En una exposición de casi dos horas, el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negó en la Justicia tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Aclaró que sus expresiones, tanto en off the record como en público, no fueron más que “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas”, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su ministerio de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“En ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción“, declaró el exministro, que sostuvo que, de haber tenido “algún elemento” que indicara que existieron posibles actos de corrupción, los hubiera denunciado en la Justicia.

Kulfas declaró durante casi dos horas ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli, como testigo en la causa abierta por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto. Respondió todas las preguntas del juez y el fiscal y atribuyó los errores en el off the record que reconoció haber difundido “al apuro por emitir una respuesta”.

Respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participaran en el gasoducto por fuera de Techint, que resultó adjudicataria del proyecto, aclaró que eso recién “sería en el futuro” y que la adjudicación a Techint estuvo justificada “en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación”, relataron fuentes judiciales. Kulfas aportó dos pendrives con los audios de sus declaraciones radiales.

“[Mis declaraciones] hacían referencia exclusivamente a cuestiones de política pública y de política industrial, y tenían que ver con un conjunto de declaraciones, que había realizado la señora vicepresidenta de la Nación en el acto por los 100 años de YPF, las cuales consideré ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, declaró, según consta en el acta de la declaración, a la que accedió La Nación.

La situación del exministro es inusual: citado como testigo, fue el único imputado en esta causa. Según fuentes judiciales, lo señaló el fiscal Stornelli en su requerimiento de instrucción como posible responsable del delito de omisión de denuncia. Todo funcionario público está obligado a denunciar los delitos de los que tiene conocimiento. Rafecas separó esa parte del caso y la mandó a sorteo. Le tocó al juez Ariel Lijo. Pero todo indica que Lijo se la va a devolver a Rafecas. Con esta declaración, la denuncia contra Kulfas por el delito de omisión de denuncia está “doblemente sepultada”, según los términos que usó una fuente que interviene en la investigación.

Porque bajo juramento de decir la verdad, Kulfas dijo que no tuvo elementos para creer que se había cometido un delito. Y porque, además, el Código Penal establece que no existe un plazo para denunciar la comisión de un delito.

El exministro no hizo una denuncia pero a través de declaraciones off the record había sugerido que Ieasa (ahora rebautizada Energía Argentina), la empresa que licita las obras, debió haber hecho un pliego diferente para que pudieran competir otras empresas y destacó que quienes conducen ese organismo son gente cercana a la vicepresidenta (la preside el santacruceño Agustín Gerez).

El tramo Neuquén-Buenos Aires de la obra del gasoducto Néstor Kirchner se licita en tres etapas. La primera es la que fue cuestionada por Kulfas y tiene como objetivo a la contratación de los tubos de acero con costura. Esa contratación a la firma Techint es por unos 436 millones de dólares. La segunda licitación es para adjudicar la obra civil. Y la tercera, para la adquisición de válvulas. La Justicia ya se hizo del expediente de esa tercera licitación.

Si bien la declaración de Kulfas debilita la acusación, el expediente todavía tiene medidas pendientes y una agenda que se extenderá durante la semana que viene: el lunes deberá declarar el extitular de la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto Antonio Pronsato, quien fue citado como testigo.

El martes y el miércoles próximos se llevarán adelante audiencias orales en las que expertos designados por empresas extractoras y transportadoras de gas deberán responder preguntas de los funcionarios judiciales acerca de cuestiones específicas de la construcción de un gasoducto.

La investigación tiene su origen en una denuncia que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, que recayó por sorteo en el juzgado de Rafecas. El denunciante mencionaba que se debían investigar los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico y abuso de autoridad. También se sumaron otras dos denuncias de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf, y de Yamil Santoro, de la Fundación Apolo, todos de la oposición.