Sueño entrerriano: jueces definen si arranca o no el juicio a Urribarri

Sergio Urribarri

Defensores aseguran que el ex gobernador no puede asistir al debate, en caso que se realice.

Tres jueces deberán definir si el 18 de agosto inicia o no el juicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, acusado de delitos contra la Administración Pública en la mega causa denominada mediáticamente como “el sueño entrerriano”, en la que se investigaron contrataciones durante su gestión para, presuntamente, promover su imagen durante la campaña presidencial de 2015. Entonces, su slogan de campaña fue “el sueño entrerriano”.

Los abogados defensores de Urribarri y de los demás acusados presentaron la semana pasada una nota en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) solicitando la suspensión del juicio y rechazando la propuesta de la Fiscalía, que pretende que se realice, ajustándose a las medidas de bioseguridad por la pandemia. La propuesta incluye que algunos imputados o testigos puedan seguir el juicio por videoconferencia; y que el debate se realice en el amplio salón del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Entre Ríos Ahora accedió a la resolución de la OGA que remitió al Tribunal de Juicio ambas peticiones. De modo que serán los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel los encargados de resolver el asunto.

Pero no sólo deben definir si suspenden o no el juicio. También, deberán analizar la propuesta que realizaron los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen -defensores de los imputados Corina Cargnel, Hugo Céspedes y Gustavo Tórtul- de que el juicio de la “Causa de la vaca”, ya suspendido en tres oportunidades, se realice junto al del “Sueño”.

Se trata del Legajo Nº 4385, en la que se investigaron contrataciones de publicidad a una empresa que la Fiscalía vincula al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. El juicio de esa causa estaba previsto para abril y mayo, pero fue suspendida por la pandemia. Los letrados consideraron que “atento la conexidad subjetiva y objetiva entre ambas causas, se disponga la suspensión del debate programado para los meses de agosto y septiembre del corriente año, acumulándose ambos procesos y respetando la realización para cuando las condiciones sanitarias y de agenda del Tribunal lo permitan, sin poner en riesgo la salud de la población y salvaguardando los derechos constitucionales mencionados”.

Por ahora, las audiencias del juicio del “Sueño Entrerriano” se realizarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.

En el juicio participarán los fiscales Cecilia Goyeneche, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y los defensores José Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy, que representan al exgobernador Urribarri; Ignacio Díaz, representante de Pedro Báez; Marcos Rodríguez Allende, que ejerce la defensa de Aguilera; Guillermo Vartoreli, en representación de Hugo Céspedes, Gustavo Tórtul y Corina Cargnel; y Emilio Fouces, que defiende a Hugo Marsó y Gerardo Caruso.

La semana pasada, consultado al respecto, el abogado Emilio Fouces consideró “disparatada” la propuesta del juicio que realizó la Fiscalía y planteó que “hay tres de los imputados que no pueden venir porque viven afuera; y de los 150 testigos hay como 50 que son de Buenos Aires. Tienen que llegar a Paraná y hacer 15 días de cuarentena; después ir al juicio, declarar y volver a Buenos Aires y volver hacer la cuarentena”.

Además, sostuvo que “el planteo de Fiscalía es contrario a la Acordada del STJ sobre cómo manejar el tema de los procesos penales en cuarentena. Expresamente el Superior Tribunal dice que no se va realizar ninguna audiencia salvo que sea un delito de género o que el imputado esté privado de su libertad con prisión preventiva. Este caso no encuadra en ninguna de esas dos excepciones. Yo creo que se va a suspender porque es contrario a la reglamentación del Superior”.

Al respecto del juicio también se pronunció en contra el abogado Marcos Rodríguez Allende -defensor técnico de Juan Pablo Aguilera-, que si bien señaló que ambos asistirán al debate, recordó que se encuentra vigente el acuerdo de normas prácticas del fuero penal del 29 de mayo, donde en su artículo 9 dispone que “se llevarán a cabo los juicios orales otorgándose la prioridad en la agenda de OGA a aquellos cuyos hechos de juzgamiento verse sobre hechos graves priorizando entre otros los delitos cometidos contra la integridad sexual y/o en el marco de violencia de género. Asimismo se priorizará a los fines de la fijación aquellos legajos remitidos a juicio, en los que haya imputados privados de la libertad”.

Los abogados Raul Ennrique Barrandeguy y José Candelario Perez -defensores de Sergio Daniel Urribarri- manifestaron que su defendido no podrá viajar para asistir personalmente a las audiencias del juicio “por no existir en este momento entre Argentina e Israel, medios de transporte operativos, ni comerciales ni oficiales, ratificando que la voluntad de su defendido, es la de asistir personalmente al juicio”. Asimismo, fundamentaron que de realizarse se afectaría el derecho de defensa.

Qué dijo la OGA

Ante estos planteos, el organismo encargado de fijar las audiencias y organizar la agenda de los jueces en Tribunales, se deslindó de tomar una decisión al respecto ya que consideró que estaban en juego planteos fuera de su órbita de análisis. Por ello, dejaron en manos del Tribunal la última palabra.

“En lo que principalmente puntualizan los señores defensores técnicos de los imputados al contestar los traslados es que la realización del debate en estas condiciones, implicaría una clara afectación de la garantía de defensa en juicio y el debido proceso legal, planteos que exceden la cuestión administrativa de esta Dirección, toda vez que la realización de este tipo de juicios, particularmente el presente -el cual ha sido declarado por el Tribunal como de trámite complejo- requiere evaluar la posibilidad de que el mismo pueda tener lugar de manera telemática, ya que ello determina un escenario diferente y obliga a considerar aspectos y situaciones que han de tener un componente común: garantizar del derecho de defensa, por lo que la cuestión aquí planteada debe ser resuelta por medio de una decisión jurisdiccional, junto al pedido efectuado por los Dres. Cullen y Vartorelli, de que se acumule al presente, el legajo de OGA Nº 4385 (NdelaR: causa de la vaca)”, argumentaron desde el organismo.

La causa del Sueño

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Además de Urribarri y Báez, también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

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