“Creo en el trabajo con compromiso y no en la revancha”
La ex Procuradora Adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, reflexiona sobre el fallo de la Corte Suprema que anuló su destitución y reabrió el debate sobre la independencia judicial en la provincia. Con lenguaje técnico y convicción ética, sostiene que su caso “no es una victoria personal, sino una reparación institucional”. Habla del poder, de la corrupción y del miedo como herramienta disciplinadora, pero también de la esperanza en un cambio cívico más profundo. Su voz serena interpela a la Justicia, pero también a la sociedad, para no ser tolerantes con la corrupción ni con el corrupto.
Por Nahuel Maciel
Habla con la serenidad de quien atravesó el fuego y eligió no arder. Cecilia Goyeneche, ex Procuradora Adjunta de Entre Ríos (restituida por el momento administrativamente), analiza con precisión jurídica y lucidez ética las consecuencias institucionales de su destitución —declarada nula por la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y reflexiona sobre los silencios, las complicidades y las posibilidades de reconstruir un sistema de justicia que vuelva a ser digno de la palabra República. Cuando la Corte dice que su destitución fue nula, no solo la restituye en su derecho; sino que restituye la idea de que hay límites al poder.
Goyeneche no habla desde el resentimiento ni desde la revancha. Habla desde el derecho, ese territorio donde la razón y la ética se tocan. El fallo de la Corte no es, para ella, una victoria personal sino una reparación institucional.
Su análisis de lo ocurrido trasciende lo personal. Goyeneche entiende su experiencia como un espejo de las tensiones que atraviesan a los sistemas judiciales. Porque cuando la Justicia se convierte en herramienta de castigo para quienes hacen su trabajo, lo que se daña no es una carrera personal, sino la confianza ciudadana en la ley. En ese sentido, su caso revela hasta qué punto la lucha contra la corrupción se enfrenta no solo a los corruptos, sino también a los mecanismos invisibles de protección institucional que los amparan.
Por eso, hablar con Cecilia Goyeneche es adentrarse en una reflexión que trasciende los límites de su caso judicial. Su nombre quedó asociado a uno de los episodios más controversiales de la justicia provincialy mostró uno de los mecanismos de control del poder político. Sin embargo, ella no habla desde el agravio personal, sino desde la conciencia institucional. Su voz se detiene en los pliegues del sistema, en esas zonas donde el derecho se cruza con la política y la ética.
“Lo que ocurrió es que se me restituyó administrativamente al cargo, aunque en la condición que estaba en ese momento: reintegrada formalmente, pero sin funciones”. Así describe Goyenechela situación que atraviesa tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló su destitución. La sentencia, dictada el 6 de diciembre del año pasado, marcó un antes y un después en el mapa institucional de la provincia. “La Corte dijo que se habían violado las garantías por dos razones: porque los tribunales no eran imparciales y porque habían excluido al Ministerio Público Fiscal y nombrado a un fiscal ad hoc”, contextualiza.
El fallo de la Corte Suprema fue, en sus palabras, una validación moral: “La Corte es muy fuerte en señalar aquellas afectaciones más groseras a las garantías que ocurrieron, incluso con nombre y apellido. Todo este proceso fue un atropello absoluto a las más mínimas razones de justicia”. El término “atropello” aparece como una síntesis ética y jurídica de lo que vivió. “Inventaron a un fiscal”, dice, recordando una de las violaciones procesales que marcaron su caso.
El relato de Goyeneche se sostiene en una precisión jurídica que deja entrever un análisis más amplio sobre el poder y sus resistencias. “Creo que todo este proceso lo desencadenó la investigación de los contratos (truchos) de la Legislatura, donde se tocó un área vinculada a la recaudación de importantes fondos. Eso motivó la idea de detener esas investigaciones”.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1165, del día 30 de octubre de 2025)
