Adán Bahl
Dólar, tasas de interés, coimas, peleas en el gobierno: estos títulos sacudieron los medios esta semana. Y es cierto que importan, porque marcan el rumbo económico y político. Pero lo más grave es cómo todo eso golpea en la vida cotidiana. Cada movimiento de la macro se siente en la mesa de los hogares, en el bolsillo de los jubilados, en la vida de quienes menos tienen. Detrás de cada noticia hay realidades que casi nadie muestra: jóvenes que no pueden estudiar, mujeres que cargan solas con hijos, padres mayores o familiares con discapacidad.
En Entre Ríos lo sabemos bien. Sostener una casa, trabajar y cuidar a la familia se volvió demasiado difícil. La gran devaluación de diciembre de 2023 derrumbó los ingresos en casi un 20% en pocos meses, y nunca se recuperaron. Aún cuando la inflación bajó, hubo que recortar gastos, trabajar más y sigue sin alcanzar la plata. El Gobierno eligió el camino de la motosierra: ajuste y destrucción. Y aunque algunos intenten justificarlo, el costo se paga también en hospitales sin insumos, universidades que no pueden retener a sus docentes, rutas abandonadas.
Hay miles de víctimas invisibles de este ajuste: la mujer que perdió su empleo y ahora vende comidas caseras para llegar a fin de mes; el trabajador al que le cerraron la fábrica y ahora se rebusca haciendo arreglos en el barrio; la joven que dejó de estudiar para cuidar a sus hermanos; el jubilado que toma sus medicamentos día de por medio; la madre que pasa la noche entera en la guardia esperando que atiendan a su hijo; los chicos que dejaron de tomar leche y comer carne. Todas esas realidades existen aunque no aparezcan en los titulares. Es nuestra responsabilidad visibilizarlas y darles respuestas, frente a un gobierno que lleva la crueldad como lema y guía de acción.
Ayer vimos un hecho histórico: el Congreso defendió los derechos de las personas con discapacidad frente al veto presidencial. Durante meses, estas familias lucharon sin descanso: soportaron estigmas, cortes de pensión de un día para otro, viajes con sus sillas de ruedas para acreditar que necesitaban atención médica o un terapeuta. No se resignaron, salieron a la calle, contaron sus historias, exigieron justicia. Esa tarde quedó claro que cada voto en el Congreso cuenta y que la política, cuando se conecta con la gente, puede marcar la diferencia.
El Gobierno vetó también la recomposición de ingresos para jubilados y la moratoria previsional aprobada por el Congreso. Ese veto pesa sobre todo en las mujeres: nueve de cada diez no alcanzarán a cumplir con los aportes necesarios. Solo en Entre Ríos, más de 30.000 mujeres próximas a los 60 años quedarán sin jubilación. Tendrán que esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM, que además es mucho menor que la jubilación mínima. Para los varones la situación no es mucho mejor: siete de cada diez tampoco podrán jubilarse. Se habla de defender el superávit fiscal mientras se condena a miles de entrerrianos y entrerrianas a una vejez en la pobreza.
Por eso es tan importante la lección que nos deja la lucha por la Ley de Emergencia en discapacidad. Esa lección se tiene que extender a todos los ámbitos: la universidad pública, motor de desarrollo y movilidad social; los jóvenes, que hoy enfrentan desempleo creciente, trabajos precarios que no alcanzan para pagar un alquiler, alimentar a sus familias ni soñar con un futuro, y changas que exigen jornadas eternas pero dejan la mesa vacía. No son estadísticas: son vidas golpeadas, días de esfuerzo que no alcanzan, sueños postergados, familias que se sostienen al límite. Lo que hoy defendemos no es solo presente: es la posibilidad de un futuro donde vivir dignamente deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.
El Gobierno repite que “el mercado lo resuelve todo”. Pero lo que el Estado abandona no desaparece: recae sobre las familias, y sobre todo sobre las mujeres más pobres y los niños. Por eso cuidar no es solo una tarea privada: es una responsabilidad colectiva. Aprendí en la gestión que los problemas reales no se resuelven con slogans ni con atajos, sino escuchando, entendiendo y construyendo políticas en serio. Hoy la obligación más urgente es reconocer la magnitud del daño que está generando este ajuste y empezar a reconstruir, colectivamente, lo que se está destruyendo.
Cuidar a Entre Ríos significa defender a quienes están en la primera línea del impacto. Significa también recuperar la justicia social como uno de los valores centrales del peronismo: garantizar que cada entrerriano y entrerriana pueda vivir con dignidad, acceder a la salud, a la educación, a un ingreso que alcance y a un futuro posible.
Porque en estas elecciones no se trata solo de rechazar la motosierra. Se trata de elegir entre la destrucción y la construcción, entre la indiferencia y la empatía, entre la exclusión y el cuidado. Ahí es donde la política vuelve a tener sentido.
(*) Contador, ex vicegobernador y ex intendente de Paraná, candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos
