Leyes que ladran, perros que muerden
Entre Ríos cuenta, desde el año 2011, con una normativa que regula la tenencia, crianza y adiestramiento de perros potencialmente peligrosos. La Ley Nº 10.029, apunta a garantizar la seguridad pública y la convivencia responsable entre personas y estas mascotas, estableciendo obligaciones precisas para los dueños y sanciones por su incumplimiento. Pero la legislación es una mera declaración de aplicación casi nula. De acuerdo al relevamiento de ANÁLISIS, de los 136 municipios y comunas entrerrianos, tan sólo nueve cuentan con una adhesión formal que demanda, entre otros requisitos, contar con un registro local de estos animales.
Por Silvio Méndez
Cada tanto, con las fluctuaciones que imponen las noticias relacionadas a sucesos con perros mordedores aparece, en la agenda de los medios de comunicación, la problemática vinculada a las denominadas razas “peligrosas”. Tampoco es necesario que los hechos pasen a mayores; las quejas también surgen cuando se advierte en espacios y paseos públicos que muchos vecinos desaprensivos pasean con mascotas potencialmente amenazantes sin bozal y, en muchos casos, ni una correa segura. En estas oportunidades surgen las evocaciones sobre la existencia de la ley que regula a los canes llamados potencialmente peligrosos que establece condiciones para evitar situaciones de zozobra y quizás algún mal de consecuencias impensadas. Los interrogantes también recaen en las legislaturas locales que tampoco se han abocado a adherir y reglamentar la ley provincial.
La iniciativa aparece a todas luces de aplicación efectiva incierta, al tiempo que se ha registrado desde su vigencia dos propuestas para reemplazar o complementar este marco legal. Una sobre perros y gatos, de cuando el actual ministro de Gobierno Emanuel Troncoso era legislador (2020) y la de Protección Animal del ex ministro de Cultura Pedro Báez cuando fue diputado (2018). Esta última, con media sanción, todavía cuenta con estado parlamentario.
Guau
Desde mayo de 2011, la provincia cuenta con una ley que establece controles, requisitos y medidas de seguridad sobre lo que de define como “potencialmente peligrosos”. Para la Ley Nº 10.029 son aquellos perros que, por su tamaño, fuerza o temperamento, puedan causar lesiones graves a personas o animales. Para esto la normativa incluye en a la letra un listado de razas entre las que se encuentran Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Dóberman, Akita Inu, Fila Brasileño y Dogo de Burdeos, así como también alcanza a cualquier ejemplar que haya manifestado conductas agresivas, sin importar su linaje.
El texto legal exige que los propietarios obtengan una licencia administrativa y registren al animal ante el municipio o comuna donde residen. Para tramitarla deben ser mayores de edad, no tener antecedentes penales, contar con la cartilla sanitaria del animal y contratar un seguro de responsabilidad civil por posibles daños. También obliga al uso de correa y collar resistente, así como bozal adecuado en todos los espacios públicos o abiertos, entre otras exigencias.
Estas medidas buscan prevenir ataques o accidentes, pero nada de esto se cumple. Para la aplicación cada gobierno local debe adherir a la norma, confeccionar y gestionar su propio Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, donde se inscriben los animales y se deja constancia de su titularidad, adiestramiento o eventuales incidentes. En varios casos –como en Paraná o Gualeguaychú– la adhesión fue sancionada por ordenanza, aunque la puesta en práctica del listado con los datos de los animales y sus propietarios responsables, así como la fiscalización de este resultaron irregulares o parciales. En Paraná, según trascendió extraoficialmente a ANÁLISIS, se trabajó en 2016 la reglamentación con un equipo de profesionales, pero las tareas no avanzaron, ni vieron la luz. Tampoco su responsable respondió a la requisitoria periodística.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1165, del día 30 de octubre de 2025)
