Imagen de archivo de Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Luis Walser.
El conflicto por la instalación de la planta de e-combustibles de la empresa HIF Uruguay en Paysandú volvió a escalar en la agenda política entrerriana, esta vez con fuertes cuestionamientos del diputado nacional Guillermo Michel hacia el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Luis Walser.
El legislador no solo puso en duda la estrategia adoptada por ambos dirigentes frente al tema, sino que los acusó directamente de no haber actuado con la responsabilidad que la situación amerita.
En declaraciones al programa de radio que conduce el periodista Gustavo Saldana por LT 26 de Colón, Michel fue categórico: calificó tanto a Frigerio como a Walser de “irresponsables” por no haber recurrido a la Justicia Federal ante un conflicto que combina dimensiones ambientales, sociales, diplomáticas y políticas. Según sostuvo, la falta de acción judicial contrasta con la disponibilidad de recursos legales con los que cuentan tanto el gobierno provincial como el municipio.
“El problema no es la falta de herramientas, sino la falta de decisión”, planteó el diputado, al tiempo que remarcó que ambas administraciones disponen de equipos de abogados lo suficientemente amplios como para haber impulsado medidas legales en tiempo y forma. En esa línea, cuestionó que -pese a esa estructura- no se haya promovido ninguna acción concreta en tribunales.
Michel contrapuso esa inacción con la iniciativa que él mismo promovió junto a la diputada nacional Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl. Los tres legisladores impulsaron una acción preventiva de daños ambientales que ya tuvo avances en la Justicia Federal, lo que -según Michel- demuestra que sí existía margen para actuar.
Como resultado de esa presentación, la Justicia Federal comenzó a requerir información clave sobre el proyecto de HIF Uruguay. Entre otras medidas, se solicitó al presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, que informe si el emprendimiento fue debidamente comunicado y si se presentó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental transfronterizo.
Además, la Justicia Federal ordenó al canciller argentino que, mediante exhortos, gestione información ante organismos uruguayos. Entre los datos solicitados figuran la fecha de presentación de la autorización ambiental previa, copias de los estudios de impacto ambiental, detalles sobre audiencias públicas y documentación vinculada a la estructura societaria de la empresa.
Para Michel, estas medidas evidencian que el camino judicial no solo era viable, sino también necesario. “Quedó demostrado que la Justicia tenía competencia para actuar”, subrayó, rechazando uno de los argumentos que -según él- se utilizaban para justificar la falta de intervención.
El diputado también apuntó contra lo que consideró una estrategia comunicacional vacía por parte de las autoridades locales y provinciales. En un tono crítico, sostuvo que tanto Frigerio como Walser priorizaron la exposición mediática por sobre la gestión efectiva del problema.
“Se dedicaron a hacer ‘videítos’, a sobreactuar enojo y a generar impacto en redes sociales, en lugar de trabajar seriamente en el tema”, criticó. Según su visión, esa actitud no solo resulta insuficiente, sino que además puede generar una falsa sensación de acción ante la ciudadanía.
Y reiteró su reproche por los videos en las redes al decir que ellos manifiestan “que ´estamos peleando por los intereses de los vecinos de Colón´. ¡Mentira! Son unos irresponsables el intendente Walser y Frigerio… ¡son dos irresponsables! No le ponen la responsabilidad que amerita este tema, no le ponen tiempo de trabajo y no le ponen inteligencia para accionar. De nuevo: nosotros no cortamos un puente, no hicimos nada ilegal. Acudimos a la Justicia. Es lo que tenían que hacer ellos”.
En ese contexto, Michel se preguntó por qué, si el municipio de Colón cuenta con un número significativo de profesionales del Derecho -que estimó en varios profesionales-, no se avanzó con una presentación judicial. La misma crítica extendió al gobierno provincial, al que atribuyó una estructura aún mucho mayor.
“Lo que había que hacer era trabajar, estudiar el tema y accionar dentro de la ley. Y no hacer espectáculo”, insistió, reforzando la idea de que el conflicto requiere un abordaje técnico y jurídico más que comunicacional limitado a redes sociales.
El legislador también dejó entrever una falta de diálogo institucional. Según relató, cuando él y su equipo solicitaron reuniones para abordar el tema, no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades locales ni provinciales. Este punto, sostuvo, refleja una ausencia de coordinación que debilita cualquier estrategia frente a un problema de carácter binacional.
Otro de los blancos de sus críticas fue la representación argentina en la CARU, a la que acusó de no brindar información en tiempo y forma. Para Michel, la falta de transparencia y de comunicación con los vecinos de Colón agrava la incertidumbre en torno al proyecto.
En su análisis, el diputado evitó encuadrar la discusión en términos partidarios, aunque sus declaraciones tuvieron un fuerte contenido político. “No se trata de grieta, se trata de hacer lo que corresponde”, aclaró, intentando situar el debate en el plano de la gestión.
Sin embargo, el tono de sus cuestionamientos dejó poco margen para la ambigüedad. “Gestionan para la tribuna, para los medios. No gestionan para la gente”, lanzó, en una de las frases más contundentes de su intervención.
El conflicto por la planta de e-combustibles en Paysandú genera preocupación en las localidades ribereñas de ambos países, especialmente por su potencial impacto ambiental. En ese marco, la discusión sobre cómo deben actuar las autoridades cobra especial relevancia.
Mientras el proceso judicial avanza y se aguardan respuestas de organismos tanto argentinos como uruguayos, el cruce de acusaciones expone diferencias profundas sobre la forma de encarar el problema.
Para Michel, la conclusión es clara: la falta de acción no se debió a limitaciones legales, sino a una decisión política. “Se podía hacer, y no lo hicieron”, repitió en varias oportunidades, sintetizando el eje central de su crítica.
El desarrollo del caso y las respuestas que surjan de los pedidos de informe serán claves para determinar los próximos pasos. Pero, mientras tanto, el debate político ya está instalado, con cuestionamientos que no solo apuntan a la gestión del conflicto actual, sino también a la forma en que se toman decisiones frente a problemáticas ambientales de alcance regional.
“Perdón que insista con lo mismo. Se podía hacer esto (de ir a la Justicia). Y nosotros no somos ninguna luminaria del Derecho. A cualquiera se le hubiese ocurrido hacer esto. A cualquier abogado. ¿Por qué no lo hicieron? Eso es lo que pregunto. ¡Porque no había voluntad! Porque cuando uno cree que se gestiona con ´videítos de redes´ o haciéndose los enojados … pasan estas cosas. ¡Frigerio es un irresponsable! Gestiona para la tribuna, gestiona para los medios. No gestiona para la gente”, cerró Michel.
