Piden la elevación a juicio de la causa Contratos

La investigación abarcó el período de una década, de 2008 a 2018, y busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria (IPP) en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia”. La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.

Son 32 los imputados en la causa:

  1. Flavia Marcela Beckman;
  2. Hugo Rubén Mena;
  3. Esteban Ángel Scialocomo;
  4. María Victoria Ávarez;
  5. Alfredo Bilbao;
  6. Gustavo Hernán Pérez; 
  7. Roberto Ariel Faure;
  8. Verónica Caíno;
  9. Ángel Rubén Ferreyra;
  10. Fernando Gastón Sarnaglia;
  11. María Jazmín Mena Giovenni;
  12. María Macarena Álvarez;
  13. Andrea Noemí  Beatriz Demartin;
  14. Sergio Esteban Cardoso;
  15. Alejandro Luis José Almada;
  16. Juan Pablo Aguilera;
  17. Diego Martín Pagnoni;
  18. Mariano Speroni;
  19. Hernán Javier Díaz;
  20. Marta Aurora Pérez;
  21. Maximiliano Degani;
  22. Pedro Eduardo Opromolla;
  23. Guido Daniel Karpp;
  24. Renato Jesús Mansilla;
  25. Juan Domingo Orabona;
  26. Jorge Enrique De Breuil;
  27. Héctor Gustavo Falco;
  28. Jorge Fabián Lazzaro;
  29. Nicolás Beber;
  30. Jorge Pablo Balladares;
  31. José Javier Schneider;
  32. Viviana Giselle Mena Gioveni;

El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable.

Luego de más de un año de trabajo, los peritos contables concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura, investigación que abarca el período entre los años 2008 y 2018.  El dato relevante es que esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio al Estado que se habría producido: $1.111.871.715, a valores de marzo último.

La investigación cobró notoriedad en septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos irregulares de personal en Diputados y en Senadores.

La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones. Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fue así que, a fines de 2019, para esa tarea fue nombrada la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, designada por el vocal de esa sala, Martín Carbonell. La tarea comenzó a finales de ese año y continuó durante la pandemia de 2020.

Según supo Entre Ríos Ahora, finalmente el trabajo llegó a su fin, ya que la contadora Battisti, en forma conjunta con el perito de parte, el contador Cristián Dumé, presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados.

El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas-, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario.

En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.

Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.

Considerandos

“Con la evidencia recopilada ha sido posible reconstruir como se ejecutó la dinámica comisiva y se produjo la sustracción de caudales públicos”, sostuvieron los fiscales en la extensa fundamentación de la investigación, desarrollada en más de 300 páginas, constató ANÁLISIS.

“El plan montado, desde al menos fines del año 2007, con el objeto de detraer de manera sistemática dinero de las arcas del Estado provincial, recurrió a la figura del `contrato de obra´, de antaño utilizada por las cámaras de la Legislatura provincial para nutrirse de recursos humanos”, explicaron. Y agregaron: “Dichos instrumentos, se confeccionaban generalmente a nombre del presidente de cada Cámara legislativa, o de la mención genérica de `autoridades de la cámara´, otras veces a nombre de un legislador, autoridad o funcionario de cámara específico, sea de la Cámara de Diputados o Senadores. Por otro lado, aparecía el `contratista´, persona física identificada con nombre y apellido”.

“Hasta allí, el lazo entre los cuerpos legislativos y los particulares podría revestir cierta apariencia de legitimidad”, apuntaron. “Sin embargo, entendemos demostrado que las relaciones contractuales eran falsas en su motivación, y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción del dinero público”, reforzaron. Y completaron: “Primero, porque en todos los casos relevados los `contratistas´ de las Cámaras no ejecutaron obra alguna para éstas. En segundo lugar, porque en gran parte de ellos los particulares no suscribían los acuerdos, es decir, sus firmas fueron falsas. En la gran mayoría, los contratistas eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente a manos del grupo recaudador, para luego, en algunos casos, entregarles a los particulares sólo una parte ínfima de lo anteriormente cobrado”.

“Comprobada entonces la existencia formal de la relación contractual, también quedó en claro desde el inicio de la investigación, con evidencia de toda índole, que los mismos son ideológicamente falsos”, aseveraron.

Seguidamente, se explayan con detalle en los distintos aspectos de la investigación.

Pedidos de pena

“Dada las aristas del caso, es posible sostener que ni el legislador, al establecer las escalas penales, ha podido imaginar un suceso de semejante envergadura”, sostuvieron los fiscales en el apartado respectivo, supo ANÁLISIS. Y explicaron que decidieron “seleccionar un criterio normativamente establecido por el legislador y desde allí escoger la pena en función de los aspectos subjetivos y grado de intervención de cada imputado, teniendo en cuenta que el injusto, objetiva y subjetivamente considerado, exhibe denominadores relativamente comunes para todos los intervinientes”.

En ese orden, luego de explicar cada caso, solicitaron:

1°) Para Gustavo Hernán Pérez 18 años de prisión.

2°) Para Juan Domingo Orabona 7 años de prisión.

3°) Para Jorge Fabián Lazzaro 5 años de prisión.

4°) Para Sergio Esteban Cardoso 12 años de prisión.

5°) Para Juan Pablo Aguilera 16 años de prisión.

6°) Para Alejandro José Luis Almada 10 años de prisión.

7°) Para Alfredo Bilbao 12 años de prisión.

8°) Para Roberto Ariel Faure 9 años de prisión.

9°) Para Hugo Rubén Mena 10 años de prisión.

10°) Para Flavia Marcela Beckman 7 años y 6 meses de prisión.

11°) Para Esteban Ángel Alberto Scialocomo 7 años de prisión.

12°) Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares. 3 años de prisión.

13°) Para Pedro Eduardo Opromolla 6 años de prisión. En tanto que para Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años de prisión.

14°) Para Nicolás Beber 3 años de prisión.

15°) Para Hernán Javier Díaz, Maximiliano Degani yMarta Aurora Pérez, 3 años de prisión. En tanto que para Mariano Speroni y Diego Pagnoni, 2 años de prisión.

16°) Para Jorge Enrique De Breuil 6 años de prisión.

17°) Para Javier Schneider 3 años y 6 meses de prisión.

 

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