De ANÁLISIS

La OGA prepara las condiciones para llevar a cabo el juicio por la causa conocida como “Sueño entrerriano”. Se trata de tres legajos acumulados en los cuales está imputado el ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros. El debate viene de una postergación y hace meses está agendado entre agosto y septiembre de este año.

A principios de julio, en el marco de la pandemia por el Covid-19, el Ministerio Público Fiscal (MPF) elevó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Superior Tribunal de Justicia (STJ), una nota con una serie de pedidos puntuales para poder concretar el debate. Con fecha de este 27 de julio, la OGA corrió vista a los defensores técnicos de juicio para que respondan determinadas cuestiones como, por ejemplo, si el ex gobernador Urribarri; Sergio Daniel Caruso y Hugo José María Marsó (co-imputados) conocer si estarán “presentes en el juicio oral de manera presencial, o si de lo contrario lo harán de manera remota”.

“De igual manera, córrase traslado a los Defensores Técnicos de los imputados Pedro Ángel Báez, Gustavo Javier Tórtul, Hugo Felix Céspedes, Juan Pablo Aguilera y Corina Elizabeth Cargnel, a fin de que también se expidan en igual sentido”, dispusieron.

En el salón de actos

Desde la OGA también quieren usar el Salón de Actos del STJ para desarrollar el debate. “Previo requerir autorización al STJ para la utilización del Salón de Actos a los fines de la realización del contradictorio, teniendo en cuenta la cantidad de personas convocadas, requiérase del Área de Salud Ocupacional, se informe a esta Dirección -con carácter de urgente- el número máximo que pueden estar presentes en dicho recinto, en el lapso de una jornada de audiencia, teniendo en cuenta que el juicio contará con 19 jornadas de audiencias, que el Tribunal se encuentra integrado por tres (3) vocales, que también estará presente una (1) asistente, tres (3) representantes del Ministerio Público Fiscal, y que en caso de que tanto abogados defensores como imputados asistan presencialmente, el número es de catorce (14) personas, más los testigos que se convocarán diariamente, y personal de Informática. Asimismo, se deberá indicar en dicho informe cuáles son las medidas de higiene y control sanitario que se deberán llevar a cabo en  dichas jornadas, teniéndose particularmente en cuenta el crecimiento de los casos de coronavirus en Entre Ríos, y particularmente en la ciudad de Paraná, circunstancia que nos obligará a tomar mayores recaudos a los fines de evitar el contagio por conglomerado”, detallaron.

Virtualidad

Por último, pidieron al “Jefe del Área de Informática del Superior Tribunal de Justicia, informe con carácter de urgente, las posibilidades técnicas e informáticas con las que se cuenta en ese Área a su cargo, para poder llevar a cabo en el Salón de Actos del STJER, el debate oral aquí fijado. En particular deberá expedirse respecto de:

a) La manera en que se procederá a la videograbación del juicio, el cual consta de 19 de jornadas de audiencias -18, 19, 20, 25, 26, 27 de Agosto de 2020 y 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 de Septiembre de 2020 a las 9, considerándose particularmente que dicho salón no cuenta con sistema de videograbación inveniet;

b) La forma en que se puede instrumentar un sistema de videoconferencia a los fines de que los imputados o defensores que se encuentren dentro del grupo de riesgo para Covid-19 o residiendo en otras ciudades dentro o fuera de la provincia, y/o residiendo en otro país, tal como Israel, puedan estar presentes de manera remota;

c) Para que indique, en caso de poderse implementar un sistema de videoconferencias en el mencionado salón, cuantas personas puedan estar conectados en simultáneo en la sala virtual;

d) Si existe la posibilidad de contar con otro canal privado de videoconferencia para que los defensores que se encuentren en el contradictorio de manera presencial, puedan conferenciar privadamente con los defendidos que lo estén de manera remota; e) para que indique, en caso de que se pueda instalar un sistema de videograbación en el recinto mencionado, cual es el tiempo de videograbación que se permite, y si se deben realizar interrupciones, en su caso, cuantas por jornada, para asegurar el resguardo digital de la audiencia”.

Pedido fiscal

Sueño entrerriano

La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes:

- La investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos;

- La contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y

- La contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos.

La Fiscalía representada por Gonzalo Badano sostiene que los fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de 2015 del ex gobernador Sergio Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso; y la contadora Corina Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Caruso, 4 años de prisión.

Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.