Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro se presentaron este lunes ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, y responden los planteos defensivos en el marco de las apelaciones en el proceso de elevación a juicio, suspendido, de la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura.
La audiencia comenzó después de las 9, y tiene como objetivo tratar las apelaciones que presentaron los abogados defensores contra la decisión de la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata. La magistrada rechazó todos los pedidos de nulidad y exclusión probatoria que realizaron los abogados en el contexto de la elevación a juicio de la causa. Es decir, el pedido de nulidad del requerimiento de remisión de la Fiscalía, de exclusión de pruebas, el cambio de calificación legal y los reclamos de sobreseimientos. Ante el rechazo, los abogados defensores pidieron que se les habiliten apelaciones que también fueron refutadas por Barbagelata. Entonces fueron a quejarse ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. En esa instancia, la jueza Carolina Castagno consideró que las apelaciones debieron habilitarse para algunos planteos.
Y en esa instancia está la causa desde la semana pasada. Ya hubo una serie de audiencias, en las cuales los defensores fueron oralizando las apelaciones contra los rechazos de Barbagelata en el Juzgado de Garantías.
Este lunes, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) contestan a los defensores. La acusación pública pide a Castagno que descarte los planteos de los imputados y permita que la investigación fiscal continúe en camino al juicio oral y público.
Además, en el marco de la audiencia abierta ante Castagno se presentaron los integrantes de la Fiscalía de Estado, Julio Rodríguez Signes y el adjunto Martín Rettore, quienes impulsan una demanda civil de 2.000 millones de pesos.
En la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura quedaron 18 imputados de los 32 iniciales. Trece accedieron a suspensiones de juicio a prueba, y uno fue sobreseído. Tales son los casos de Esteban Scialocomo; del contador Gustavo Falco (sobreseído); María Victoria Álvarez; Verónica Caíno; Alejandro Ferreyra; María Macarena Álvarez; Fernando Gastón Sarnaglia; Andrea Demartín; Nicolás Beber; Renato Mansilla; Guido Krapp; Jorge Pablo Balladares; y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Continúan imputados Alfredo Bilbao; Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo Hernán Pérez; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Javier Díaz; Marta Pérez; Pedro Eduardo Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
