La Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció que presentó una denuncia penal contra la Iglesia Católica por trata de personas, entre otros delitos, en un nuevo giro del caso de una niña violada que desistió de someterse a un aborto por recomendación eclesiástica.

"Ya se está presentando la denuncia penal en Santa Cruz [este] por delitos de incumplimiento, desobediencia a sentencia constitucional, trata de personas con fines de embarazo forzado, entre otros delitos", dijo en rueda de prensa la defensora Nadia Cruz.

Al mismo tiempo, se activaron otros recursos para ordenar a los servicios médicos que reanuden el procedimiento de interrupción legal del embarazo, que ya estaba en curso en un hospital cruceño cuando la Iglesia logró el desistimiento de la menor y su madre y las llevó a un centro de acogida, indicó Cruz.

La defensora añadió que la acusación apunta también a funcionarios de un servicio municipal de defensa de la niñez, médicos y otras personas que presuntamente intervinieron en el caso de la menor de 11 años, agredida sexualmente por el padre de su padrastro, según su propio testimonio.