El colectivo ciudadano y de organizaciones ambientales autoconvocado en Paraná, ingresó el año pasado un pedido de informes al Gobierno provincial por la instalación de las mega granjas porcinas chinas. La respuesta oficial fue de predisposición a recibir y estudiar este tipo de proyectos pero que en algunos aspectos solo se cuenta con información “mediática o periodística”.

La Multisectorial por los Humedales ratificó su advertencia sobre este tipo iniciativas se constituyen en “peligros latentes a la salud pública, a las condiciones ambientales y de bioseguridad” de la población.

En una carta dirigida al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, la Multisectorial por los Humedales Paraná ingresó el 9 de noviembre pasado una solicitud de audiencia para dialogar “respecto a la gestión de megafactorías porcinas chinas en proceso/suspenso de ejecución a nivel nacional sobre la cual, según declaraciones públicas de funcionarios locales, el poder político de esta provincia estaría interesado”. La respuesta del Gobierno provincia se efectivizó el 21 de enero de este año, “por escrito, sin audiencia ni diálogo, con muchas ambigüedades aduciendo que hay poca información del acuerdo porcino con China”, se fustigó desde el colectivo socio ambiental al dar a conocer las respuestas oficiales a su pedido.

En el documento elaborado en tal sentido por la Multisectorial que se envió al portal Era Verde, se incorporan datos y estadísticas aportados el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, donde señalan que el memorándum de entendimiento de Argentina con China, que habilitaría la instalación en el país de este tipo de unidades productivas, todavía está “en etapa de análisis”. De todos modos, el funcionario apunta que la idea es “brindar un marco diplomático de cooperación institucional”, y que los proyectos que se presenten deberán contemplar la legislación ambiental que corresponda.

Amavet plantea además en un escenario hipotético que “en cuanto a lo ambiental, debe decires según la información existente al momento, que las potenciales inversiones analizadas plantean modelos de economía circular, donde no hay construcción de piletas tratamientos de purines, se proyectan sistemas de biodigestores para generación de bioenergía y el residuo final se destinaría a la confección de biofertilizante peleteados”. En número, desde la dependencia oficial se proyectan “granjas de esta dimensión (granjas de 12 mil madres), (donde) se necesitaría una extensión de 100 hectáreas. Para alimentar cada granja se necesitaría 56.048 toneladas de maíz, 18.683 de soja y 9.341 de trigo”, lo cual no implicaría “la extensión de la frontera agrícola”, si por el contrario el agregado de valor. En cuanto al consumo del agua, según las estadísticas con las que se comparó, es menor a la que demanda el riego para la producción de arroz.

Amavet agrega que está prohibido el ingreso de cerdos provenientes de países asiáticos y que sólo está permitido el ingreso desde Brasil y de Canadá que cumplen los status sanitarios exigidos por la Argentina. Y cierra que en caso que se avanzara en los acuerdos “entre países y entre privados” la provincia “exigirá” que la instalación de este tipo de inversiones se realice “en lugares menos poblados (desde el punto de vista poblacional y sanitario), de manera tal que no traiga inconvenientes a la sociedad en general y se resguarde cuestiones que hacen a la bioseguridad animal”.

El secretario de Ambiente provincial, Martín Barbieri, también hace su aporte. Adhiere a los dichos de Amavet y plante que “la información respecto a los proyectos de granjas porcinas en el aspecto ambiental es escasa actualmente, no siendo ésta de carácter formal sino mediática o periodística”, y que “oportunamente ingresada la mencionada información, será evaluada en el marco de lo dispuesto” en las legislaciones provinciales y nacionales de impacto ambiental.

Interrogantes

“Nos quedan muchas dudas en cuanto se nos informa sobre la posibilidad de que se instalen  granjas porcinas en la provincia (lugar), cómo se va a desarrollar el estudio y evaluación de impactos ambientales y acumulativos, y la evaluación ambiental estratégica, conforme Constitución Provincial, y cómo en este delicado escenario van a garantizar el derecho humano a un ambiente sano y consagrar el deber de preservación por parte de la sociedad y como obligación del Estado”, se indicó desde la Multisectorial.

En este sentido dejaron en claro que se está “viviendo una pandemia mundial de Covid-19 desconociendo su origen zoonótico, y que China intenta externalizar la producción porcina intensiva y extractivista por la enfermedad denominada gripe porcina africana teniendo que sacrificar millones de cerdos que fueron enterrados por topadoras en fosas comunes. Es decir, quiere sacar de su país el riesgo sanitario y además abaratar el creciente consumo de carnes de su población”, publicó el portal Era Verde.

Es por esto que el colectivo socio ambiental apuntó que “al igual que científicos, periodistas, profesionales de la salud y centros de estudios, advertimos de los peligros latentes a la salud pública, a las condiciones ambientales y de bioseguridad de concretarse este acuerdo con el país asiático, incluso observado por la OMS. Como es de conocimiento público, Argentina necesita dólares para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegítima y usurera, y pretende exportar 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo con un plantel de 300.000 hembras distribuidas en el territorio nacional con una exigencia en particular de disponer agua dulce (recurso estratégico y escaso en todo el planeta) y zonas no inundables. Por este fin de lucro en el país se están generando resistencias populares/ambientales, de la cual somos parte, a lo que el poder hegemónico denomina ‘Zonas De Sacrificio’ como sucede con la megamineria, el fracking, la agricultura tóxica”

La Multisectorial por los Humedales de Paraná destacó que: “Nuestros gobiernos dicen combatir la pandemia, dicen que quieren un país ambientalmente sustentable, dicen ser un país soberano, dicen… pero en realidad estamos frente a un proyecto neocolonial extractivista de nuestros territorios; dispuesto a enfermarlo, saquearlo y venderlo como materia prima. Es evidente que la corporación política gobernante sigue con la misma lógica del “progreso, desarrollo y crecimiento” dependiente del mercado mundial y que como hace siglos seguimos sumidos a los imperialismos reinantes. A ese sector minoritario vinculado a los sectores exportadores y alejados de las necesidades populares no le interesa la defensa de la vida planetaria, ni mucho menos la soberanía alimentaria del pueblo argentino, pues nos jactamos de proveer alimentos para 400 millones de personas, mientras en nuestra propia tierra muere un niño por desnutrición cada 11 horas, a las claras nuestros empresarios y dirigentes políticos se alinean en el marco de este capitalismo depredador, al cual solo le importan los réditos económicos en menosprecio de la diversidad de la vida”.

Finalmente, los participantes del colectivo ambiental afirman que no van a renunciar “a los principios de territorios sanos, a la participación popular en las decisiones que nos afectan, la soberanía alimentaria y económica, al principio precautorio y al resguardo de la vida”.