El ex senador provincial y ex convencional constituyente, Juan Arralde, analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aceptar el per saltum para tratar la remoción de jueces federales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Arralde explicó que “la Corte Suprema admitió formalmente el recurso de per saltum, o salto de instancia, a un tema que venía teniendo una gravedad institucional de incuestionable realidad; que no solamente se trata de una cuestión jurídica sino también una cuestión netamente institucional, que tiene que ver con el manejo y la manipulación de las instituciones que tuvo su origen en el Senado de la Nación”.

“Ante el planteo concreto de estos tres jueces para que la Corte se aboque a resolver este tema –que no es otra cosa que la privación de los cargos judiciales que detentan estos tres jueces y su vuelta a los lugares de origen que ya están ocupados por otros jueces subrogantes-, la Corte por unanimidad resolvió tomar para sí el expediente y ordenarle a las instancias inferiores que envíen ese expediente para resolver la cuestión de fondo que se discute”, señaló.

Agregó que esa cuestión de fondo “es si el procedimiento utilizado por el Senado, que es el requerirle un segundo acuerdo del Senado, dado que ya habían tenido el acuerdo original para ser jueces, es válido o no”.

Ante ello, recordó que “estos jueces ya habían tenido un traslado en 2018 desde sus lugares de origen a otras cámaras federales, traslados que están permitidos siempre que se dirijan a otra jerarquía pero dentro del mismo fuero y de la misma materia” y planteó que “en 2018 se solicitó a la Corte una opinión respecto de si esos traslados eran legales”.

“No solo que el Consejo de la Magistratura permitió esos traslados sino que mereció una aprobación expresa de la Corte, donde avaló el procedimiento de traslado de los jueces. Es decir que el Senado actual impugnó esos traslados y pretendió obtener un nuevo acuerdo para esos jueces, que como no lo obtuvo en el Senado el presidente por decreto dispuso que esos tres jueces vuelvan a sus lugares de origen. Contra esta decisión, estos jueces le solicitaron a la Corte que se aboque de manera urgente a resolver este planteo, porque si sienta un precedente puede ser el comienzo de una traslado masivo de jueces que molestan a ciertos segmentos del poder”, analizó el ex legislador.

Respecto de la determinación de la Corte, consideró que “si el gobierno fue sorprendido, está claro que vive absolutamente fuera de la realidad y eso lo vemos todos los días con las decisiones que toma, porque le agrega todos los días un enojo más a una sociedad hastiada y angustiada por la situación que se vive en todos los aspectos. Es un gobierno bastante ciego con respecto a la realidad que le toca gobernar”.

“En segundo lugar es una Corte muy calculadora en el sentido de que sabe medir sus decisiones. Cuando el Alto Tribunal del país toma una decisión de este voltaje institucional, tampoco son decisiones apasionadas y como respuesta a un estímulo previo; son meditadas, absolutamente racionales y que guarden relación con el momento político que vive el país. La Corte advirtió a tiempo la necesidad de parar la pelota, enviar a la sociedad un mensaje de independencia judicial –todos sabemos que el Poder Judicial está muy mal visto en las encuestas de opinión y más aún la Corte- y también la Corte no es ciega ni sorda a los reclamos de la gente y sabe enviar mensajes cuando lo puede hacer, pero además montada sobre razones constitucionales altamente atendibles”, razonó Arralde.

Reiteró que “estos movimientos de jueces están permitidos, con la interpretación de que no violan la garantía del juez natural en las causas y cuando por cuestiones administrativas que tienen que ver con el servicio de justicia es necesario trasladar jueces – siempre en el mismo fuero y en la misma materia- se ha hecho”. “Y no sólo ocurrió en 2018 sino que hay 23 jueces federales que en la gestión de Néstor y Cristina Kirchner fueron trasladados con este mismo procedimiento”, ejemplificó.

Apuntó además que “los jueces deben someterse inexorablemente al escrutinio del Consejo de la Magistratura de la Nación, al igual que en la provincia de Entre Ríos: deben rendir los exámenes de oposición, presentar los antecedentes y superar la entrevista, y después a través de una terna que es vinculante el presidente o el gobernador elige discrecionalmente uno para enviar al Senado. Eso no se puede discutir porque lo establece la Constitucional Nacional, pero lo que no puede hacerse es violar la garantía del juez natural. No se pueden cambiar las reglas de juego en el medio de un proceso, máxime penal y menos cuando se investigan delitos de corrupción, para mejorar la situación procesal de una imputada o imputado”.

“Pero ese no es el caso que está en discusión. Acá dos de estos jueces ya habían intervenido y habían confirmado el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos y el juez Castelli es quien debería intervenir en el eventual juicio oral y público si la causa fuera elevada a juicio. No hay motivo para solicitar un segundo acuerdo a jueces que ya lo habían obtenido. Lo que en todo caso está en discusión es si el traslado de esos jueces es válido, y lo es porque la Corte ya lo determinó en 2018 y ahora a la Corte le cuesta mucho decir que en aquel momento estaba bien y en este momento está mal, y advierte el riesgo institucional que significa que al revocar estos traslados se venga una catarata de traslados masivos”, concluyó.