año pasado y exigió su inmediata restitución. “Son como las cajas negras de la causa; son los instrumentos del delito”, respondió Badano, en lo que fue una perfecta síntesis de toda la documentación encontrada allí, lo que ha venido cronicando ANÁLISIS en diferentes notas, tanto en la revista como en la web. “Porque lo encontrado allí no figura en ningún lado; ni en ATER, ni en la AFIP”, remarcó, haciendo alusión al dinero negro que manejaba Urribarri a través del empresario paraguayo.
El fiscal no hizo otra cosa que confirmar lo publicado por esta revista, hace un par de ediciones, que, más allá de la reacción de Urribarri, tratando de descalificar la información -como siempre viene haciendo con este medio-, casi nadie reprodujo periodísticamente, salvo honrosas excepciones. Pese a la gravedad de lo publicado: la existencia de un informe pericial de la justicia, que daba cuenta de un total de 11.400.000 dólares gastados por Urribarri y su familia entre 2008 y 2015, proveniente, evidentemente, de recursos públicos y nunca declarados por el exgobernador. Es decir: una documentación muy comprometedora, que llevó a los fiscales a pensar en no avanzar en más pruebas o tasaciones, en virtud de la contundencia de lo hallado, casi sin precedentes en la historia reciente en Entre Ríos, en causas por enriquecimiento ilícito. Porque no solamente se encontraron papeles, sino también cientos de miles correos electrónicos de Cardona y sus empleados, con allegados directos a Urribarri y con el propio presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.
(Más información en la edición gráfica 1106 de la revista ANALISIS del jueves 10 de octubre de 2019)
