El abogado, ex intendente de Gualeguaychú y ex legislador provincial, Luis Leissa, analizó lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento contra la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Leissa afirmó que el fallo del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que frenó la designación de dos representantes del Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura “parecía una cosa muy endeble y de ninguna manera se puede justificar que un órgano inferior –en este caso un Juzgado de Primera Instancia en lo Federal- tome una determinación intentando que las Cámaras de Diputados y Senadores se abstengan de proponer nombres, como la corte Suprema lo había determinado”.

Planteó de todos modos que “el tema tiene claroscuros como el hecho de que la Corte haya dispuesto en un plazo perentorio que se formalizara una nueva integración conforme a la ley anterior que entró en vigencia” pero remarcó que “el fallo de Alonso parece una cosa que no tiene ningún tipo de color ni de sustento, y por los términos en que se ha expedido la Corte Suprema muestra a las claras que no había ningún tipo de fundamento”. “Fue una cosa muy traída de los pelos”, definió.   

En cuanto al plazo de 120 días que dispuso la Corte para que el Congreso dicte una nueva norma, analizó que “es una situación en la que se ha caído producto de la falta de diálogo y entendimiento en un tema que es crucial. Quizás haga ruido que la Corte en definitiva termina dirimiendo la imposición de los nombres, cuando debería haber un pronunciamiento por parte del legislativo a través de los mecanismos que corresponden para que así se conforme, pero no se podía seguir conviviendo con una ley que provocaba que haya un Consejo de la Magistratura totalmente desequilibrado y que tenía un fuerte componente político por encima del nivel de armonía con que los nombramientos, selección o revocación de jueces se debe hacer”. 

“De cualquier manera, son cuestiones que había que ponerle un fin. Es cierto que este cierre, ahora en más con este pronunciamiento de Alonso de ninguna manera puede llevar a que se justifique lo que resolvió el juez federal y esto provoca que a partir de la designación del presidente del Consejo de la Magistratura –el propio (Horacio) Rosatti- haya que empezar a integrar un cuerpo más amplio, con más miembros. Hay que avanzar”, apuntó. 

Consideró que “faltó quizás el grado de búsqueda de un acuerdo integral en el cuerpo legislativo para pedir una ampliación del plazo de 120 días, ese hubiera sido el camino más adecuado y menos tortuoso”.

Condena de Urribarri y jury de enjuiciamiento

En relación con el proceso del jury que se sigue contra la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y el pedido de investigación patrimonial consideró que “se adoptan medidas que aparecen difíciles de justificar”.

“En este juicio, aun sabiendo que hay un plazo perentorio, se tiene que cuidar con mucho mayor acento y esfuerzo que las pruebas no adopten un sesgo inquisitivo y que no se excedan, y que se busque realmente el cuidado del caso para que el pronunciamiento del jurado de enjuiciamiento tenga sustento y la suficiente solidez. Hay que cuidarse para evitar dudas donde no debería haberlas”, definió.

“Hay que actuar con enorme cuidado para que se garantice una investigación amplia, y además esto se da en un ámbito de una trascendencia institucional muy importante en el cual hay que despejar cualquier vestigio de duda, o de apresuramiento o que en el objeto probatorio se incluyan cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está juzgando”, sentenció.

En ese marco, dijo que después del fallo contra Urribarri “el camino debería ser de cambio en la justicia provincial. Esto hay que enmarcarlo en un contexto que muestra que hay un debilitamiento en la credibilidad del Poder Ejecutivo, de la clase política en general y del Poder Judicial y en este caso concreto el Poder Judicial no debió haber desperdiciado la oportunidad para promover gestos, caminos, acciones que muestren que podemos salir”.

“Hace unos 15 o 20 días hicimos con un grupo de personas un pronunciamiento diciendo que el nombramiento que se había hecho en el seno del Superior Tribunal cubriendo una vacante no va en ese camino porque si se reprocha que el Poder Judicial se está aislando de lo que debería ser un cuerpo que actúe con independencia de criterio, el nombramiento de otro integrante que proviene del Poder Judicial y con vinculaciones con un cuerpo en crisis como el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, debía hacerse cuidando determinados aspectos que demostraran que estamos en presencia de una designación de ese tipo de sospechas. Y eso no se hizo”, lamentó.

Por otra parte, consideró que “hubo varios mensajes” hacia la clase con el fallo y “en general se pueden sacar muchas reflexiones. En el anticipo de la sentencia y los elementos probatorios que se tuvieron en cuenta muestra un nivel de sorpresa, y si bien se avizoraban determinados comportamientos, parece que la capacidad para seguir asombrando no se agota”.

“Por otra parte, cuando se escuchan determinadas acciones que se denunciaron y que nunca fueron refutadas por los defensores o el propio imputado, dejan preocupación. Hay que tener en cuenta que se habló de hechos, episodios hasta difíciles de creer, que ocurrieron y que en ningún momento fueron refutados por el ex gobernador a quien se las endilgaron. Si a uno le atribuyen un determinado hecho, uno tiene que contradecirlo aportando las circunstancias que considera que realmente ocurrieron, pero acá pareciera que todo ese catálogo de hechos que se le endilgan en ningún momento fue refutado ni se alegó que esos hechos no ocurrieron”, analizó.

“Otra cosa que surge es que estos episodios que dieron lugar a una condena excepcional, hace muchos años que nos parecieron relevantes, dijimos que existían y nos llevaron a tomar decisiones muy fuertes como tratar de proponer una alternativa despojada de cualquier sospecha de corrupción, como fue la creación del Nuevo Espacio, desde donde denunciamos este tipo de hechos hace muchos años atrás. Hay muchas reflexiones para hacer a partir de este episodio que tiene una gravedad inusitada. Y de algún modo trasunta que pareciera que hay un soplo de aire fresco en un momento de enorme desconfianza hacia el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial”, consideró.

Respecto de la disputa entre el Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Leissa dijo que “hay varias cuestiones que son fruto de infelices decisiones que se tomaron en algún momento, pero siempre hay tiempo para corregir y avanzar. Se traduce un nivel de discrepancia que va más allá de opiniones que se puedan tener. En eso hay que tener un mayor cuidado y una mayor reflexión y dejar de funcionar en el marco de un sistema republicano con diferencias tan marcadas y que se entre en una especie de competición. Es hora de pedirle mayor reflexión a quienes tienen mayores responsabilidades de gobierno”.

“Las cosas tienen que hacerse con un nivel mayor de celeridad pero teniendo en cuenta cuales son las funciones que tienen en cada Poder: la de juzgar, legislar y la tarea de investigación que es imprescindible para que se hagan las investigaciones necesarias y en caso de encontrar elementos delictivos y autores, se juzgue y se emitan los juicios que sean necesarios. Si hay algo por lo que más que nunca tenemos que bregar es que esta falta de credibilidad que la sociedad tiene por hechos que son graves y dan vergüenza, no se repitan. Y empezar a demostrar que puede haber otro camino de mayor rigor para tratar de salir de esta crisis en la que estamos”, concluyó.