El conflicto entre Dolores Etchevehere y su familia, integrada por su madre y sus tres hermanos -Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere- tiene otro capítulo judicial en los Tribunales de Paraná, informó Entre Ríos Ahora.

En el marco del juicio sucesorio por la herencia de su padre Luis Félix Etchevehere -fallecido en 2009-, presentó un recurso de recusación contra el juez Civil y Comercial Nº 7 de Paraná, Martín Luis Furman, por la causal de haber violado el principio de imparcialidad. De prosperar, el expediente pasaría al Juzgado Civil y Comercial Nº 8.

La mujer aseguró en el escrito que presentó que el magistrado “constantemente a través de sus resoluciones ha beneficiado de forma notoria a una de las partes -la cual conforman Leonor Barbero Marcial y Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere-, permitiéndoles la perpetuación de sus actos ilegales, inconstitucionales, lesivos y denigrantes para conmigo, su hermana”.

Además, dio su versión de por qué a mediados de 2018 firmó un acuerdo que ponía fin a la pelea por la herencia y, además, a las denuncias que había formulado en 2011 contra toda su familia por defraudación.

Al respecto, dijo que lo hizo bajo presión y en un momento de “desesperación”  por sus dificultades económicas. “Debido a que fruto de la desesperación y a partir de una situación planificada de antemano para llevarme a una situación de desesperación absoluta, lograron mis hermanos encabezados por Luis Miguel, que firmara el acuerdo que me impusieron. Un acuerdo que, para que V.S. pueda comprender la magnitud del abuso, otorga a la suscripta 300 hectáreas y 20.000 dólares, en el marco de una sucesión que tiene al menos -no está del todo claro- 5.000 hectáreas, y varias sociedades millonarias con activos que llegan hasta Brasil”.

Enseguida, afirmó que el campo donde hoy se levanta Casa Nueva, en el que se encuentra con el Proyecto Artigas, fueron “robadas” por su familia a “una escuela rural”, en alusión a la Escuela Agrotécnica Nº 151 del Paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena.

Las tierras que ‘cedieron’ en el acuerdo, ni siquiera le pertenecen a la sucesión, son tierras robadas por la familia Etchevehere a una escuela rural, de las que no tienen título. A cambio, el acuerdo establece una mordaza mediática, es decir la obligación a no hablar nunca más con la prensa de nada, de su historia, de su vida, de nada”, señala luego y agrega que el acuerdo también contemplaba “la aprobación de los balances que el propio contador por correo electrónico manifestó que eran ‘inaprobables’ y ‘tenían que pagar algún impuesto porque si no iban a ir todos presos’”.

En ese marco, ahondó que “solo en la desesperación de encontrarme literalmente en la calle puede entenderse dada mi firma. Porque mis hermanos, posiblemente en connivencia incluso con mi propio abogado, esperaron al momento en que se vencía el contrato de mi alquiler, y luego de que mi ex marido casualmente dejara de pagar la obra social de mis hijos, me encontré de pronto en la calle, con mis muebles apilados en un guardamuebles, sin lugar donde ir a vivir con mis hijos. En esa situación fue que finalmente acepté, después años de que intentarán lo mismo hacerlo. Era agosto de 2018, mi hermano era Ministro, y posiblemente por esa época haya sabido que su gobierno iba a perder. Desde mi punto de vista, le quedaba un año y medio más de poder, y después había que ver qué pasaba. Estaba desesperada. Fue así que fui a dejar constancia de mi estado de necesidad y mi desesperación a una escribanía y me decidí a firmar el acuerdo que pretendía (mi propia familia) estafarme escandalosa y vergonzosamente”.

Enseguida, relató que su abogado le insistió para que firmara el acuerdo y que elaboró sin su consentimiento un escrito “desistiendo” de todas las acciones. Si bien no lo nombra en el escrito, el letrado en cuestión se trataría de Santiago Yofré.

Cabe recordar que en este punto, el abogado de la familia, Rubén Pagliotto, señaló que en agosto de 2018, Dolores Etchevehere, “con la asistencia jurídica y bajo la supervisión activa de su abogado Santiago Yofre, llega a un acuerdo de partición y adjudicación de bienes” de la familia de la cual era poseedora dentro de la firma Las Margaritas SA.  Ese acuerdo se firmó el 31 de agosto de 2018 ante escribano público. Así, Dolores “cede y transfiere a título oneroso” todos los “derechos y acciones hereditarias”. 

La versión de Dolores sobre la firma del acuerdo fue la siguiente: “Mi abogado estaba ese día nervioso, y me insistía para que firme antes de la finalización del horario hábil de los tribunales de Entre Ríos. Yo dudaba, pero finalmente, cuando faltaban pocos minutos para el cierre, decidí hacerlo. Instantáneamente, él salió corriendo de la habitación. Después iba a enterarme que su apuro tenía que ver con que ya había elaborado previamente un escrito sin mi firma en el que decía que ‘ya se había llegado a un acuerdo’ y que ‘no era necesario continuar con las investigaciones’ (que de todos modos tampoco continuaban). Presentó, sin mi consentimiento un escrito ‘desistiendo’ de todas las acciones. Pero sin mi firma. Y al día, sin mi consentimiento también, mi abogado anunció públicamente que ‘habíamos llegado a un acuerdo y que había finalizado el conflicto’”.

A su vez, Dolores dijo que fue presionada para firmar el acuerdo por la sucesión de la millonaria herencia de su padre. “El acuerdo era tan vergonzoso, que no se atrevieron a presentarlo ante la justicia. Nadie lo había visto. No solo me habían extorsionado para forzarme a firmar un acuerdo bajo violencia e intimidación, que resultaba escandalosamente perjudicial. Sino que además de no haberme dado un solo peso de ese acuerdo fraudulento que no era otra cosa que una estafa, mi abogado casualmente y sin mi consentimiento anunció públicamente que el conflicto había terminado”.

En otro párrafo, acusó a la Justicia de Entre Ríos de no haber advertido “nada raro” en el hecho de que luego de 10 años de pelea familiar por el patrimonio, finalmente se resuelva todo con un acuerdo “sin la firma” de su parte.

Así lo planteó: “La mayoría de los juzgados de Entre Ríos no vieron nada raro en eso. Que después de una década de encarnizado combate judicial por una sucesión multimillonaria, de pronto apareciera un abogado y presentara un escrito sin la firma de la parte, que hacía referencia a la existencia de un acuerdo que no acompañaba, y simplemente afirmaba que el ‘conflicto había finalizado’ y no había que continuar con las investigaciones”.

Finalmente, calificó al acuerdo como “abusivo y leonino” y resaltó que “fue celebrado bajo la influencia de violencia y estado de necesidad por lo que, de conformidad al artículo 276 del Código Civil, es nulo de nulidad absoluta salvo en aquellas cláusulas que pueden ser utilizadas en favor de la víctima”.

Recusación al juez Furman

En otro tramo del escrito, dio los fundamentos por los que cree que el juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Luis Furman, debe ser apartado por, asegura, haber violado el deber de imparcialidad en el proceso.

“Es inevitable advertir que el Juez Martín L. Furman ha perdido la imparcialidad necesaria para seguir al frente de este caso. Queda claro que sus resoluciones se alinean con los intereses de una de las partes; efectivamente se ha convertido en una pieza fundamental dentro de la táctica meramente dilatoria utilizada por todos ellos. Esto evidencia objetivamente que en su actuación futura continuará teniendo un comportamiento que frustra el debido ejercicio de derechos y garantías de naturaleza constitucional otorgadas”, manifestó.

Luego relató que en una de las intervenciones, el juez dispuso en 2015 que se designe un tercero administrador de la sucesión, pero que éste nunca presentó rendición de cuentas.

“En diciembre de 2015, se dictó resolución para que -ante la renuncia de mi madre, la Sra. Barbero Marcial, al cargo de administradora- se designe como administrador a un tercero experto, sorteado de la lista del MUI (Mesa Única Informatizada). Así sucedió, y el acervo hereditario ha sido administrado por él durante estos años. Pero aun así, las maniobras de mis hermanos han continuado como habitualmente lo hicieron desde la muerte de mi padre”, aseveró Dolores Etchevehere.

Más adelante, planteó que luego de casi cinco años de aquella designación “no impidieron la continuidad de la estafa”. “Así las cosas, el juez ha hecho caso omiso a lo que establece el artículo 742 del Código de forma, puesto que no existe rendición de cuentas ni trimestral ni ninguna otra y ha sido esta parte la que ha reclamado sostenidamente por el cumplimiento de esta obligación tan básica para la transparencia de este proceso. Va de suyo pues que, no existe posibilidad alguna de transparencia ni certezas e imparcialidad cuando el magistrado ha ignorado sostenidamente lo que dicta la norma y las peticiones de esta parte”, añadió.

Administrar la herencia

Luego de describir las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el magistrado, consideró que corresponde que “después de haber intentado evitar las maniobras fraudulentas durante más de una década de forma infructuosa, que se me otorgue la administración a los fines de poder seguir la ruta del dinero y de las propiedades y acciones, y conocer las maniobras para efectuar la recuperación de mi patrimonio”.

Finalmente, solicitó que el nuevo juez que intervenga -si es apartado Furman- dicte una medida cautelar “a los fines de que hasta tanto no se efectúe una prolija rendición de cuentas de todo lo actuado por los administradores todos estos años, no se efectúe absolutamente ninguna operación con bienes o activos del acervo hereditario o que hayan sido fraudulentamente extraídos de éste”.