El próximo 10 de noviembre vence el plazo fijado por el Gobierno para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Comodoro Py, tras la prórroga “por única vez, excepcional e improrrogable” otorgada en agosto. A días de ese límite, la Procuración General volvió a manifestar su resistencia a implementar la reforma, luego de una sugestiva reunión con el Ministro de Justicia y con fiscales federales que llevan adelante causas que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
En este contexto, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) sostiene que cambiar la fecha para complacer a los fiscales que investigan al propio Gobierno sólo admitiría una lectura: “que el clásico mecanismo de Comodoro Py de usar la impunidad como moneda de negociación vuelve a ponerse en juego”.
Sin razones para un cambio de decisión
Según manifestó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “no existe ninguna razón técnica, institucional ni presupuestaria que justifique una nueva prórroga”. Los fundamentos esgrimidos por el propio Ministerio de Justicia en la Resolución 530/2025 siguen plenamente vigentes. Es necesario revisar sus considerandos para comprender que nada cambió en estos tres meses como para alterar el carácter “excepcional e improrrogable” de la postergación allí establecida:
- “El estancamiento de la reforma procesal iniciada en 2014 compromete gravemente los intereses del Estado Nacional y la eficiencia del sistema de justicia penal federal”.
- La coexistencia de sistemas procesales distintos “obstaculiza el funcionamiento del sistema y frustra la posibilidad de una persecución penal estratégica, coherente y eficiente”, afectando la seguridad jurídica y la capacidad para enfrentar los fenómenos criminales federales.
- “La transformación del sistema procesal penal federal (...) no puede verse condicionada por motivos edilicios o tecnológicos acumulados desde hace décadas”, dado que son limitaciones que afectan a cualquier modelo, incluso al actual sistema inquisitivo.
- Además, la propia ley prevé un margen temporal suficiente para adaptar la estructura de trabajo sin riesgo de colapso, ya que la reforma sólo rige para casos iniciados tras su entrada en vigencia.
Nada de esto se alteró desde agosto. Lo único que cambió es el avance de causas sensibles para el poder político.
El argumento de “falta de recursos” es insostenible
Los datos del informe de Inecip, “Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py”, desmienten categóricamente las quejas de la Procuración:
- Los fiscales federales de CABA tienen la menor carga de trabajo del país: hasta 64% menos casos que la media nacional.
- Si se computa además el rol de los auxiliares fiscales, la carga se reduce a apenas 36 casos por litigante al año.
- La propia ley prevé un aumento de recursos para las fiscalías, a través del traspaso de personal desde juzgados a fiscalías.
- La supuesta “alta complejidad” de los casos es marginal: la mayoría corresponde a expedientes menores que el sistema acusatorio permitirá cerrar en días, y solo en 1% de las condenas son por delitos complejos.
Además, el sistema acusatorio ofrece mejores herramientas que el sistema vigente para enfrentar la alegada limitación de recursos: audiencias orales que acortan tiempos, creación de unidades fiscales que aprovechan la economía de escala, mejor aprovechamiento de los recursos humanos calificados (como los secretarios), diversificación de respuestas para causas menores, filtro inicial y rápido para archivos o desestimaciones.
Lo que colapsó es el sistema actual
Es el sistema vigente -inquisitivo, escrito y lento- el que se encuentra en crisis real.
- 10 de las causas de corrupción y criminalidad económica más emblemáticas de la historia argentina llevan más de 6 años sin resolución. Algunas llevan décadas.
- Entre ellas, la causa YPF, con graves consecuencias patrimoniales para el Estado.
- Menos del 3% de los casos penales que ingresan al Ministerio Público Fiscal de la Nación reciben una respuesta de calidad.
Tras 11 años de prórrogas de un Código aprobado en 2014, sostener que “esta vez sí” será la oportunidad para ordenar lo que no se realizó en más de una década es, simplemente, inverosímil.
Además, la experiencia reciente en Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, General Roca, Mar del Plata y Bahía Blanca demuestra que el colapso anunciado nunca ocurrió. Lo que sí se repitió fue una mala práctica de la Procuración: aprobar el rediseño institucional exigido por ley recién el último día hábil previo a la entrada en vigencia del Código. Esto no solo entorpece deliberadamente la implementación e implica desaprovechar valioso tiempo de preparación. También demuestra que sólo la efectiva entrada en vigencia del Código pone a la Procuración en acción.
Lo que está en juego es más que una fecha
El 10 de noviembre no es solo una fecha administrativa. Es una prueba de credibilidad institucional. La reforma fue diseñada precisamente para revertir la impunidad estructural, la lentitud y la discrecionalidad que marcaron al sistema federal durante 30 años. Dilatarla nuevamente no aportará soluciones, no mejorará la capacidad institucional y sólo enviará un mensaje inequívoco a la sociedad y al mundo: que en Argentina la impunidad volvió a usarse como prenda de cambio.
