De ANÁLISIS

Desde las 10 de este lunes está prevista la reanudación de la audiencia que juzga a la banda liderada por Daniel “Tavi” Celis, las actividades de narcotráfico en Paraná y la zona y los vínculos con la política local.

Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros escucharán a los policías federales Carlos Alberto Frías, Joaquín Truffe, Guillermo García y Ariel Tridente. Los cuatro intervinieron en las dos causas que se juzgan en el mismo debate.

Las partes han puesto expectativa en el testimonio de Frías, debido a su rol en la investigación. Es que Frías se ocupó de escuchar y desgrabar las conversaciones o chats en los teléfonos. En esa línea hay que mencionar que varios de los cuestionamientos defensivos apuntan justamente a las intervenciones telefónicas y a la interpretación de los mensajes.

Cabe señalar que las declaraciones testimoniales comenzaron el lunes pasado. Hasta ahora depusieron cuatro policías y este lunes se suma otro tanto. Aunque hay más de un centenar de testigos previstos para el juicio oral.

El inicio de la investigación y las comunicaciones telefónicas entre implicados, ha sido eje de las declaraciones brindadas al TOF. Los policías apuntaron a actividades propias de la banda dedicada al comercio de marihuana y cocaína, y ya dejaron al descubierto algunos vasos comunicantes del grupo narco con empleados o funcionarios municipales. Precisamente se ha mencionado en distintas oportunidades el rol que jugó la funcionaria y agente policial Griselda Bordeira; así como las actividades del concejal Pablo Hernández o el desempeño del empleado Cristina Silva.

La hipótesis acusatoria refiere a un acuerdo que hizo el intendente Sergio Varisco con el propio Daniel Celis, a partir del cual se otorgaba una suma determinada mensual de dinero a integrantes de la banda de Celis (Silva es investigado porque habría sido una especie de administrador o cajero) para el financiamiento del narcotráfico. Específicamente ese acuerdo habría consistido en la asignación de contratos municipales para gente que no cumplía funciones laborales, y de ese modo extraer dinero del Estado.

Además, en el debate se expone la utilización de recursos materiales y humanos de la Municipalidad de Paraná al servicio del comercio ilegal. Concretamente, en las escuchas queda al descubierto el interés de Celis sobre camiones recolectores de basura sin GPS para el supuesto traslado de droga.   

Ausencias permitidas  

El intendente Sergio Varisco está eximido de asistir a las audiencias que se realizan en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Fue los primeros tres días de debate, cuando se leyeron las requisitorias de elevación a juicio en las dos causas y se tomaron los datos personales de los 33 imputados.

Una habilitación del estilo tiene la imputada Esther Márquez, porque es una mujer mayor de edad.