El ex coordinador del Senado, Jorge De Breuil, amplió su indagatoria este miércoles, en el marco de la causa que investiga irregularidades en las contrataciones de la Legislatura provincial. ANÁLISIS supo que el empleado de la Cámara alta nacional (adonde llegó de la mano del senador gualeguaychuense Pedro Guastavino), asistió acompañado por sus abogados. Entregó documentación, contestó preguntas y pidió volver después de la feria para una nueva ampliación.

De Breuil llegó a las 9.45 a las oficinas del Ministerio Público Fiscal (MPF). Lo escoltaron sus defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli. Entregaron documentación contenida en dos carpetas amarillas. Además, facilitó un escrito ampliando la declaración de imputado, respondió las preguntas de los fiscales pero solicitó reserva por cuestiones de seguridad. También requirió volver al Ministerio Fiscal después de la feria, para concretar una nueva ampliación indagatoria.  

La primera vez que fue citado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry en el marco de la causa (para que preste indagatoria), De Breuil se abstuvo de declarar. Eso fue los primeros días de febrero de este año.

A través de este medio y del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se dio a conocer que el cordobés (víctima de la última dictadura militar y quien tiene un hermano desaparecido), tiene vínculos comerciales con Alfredo Bilbao y el ex jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado, Gustavo Hernán Pérez.

La imputación concreta sostiene que Bilbao se encargaba de “participar del neto de las ganancias ilícitas” (obtenidas en contrataciones irregulares) a Pérez y De Breuil. La hipótesis acusatoria indica además que ese dinero sustraído tuvo como finalidad diferentes inversiones inmobiliarias y agrícola-ganaderas.

En diciembre de 2005, De Breuil (ex preso político de la última dictadura, residente en Córdoba y allegado al entonces vicegobernador Guastavino) creó la empresa La Roca SRL, junto al ex funcionario del Senado y actual intendente de Seguí, Álvaro Cristian Treppo, para el desarrollo de negocios de turismo y combustible, entre otros aspectos. Los socios pasaron a ser los hermanos Gonzalo y Hugo Alcalá, provenientes de una conocida familia de Hernandarias cuyo padre, al fallecer, dejó una importante herencia.

En 2008, De Breuil y Guastavino crearon la empresa Baco Inversiones SA, como constructora, inmobiliaria e inversiones. Guastavino ya había asumido como senador nacional y De Breuil quedó en planta permanente del Senado entrerriano. Un año después, De Breuil sumó Sandebus Inversiones, dedicada al mismo rubro que la firma anterior. Según la justicia, en enero de 2008 comenzó a desarrollarse el sistema de contratos truchos, que arrancaron en un número de 100, aproximadamente. En 2012, a dicha firma se sumó el contador Gustavo Hernán Pérez y quedó como presidente.

También en 2012 se generó la sociedad Las Nazarenas SA. Los socios son De Breuil, el contador Pérez y Hugo Alcalá. La firma tiene un objeto agropecuario, pero también turístico.

Todo indica que Bilbao, Pérez y De Breuil desarrollaron varios negocios en forma conjunta que podrían estar vinculados a dineros provenientes de la Legislatura. Además de las empresas mencionadas, generaron un fideicomiso en calle Alsina al 800, donde realizaron varios departamentos. Disponen de un terreno importante sobre la ruta 12 -a escasos metros de un conocido y clásico restaurante cercano al Parque Industrial de Paraná- y hubo una fuerte inversión en Villa Libertador San Martín.

Se trata de departamentos propiedad de Alfredo Bilbao, en calle Amado Nervo al 650 de Libertador San Martín que, en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), también están, en paralelo, a nombre de De Breuil y el contador Pérez. El ex titular del Servicio Contable del Senado también posee un terreno importante en Puiggari, en calle Madre Teresa de Calcuta y tres inmuebles en Colón al 400, en Paraná.

Pérez, Bilbao y De Breuil

Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez y Jorge De Breuil son investigados como socios de las inversiones, cuyo capital original sería la sustracción de dinero de contrataciones irregulares, según la acusación.

Los propios fiscales han contado en las numerosas audiencias públicas que el dinero salía de las arcas públicas y pasaba por estudios contables, donde se tramitaban los contratos. El desvío habría sido de unos 2.000 millones de pesos que fueron a parar a las inversiones particulares.

Bienes embargados

La Justicia embargó bienes a los imputados. De hecho, en mayo hubo una audiencia en la que se expuso la administración de cabezas de ganado y equinos que están en un campo arrendado del distrito Mojones, a unos 50 kilómetros de Viale y unos 120 de Paraná.

La administración se realiza a partir de un convenio entre la defensa de Bilbao y la Fiscalía para ir liquidando los bienes. Es que tienen que tratar de conservar el valor y además pagar deudas con el arrendatario. Por eso se abrió una cuenta bancaria que administra la Justicia, a donde se fue pasando el capital como “activos de bajo riesgo”.