Claudio Alejandro Fidel Shalom y Julio Schmukler, director titular y director suplente de la ya desaparecida tarjeta de crédito “Carta Local”, reconocieron haber estafado a sus clientes tras decretar la quiebra de tal firma comercial, que sucedió en 2012.

¿Cuál había sido la maniobra de vacimiento de la empresa de modo de provocar insolvencia? En los considerandos de su fallo judicial, el juez Edwin Ives Bastian explicó que “los imputados Shalom y Schmukler, en su calidad de Directores Titular y Suplente respectivamente de Concordia Card S.A. desapoderaron ilegítimamente a la misma de los pagarés en blanco que los usuarios de las tarjetas de crédito firmaban como garantía, los que fueron entregados a SEPYM S.R.L. y ejecutados por ésta última”.

Formalmente, el magistrado los había declarado “coautores material y penalmente responsables del delito de administración fraudulenta”. Y le impuso, además de la prisión de cumplimiento condicional por 1 año, dos reglas de conducta:

1º) Fijar residencia y comunicar cualquier cambio de la misma a la Oficina Judicial.

2º) Dar término al proceso concursal “CONCORDIA CARD, QUIEBRA” Expte. Nº CQ-015- por cualquiera de los medios previstos en la Ley Concursal en el término de dos (2) años. El esfuerzo para concluir el mismo será de manera compartida en partes iguales independientemente de la solidaridad externa.

¿Qué pasó desde entonces? No cumplieron una de las reglas impuestas. “Hay gente en la calle esperando que les paguen”, deslizó a El Entre Ríos una fuente tribunalicia consultada al respecto. Dicho de otro modo, Shalom y Schmukler no terminaron el proceso que habían empezado hace 8 años, no pagaron la quiebra. Es decir, siguen teniendo acreencias.

Es por esa razón que, este 7 de febrero último, desde el Ministerio Público Fiscal se requirió la detención de ambos, la consecuente revocación de la condicionalidad de la pena a ambos condenados y su conversión en efectivo cumplimiento en la Unidad Penal local.

¿Pueden ir detenidos? Sí pero también es válido decir que la suerte de los empresarios se resolverá en la audiencia prevista para este viernes. La misma fuente consultada dejó entrever que, al menos uno de ellos, habría pagado y que al otro se le concedería un plazo de 6 meses más para cancelar sus obligaciones, publicó El Entre Ríos.

La medida, de concretarse, asomaría como razonable tras conocerse que la jueza de quiebra, inicialmente y tras el pedido hecho desde la Coordinación de fiscales de Concordia para revocar la condicionalidad de la pena, había planteado la posibilidad de que se les concediese 6 años para pagar (por lo que, en tal caso, terminarían de pagar 14 años después de la quiebra).