En marzo último, el exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde asumió la representación de un grupo de ciudadanos que iniciaron una acción popular de inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley 11.003 que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, reformada en septiembre de 2022 por la Legislatura. Cuestiona los artículos 6º, 23º, 26º y 28º.

El argumento es que esos artículos “infringen normas constitucionales provinciales no sólo de propio cuño sino también de aquellos principios y garantías que se hallan plasmados en la Constitución de la Nación y en los Tratados Internacionales”. En particular, apunta a la mayor injerencia que la ley otorga al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en los planteos hechos por los postulantes. “Esto significa que antes, durante y después de realizado el procedimiento concursal, el Superior Tribunal de Justicia tiene una asignación de competencias de una superlativa trascendencia, pero de una claudicante legalidad constitucional porque sus cometidos resultan francamente contrarios a los artículos 181 y 205 de la Constitución Provincial”, señala el escrito.

En la presentación de los ciudadanos, se recusó a todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero sólo ocho de los nueve vocales se excusaron de intervenir. El veterano Germán Reynaldo Francisco Carlomagno, integrante de la Sala 3 del Trabajo, se mantuvo en sus trece y declinó apartarse.

Lo que siguió fue “un pequeño escándalo hacia el interior del palacio judicial”, reveló el sitio Entre Ríos Ahora, que movió las piezas de un esquema que, hasta aquí, nadie había cuestionado: de qué modo se aplica el sistema de subrogancias; esto es cómo, de qué modo, se designa a un magistrado para que supla a otro recusado por algún motivo para que intervenga en una causa determinada.

Según un informe que publicó este jueves Entre Ríos Ahora, en medio, la secretaria de la Sala Contencioso Administrativa del STJ Patricia Alasino, quedó en una incomodísima situación, se apartó de intervenir en la tramitación de los escritos y, según aseguran quienes conocen los vericuetos del Poder Judicial, montó en cólera porque se puso en dudas su actuación.

En medio de la tramitación de la causa “Harari María Valeria y otros c/Estado Provincial s/Acción de Inconstitucionalidad. Expediente Nº 4.244” -tal la carátula del expediente- Arralde metió un escrito con el siguiente encabezado: “Señala irregularidades en el proceso de desinsaculación (del verbo insacular: poner en un saco, urna u otro recipiente papeletas con números o con nombres de personas o cosas para un sorteo) de jueces y juezas. Peticiona subsanación”.

En su escrito a la presidenta del STJ, Susana Medina, señala Arralde: “Que respetuosamente me dirijo a Usted para manifestar la serie de errores que -entendía- se podrían estar produciendo en la designación de subrogantes, y que ahora luego del informe de Secretaría de este Alto Tribunal (Patricia Alasino, NdelR) fechado el 18/05/23 y de acceder a información pública y la obtenida para controlar y corroborar lo descripto en el detalle de la referencia puede afirmarse que los errores se han producido, y que lo informado por Secretaría no es correcto. Por lo expuesto, no solo se ha incumplido con lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley 6.902, Orgánica del Poder Judicial, sino también con la Acordada 33/2022 de Fecha 04/10/2022 de dicho Excelentísimo Tribunal que dispuso `la obligatoriedad de la suscripción de los actos con firma digital para toda la magistratura y el funcionariado del Poder Judicial de Entre Ríos, a partir del 31 de Diciembre de 2022, remarcando incluso que tal medida resulta extensible también para las providencias electrónicas simples desde la fecha mencionada”.

Desde el vamos, el planteo reprocha con severidad la intervención por fuera de la normativa de la secretaria Patricia Alasino y, más grave aún, la persistencia de un sistema irregular en el control y disposición de las subrogancias de los jueces, desde los vocales del STJ hacia abajo, sobre el que nadie nunca puso el ojo. “En efecto -sostiene- y como advirtiera en presentación electrónica de fecha 13/05/23 hemos detectado casi desde el inicio de este expediente inconsistencias que serían llamativas para cualquier actuación, pero más aún en la presente causa, en el que justamente se objeta la posible inconstitucionalidad de la intervención de este STJ en el proceso de selección de magistrados, y que 8 de los Vocales de este Tribunal – a excepción del Dr. Germán Carlomagno que no lo hizo – decidieron excusarse en pos de la transparencia del proceso. En aquel informe fechado el 25/04/23 la Actuaria reseñó que se habían excusado los 9 vocales lo cual es palmariamente erróneo tras y tan solo leer el escrito del Dr. Carlomagno de fecha 10/04/23 donde rechaza su recusación y pide no ser apartado del proceso. También resulta llamativo que en una de las primeras providencias electrónicas de fecha 25/04/23 se dejó sin efecto la designación de un subrogante -Dr. Alejandro A. Grippo- y tras informarse sobre 3 excusaciones recibidas, se designó a 3 nuevos magistrados subrogantes. Es decir, y para ponerlo en palabras simples, `salen 4 y entran 3`. Todo lo anterior, que evaluamos como algo menor puesto que en cualquier caso se tendría que resolver la recusación y excusación de todos los Vocales de dicho tribunal, comenzó a ser más llamativo cuando advertimos cómo se llevaba adelante el proceso de desinsaculación de jueces y juezas subrogantes, en aparente omisión del orden legal establecido, arribando al desajuste de haber designado en dos oportunidades a un mismo juez, a la sazón el Dr. Guillermo Bonabotta”.

Un informe de la secretaria Alasino llevó a Arralde a señalar en su escrito –“dada la extrema trascendencia de los actos de designación de los jueces subrogantes, que hacen a la constitución regular del tribunal de juzgamiento y con ella el acceso a la jurisdicción, la garantía del juez natural y el derecho al debido proceso legal”- que la explicación del Poder Judicial respecto a por qué “no se seguía un orden lógico en la cobertura de los reemplazos tras las excusaciones que se han venido sucediendo” dejan entrever que “los desajustes señalados dejan de atribuirse a errores involuntarios para portar el contenido de posibles irregularidades en la designación de jueces y juezas subrogantes”.

Lo que quedó a la luz es que el delicadísimo sistema de subrogancias por excusaciones de magistrados se apoya en un sistema muy precario que maneja Patricia Alasino, que, tras el planteo de Arralde y su apartamiento, fue suplida por otra burócrata, la secretaria Elena Salomón. Así, y según otro informe del 18 de mayo que le fuera remitido a Arralde lo lleva a afirmar: “Se desprende de dicha afirmación que (el sistema de subrogancias) se trataría de un listado manual, en el cual a medida que se van produciendo excusaciones o recusaciones se echa mano de dicha nómina y así se designa a los siguientes magistrados y magistradas en el orden de subrogancia. Deviene así entonces evidente que esta sucesión de designaciones debe realizarse a medida y por el orden en que se reciben por Secretaría las excusaciones, y que las mismas no son `acumuladas` para en algún momento designar a los subrogantes ya sin respetar la única y posible lógica de esta sucesión que es, ni más ni menos que, el orden en que ingresan los escritos que postulan alguna excusación o recusación”.

Luego, señala el acuerdo 33/22 en el que el STJ dispuso la “obligatoriedad de la suscripción de los actos jurisdiccionales con firma digital para toda la magistratura y el funcionariado del Poder Judicial de Entre Ríos, a partir del 1º de noviembre de 2022”. Al respecto, afirma Arralde que con esa disposición “se facilita y se otorga certeza a la fecha y hora de las firmas de los funcionarios actuantes, lo cual torna el trabajo de designación sucesiva de magistrados subrogantes en un proceso extremadamente simple”.

Pero en la constatación del listado de subrogaciones producidas en la causa que lleva Arralde es donde observa que aquella normativa se incumple y, peor aún, que la secretaría falsea datos cuando informa. Dice la presentación que “se comienzan a observar datos que no condicen con la verdad, según lo que surge de los expedientes mencionados por la Secretaría que han sido corroborados por esta parte”. Al respecto, apunta: “Debemos destacar que observamos aquí una grave situación de discrecionalidad en el manejo y uso del listado único”.

Por eso, en su escrito Arralde pidió que “se subsanen las irregularidades”.

Con ese entramado de fondo, el Poder Judicial finalmente conformó el 28 de junio último el tribunal que tendrá a su cargo analizar las excusaciones y recusaciones y definir finalmente qué magistrados intervendrán en el planteo de fondo.

Está integrado por la vocal del STJ, Laura Soage, el vocal de la Cámara Tercera del Trabajo Guillermo Bonabotta, los vocales de Casación Marcela Badano y Gustavo Pimentel, los vocales de la Cámara Segunda Civil y Comercial, Andrés Marfil y María Valentina Ramírez Amable, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Alejandro Grippo y los vocales de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 Adriana Acevedo y Marcelo Baridón.

Aunque con el escenario existente, resta conocer qué hará el STJ con los fuertes reproches planteados por Arralde y el señalamiento de las irregularidades en el mecanismo de las subrogancias de jueces.