Luisa Toledo junto a su abogado, Miguel Cullen, en el inicio del juicio por el cual se la condenó a tres años de prisión efectiva.
Marcelo Albarenque, hermano de una de las víctimas de la monja Luisa Toledo en el convento de carmelitas de Nogoyá, dio sus sensaciones tras la condena de la ex priora a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad.
Tras la lectura del adelanto de sentencia, Albarenque dijo en declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), que “la sensación principal es de un sentido de realización de justicia y de reparación”. “La sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay es un acto que le otorga a las víctimas para que sobre eso reconstruyan un proyecto de vida luego de los años de sufrimiento que tuvieron intramuros y le está diciendo a quienes no creían y que las trataron impunemente como fantasiosas o mentirosas, que lo que dijeron fue verdad y que lo que vivieron fue un suplicio”.
“Fue categórico el tribunal la evaluar las condiciones edilicias, el subyugamiento de la libertas psíquica y física y verdaderamente es una sentencia extremadamente reparadora y es la base para que ambas víctimas puedan reconstruir su proyecto de vida a futuro”, reiteró el hombre, quien comentó que junto a su familia decidió no asistir personalmente al acto de lectura del adelanto de la sentencia y lo siguieron a través del servicio de streaming.
En tal sentido, valoró “la coherencia con la postura inicial” de su hermana quien “primero planteó su denuncia por vías eclesiásticas y formales, para que se sepa lo que sucedía ahí y que otras chicas no sufrieran lo que ella sufrió; y luego de tres años de esperar y que nada cambiara, hizo la entrevista periodística y el hecho se comunica a la prensa para que la opinión pública sepa lo que ocurría ahí adentro y no hubiera más víctimas, y a partir de la publicación de ANALISIS hay intervención de la Fiscalía de Nogoyá y allí quedamos enteramente a disposición de la investigación y llegamos al juicio oral y público por esto”.
Acotó que la denuncia pública, periodística y judicial de ambas víctimas “también tenía esa motivación de que no sigan ingresando personas a este lugar creyendo que era un lugar de recogimiento y de trato afectuoso para después sufrir lo mismo que sufrieron ellas”.
Insistió “en el profundo valor reparador que tiene la sentencia condenatoria” y analizó: “El único daño irreparable es la muerte injusta y en este caso no hubo una muerte por pura casualidad, porque hubo escapes que pusieron en riesgo la seguridad física de la persona y hubo situaciones de salud e intentos de autoexterminio intra y extra muros que pusieron en riesgo la integridad física de otra denunciante”.
“Afortunadamente no tenemos una persona muerta en ese caso, y por eso digo que la sentencia es un cierre profundamente equilibrado, tiene un valor casi estético; es una sentencia digna de ser escuchada, como categóricamente el Tribunal fue derribando uno por uno los postulados de la defensa – bastante endebles, por cierto- y cómo reconoció que lo que dijeron los testigos y las víctimas denunciantes guarda una grado de coherencia incólume que se sostuvo durante el proceso”, aseveró.
En este contexto, recalcó que “queda claro con esta sentencia, y al que no le guste tendrá que entenderlo, que no hay en la provincia de Entre Ríos ningún poderoso que pueda dictar su propia ley y hacer lo que quiera con otra persona o disponer de la libertad de otra persona, bajo un fundamento religioso, más allá de que sea una institución poderosa, milenaria, con acceso económico, con roce político e influencia sobre las conciencias de las personas”.
“Esta sentencia de la Justicia de Entre Ríos equilibra las cargas y es una sentencia intensamente reparadora del daño sufrido injustamente”, concluyó.
