Con el dinero que el Poder Judicial no pagará el año próximo por estar exento del impuesto a las Ganancias el Estado podría pagar una nueva ronda de salario complementario del programa ATP para asistir a las empresas a abonar sueldos, o podría financiar el alcance de una cuota más del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para cuatro millones de personas.

De acuerdo a datos del Presupuesto 2021, la exención de Ganancias para los miembros del Poder Judicial supondrá para el fisco un costo tributario -es decir, lo que deja de recaudar- de $41.285 millones. Será una suma 44% mayor a la que dejaron de pagar los jueces este año, que alcanzó los $28.630 millones.

Los empleados del Poder Judicial comenzaron a ser objeto de Ganancias con una ley sancionada en 2016, pero que solo impactó en aquellos ingresos de personal a partir de 2017, por lo que la gran mayoría de los magistrados y trabajadores judiciales se mantienen fuera de ese descuento sobre sus salarios.

Como comparación, la excepción de Ganancias sobre los funcionarios judiciales permitiría al Estado cubrir una cuota de IFE de $10.000 a cuatro millones de personas. Una ronda completa de esa asistencia a los hogares le cuesta al Tesoro casi $90.000 millones ya que alcanza a nueve millones de personas entre desocupados, trabajadores informales, titulares de AUH y empleadas de casas particulares.

En el mismo sentido, el quinto mes de asistencia salarial del Estado a distintas empresas -principalmente pymes- a través del programa ATP le requirió al erario público $26.820 millones. De esta manera, si jueces y funcionarios del Poder Judicial pagaran Ganancias se podría afrontar una ronda y media más de salario complementario.

Más allá de cálculos comparativos -en rigor, se espera que en 2021 tanto el IFE como el ATP no sean continuados- los $41.285 millones que el fisco no recaudará por la exención de Ganancias a los jueces supera el presupuesto total que tendrán el año que viene la Jefatura de Gabinete de Ministros ($21.417 millones), el Ministerio Público ($36.000 millones), la Cancillería ($36.300 millones), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ($32.000 millones), el Ministerio de Agricultura ($35.800 millones), Ministerio de Turismo ($9900 millones), Ministerio de Cultura ($9100 millones), Ministerio de Ambiente ($9600 millones) y el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros ($6200 millones).

En relación a otras áreas del gasto público que el Gobierno considera decisivos para la actividad económica el año próximo, los impuestos que no pagará el Poder Judicial equivale casi al 45% de los fondos destinados a inversión real directa del Ministerio de Obras Públicas, que son de $95.000 millones. Y representa dentro de esa suma, casi la mitad del dinero presupuestado para inversión de Vialidad Nacional.

Por otra parte, los $41.285 millones que no podrá percibir de Ganancias el Estado corresponde a casi el 45% de los fondos para ciencia y técnica ($95.270 millones), un 30% del gasto previsto para obras de agua y alcantarillado ($131.000 millones), el 27% del dinero que se destinará a vivienda y urbanismo ($151.000 millones) y casi el 11% del presupuesto de salud.

Los gastos tributarios de 2021 alcanzan casi el billón de pesos (2,64% del PBI). “De ellos, $735.662 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $260.137 millones a beneficios otorgados en los diversos regímenes de promoción económica”, explicó el Gobierno en el mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto.

Las excepciones y alícuotas reducidas de IVA explican la mitad de ese monto ($497.000 millones). De ese total, $120.000 millones corresponden a las tasas de IVA menores en productos como carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Respecto a Ganancias, el Estado dejará de percibir $85.000 millones en 2021 por exenciones. La principal es la del Poder Judicial, seguido por las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones y en menor medida por la deducción especial para trabajadores que se desempeñan en la Patagonia.

En términos generales, el proyecto de ley de gastos e ingresos que el Ministerio de Economía envió al Congreso este martes prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI, un gasto del capital del 2,2% del Producto, un crecimiento de la economía del 5,5%, una inflación de 29% y dólar oficial a $102.

Martín Guzmán aseguró que el Presupuesto implicará un aumento considerable del gasto de capital previsto (tal como se conoce a los fondos destinados a obras públicas), que pasará en 2021 de representar el 1,3% del PBI al 2,2%. Con una economía que se desplomará en torno del 12% este año por la pandemia, el Gobierno apostará a la obra pública para tratar de encender una recuperación de la actividad.