Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera devolver a la Justicia provincial la competencia en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura, la jueza de Garantías Marina Barbagelata dispuso reiniciar el trámite del proceso y reanudar el cómputo de los plazos procesales, según supo ANÁLISIS. La medida allana el camino para la elevación a juicio. Hay 32 personas imputadas.

En un escrito fechado el viernes 15 de marzo al que accedió este medio, la magistrada señaló: “Atento al rechazo de la CSJN del planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal de Paraná y al estado de la causa, en la que el trámite se encuentra suspendido desde el 4 de noviembre de 2021 como efecto de lo resuelto por la Sala Penal del STJ, resuelvo reiniciar el trámite del proceso y reanudar el cómputo de los plazos”.

La medida ya fue comunicada a todas las partes y de esta manera se allana el camino para avanzar en la elevación a juicio oral y público, que deberá realizarse en los Tribunales de la provincia.

La investigación que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry concluyó hace casi tres años, después de una pericia contable que determinó un desfalco millonario a las arcas del Estado provincial. 

Según la pesquisa, el dinero salió desde la Legislatura entre 2008 y 2018, con anuencia de los sectores políticos gobernantes y connivencia de los dirigentes. El mecanismo de desvío se dio a través de contrataciones irregulares en las dos cámaras, operadas directamente desde la dirigencia y los bloques políticos a través de un sistema que fue creciendo con el transcurrir de los años y las gestiones de gobierno.

Piden la elevación a juicio de la causa Contratos

La causa se inició por la denuncia de un agente policial que, durante una guardia en septiembre de 2018, observó movimientos extraños en un cajero automático de Paraná. El uniformado alertó a las autoridades que una persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático. 

Comenzó una investigación penal que llevó a la Legislatura entrerriana y la multiplicidad de contrataciones a terceras personas que, en distintos casos, fungieron como “prestanombres”. 

Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas.

El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Los abogados defensores hicieron un planteo de competencia en el cual aseguraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque el dinero desviado fue, según dijeron, para financiamiento de campañas políticas.

Los letrados consiguieron sacar la investigación de la órbita penal con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, que hizo lugar al plantero, y lograron que la discusión pase a la Justicia Electoral primero, después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), posteriormente a la Justicia Electoral y de vuelta a la CSJN, en un trámite que paralizó las actuaciones durante más de dos años y ahora se retoma.

Están imputadas en la causa 32 personas, entre ellos el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, por su rol como secretario del Senado, y el ex director contable de la cámara alta, Juan Domingo Orabona, ex funcionario cercano al ex gobernador Gustavo Bordet que se desempeñó en la gestión anterior como presidente del Instituto del Seguro.