Tras el pedido de la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata, se fijó audiencia para discutir la recusación a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri, quienes a principios de junio presentaron el pedido de elevación a juicio de la causa de los “contratos truchos”, que investiga el presunto desfalco a la administración pública a través de contratos en la Cámara de Senadores y Diputados, entre 2008 y 2018.

Según informó la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), la audiencia que prevé el Código Procesal Penal de la provincia, en la que las partes deberán producir la prueba de que intenten valerse –artículo 46 por remisión del artículo 60 del Código Procesal Penal- será el viernes 25 de junio, a las 9,  en el Salón del Superior Tribunal de Justicia, en Paraná.

“Teniendo en consideración lo establecido por el Área de Salud Ocupacional con motivo de la emergencia sanitaria, respecto del número de asistentes permitidos en las audiencias, hágase saber a las partes que se arbitrarán los medios que sean necesarios para que algunos comparezcan de manera presencial y el resto se encuentren presentes en la audiencia de manera remota a través de la plataforma Jitsi Meet”, dice el comunicado que este viernes dio a conocer la OGA y que difundió Entre Ríos Ahora.

Al plantear la recusación, en líneas generales los letrados invocaron una violación del principio de objetividad en el escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en 2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche –quien se apartó del caso-  compartió un fideicomiso y una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.

Las recusaciones fueron presentadas por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.

Tras el rechazo por escrito, ahora se realizará una audiencia donde el jefe de Fiscales, Jorge García, y la fiscal de Coordinación, Mónica Carmona, deberán discutir el asunto en audiencia.

A principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.

Sin embargo, un mes después, el miércoles 9 de junio, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso, declaró la competencia de la Justicia Federal para entender en la causa y requirió el expediente a la jueza Barbagelata.

La resolución respondió a una petición presentada en el Juzgado Federal por los abogados Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).

EL juez hizo lugar al planteo defensivo que afirma que la causa debía pasar al ámbito de la Justicia Federal puesto que existiría prueba que indican que los fondos investigados tendrían como fin “aportes y/o financiamiento” de campañas políticas partidarias en el período comprendido entre 2008 y 2018.

Al respecto, se menciona especialmente, que en octubre de 2019 se incorporó al caso documentación que un desconocido dejó en la puerta del estudio del abogado Miltón Urrutia, en la que surge la entrega y/o retiro de fondos bajo la leyenda “Gastos Sen., Duplicados Diputados …” donde se consigna a diversas personas del ámbito político que supuestamente habrían retirado dinero a los fines de afrontar gastos de la campaña política.

En cuanto a la discusión sobre la competencia de la causa, ayer jueves la jueza Barbagelata resolvió “correr vista” a las partes por el término de tres días hábiles, para que se pronuncien sobre el tema. En este sentido, se espera que la Fiscalía provincial rechace el pase de la causa a la Justicia provincial y los defensores soliciten que el expediente sea remitido cuanto antes.

La causa

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

El 1º de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente. En el escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de la Legislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.

Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez;  Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

Fuente: Entre Ríos Ahora