Anunciaron que denunciarán al juez Alejandro Cánepa ante el Jurado de Enjuiciamiento

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo, representante legal del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), anunció que este martes ingresará formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento una denuncia contra el juez Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos.

Reggiardo lo denuncia a Cánepa “por mal desempeño y por incurrir en conductas que exceden el ámbito estrictamente técnico-jurídico, vulnerando de manera grave los principios de independencia, neutralidad y separación de poderes. Estas conductas contravienen los preceptos constitucionales y legales que deben regir el ejercicio de la función judicial en la Provincia de Entre Ríos, afectando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”.

Le reprocha al magistrado “injerencia en procesos de naturaleza política” por cuanto en su calidad de presidente de la Asociación de la Magistratura “ha emitido declaraciones y opiniones públicas que, al intervenir en un juicio político en trámite, trascienden su función estrictamente judicial”. Se refiere al pedido de juicio político a la vocal de la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Nerea Schumacher, finalmente rechazado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, consignó el sitio Entre  Ríos Ahora.

“El juicio político en curso, destinado a evaluar la conducta de un miembro del Superior Tribunal de Justicia, reviste una naturaleza eminentemente política y, conforme a lo dispuesto en la Constitución, corresponde al control legislativo de altos funcionarios”. Y agrega: “La participación del Dr. Canepa en este proceso, mediante la emisión de notas dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados y otros funcionarios, genera confusión entre el procedimiento técnico del jury de enjuiciamiento (destinado a juzgar el desempeño judicial) y el mecanismo político del juicio, violando así el artículo 196 de la Constitución Provincial”.

La presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento sostiene que Cánepa “adopta una postura parcial en la evaluación de denuncias”. Y suma: “Denuncias presentadas por ciudadanos han sido minimizadas o desestimadas, mientras que se respalda públicamente a otros magistrados afines a los intereses de la Asociación”.

“Este comportamiento no solo vulnera el deber de imparcialidad exigido en el ejercicio judicial, sino que también evidencia la utilización de su posición para favorecer intereses corporativos, en detrimento del derecho ciudadano a denunciar irregularidades”, plantea Reggiardo.

Sostiene también que la “intervención del Dr. Cánepa en debates y procesos de índole política, y su vinculación con intereses partidistas y comerciales, contraviene de manera directa estas obligaciones”. Y que esa conducta “afecta negativamente la imagen del Poder Judicial y genera un clima de desconfianza en la administración de justicia, mermando la credibilidad institucional”.

Reggiardo recusa a integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: en primer lugar, el representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Gonzalo García Garro, por su vinculación con el PJ; y a los representantes de la sociedad civil, por su conexión con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, según describe.

“El accionar del Dr. Alejandro Joel Cánepa, al participar en actividades de carácter político, emitir pronunciamientos que confunden las competencias del Poder Judicial y tratar de deslegitimar el derecho ciudadano a denunciar irregularidades, vulnera de manera directa los preceptos constitucionales y legales que garantizan la independencia e imparcialidad de la administración de justicia –señala-. Asimismo, la permanencia del Dr. García Garro y de los jueces afiliados a la asociación civil –cuya afiliación no es obligatoria y ha sido constituida en violación de los principios estatutarios de reserva y transparencia– compromete gravemente la imagen y credibilidad del servicio de justicia en la Provincia de Entre Ríos”.

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