Tras un pedido de defensores, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial pasó para 2025 la continuidad de la remisión a juicio en la causa “coimas”. Estaba previsto para diciembre pero, tal como venían anunciando los abogados, pasó para el año que viene, según la información que este lunes dio a conocer el sitio Entre Ríos Ahora.
Se trata del segundo juicio oral y público contra Urribarri, ya condenado en 2022 en el megajuicio a 8 años de cárcel y ahora con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
El miércoles 4 la Justicia fijó las fechas de audiencias para seguir tramitando la remisión a juicio del caso que empezó a ventilarse el último 20 de febrero. Ese día miércoles la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) indicó que “conforme lo dispuesto por el señor juez de Garantías Nº 4 Dr. Julián Vergara, hágase saber que queda establecida la continuidad de la audiencia dispuesta en el presente legajo”: serán los días 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, a partir de las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pero ese esquema cambió según una resolución que se conoció el viernes 6.
A pedido de los abogados defensores Miguel Cullen, Ignacio Díaz, Guillermo Smaldone y Franco Azziani Cánepa, se reprogramaron las audiencias para los días 17 de febrero de 2025; 18 de febrero, 19 de febrero, 20 de febrero, 24 de febrero, 25 de febrero y 26 de febrero de 2025. También se fijaron los días 27 y 31 de marzo de 2025.
La discusión en Tribunales viene desde principios de año. En cada audiencia aparece un pedido nuevo de las partes. Pero, más allá de Urribarri y Cardona Herreros aparecen en la lista de acusados otros exfuncionarios, como Luis Alfonso Erbes, exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, exdirector general de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, exdirector de Informática; y José Humberto Flores, exsecretario de Hacienda.
Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba.
Según la investigación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, el empresario Diego Armando Cardona Herrero, quien como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, se habría visto beneficiado con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos, a partir de “una estrecha relación de amistad” con el exmandatario provincial. Las coimas que se habrían pagado, según fiscalía, son millonarias. Estas dádivas habrían beneficiado a Urribarri y su familia y también al grupo de funcionarios cuestionados.
Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.
Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.
Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.
De la audiencia participan los abogados Cullen, Ignacio Díaz, Franco Azziani Cánepa, Gaspar Reca, Andrés Bacigalupo, Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Candelario Pérez, Juan Antonio Méndez, Fernando Burlando y Javier Baños.
