El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.°2 rechazó el planteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea un juzgado Civil y Comercial el que se encargue de la ejecución de sus bienes en el pago de los daños por defraudación al Estado en el marco de la causa Vialidad.
En oposición a la solicitud de la exmandataria, los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uruburu y Andrés Basso confirmaron que son ellos quienes decidirán el decomiso de sus bienes por una suma que aún está en discusión. Al mismo tiempo, delegaron en los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la individualización de los mismos para avanzar en su ejecución.
Uno de los argumentos que sostuvieron los abogados que representan a CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, fue que el tribunal confundía el "decomiso" con la "reparación de los perjuicios". Sin embargo, eso fue descartado por los magistrados que reafirmaron su potestad para decidir sobre la ejecución de los bienes.
En esa línea, Gorini, Giménez Uriburu y Basso sostuvieron que el decomiso “no es equiparable a la obligación de indemnizar”, sino que es “una pena accesoria vinculada a la responsabilidad por el delito cometido”.
Además, señalaron que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos. Corresponde mantener la competencia de este tribunal para ejecutar la pena de decomiso firme, en tanto sanción penal accesoria con efecto reparador a favor del Estado, sin que quepa supeditar su cumplimiento a eventuales acciones civiles”, concluyeron.
En tanto, le ordenaron a Luciani que avance con el inventario de los bienes a decomisar. “El Ministerio Público Fiscal se encuentra investido de plenas y suficientes facultades para promover, en sede judicial, las medidas conducentes a la identificación exhaustiva de los bienes cuya titularidad corresponde a los condenados”, indicaron.
Cámara llamó a una audiencia por la actualización del monto
En cuanto a la suma del decomiso, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 11 de septiembre para comenzar a analizar si confirma o no la actualización del monto que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.°2 fijó en 684.990.350.139,86 pesos.
Esto es así porque, luego de la confirmación de la condena en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal inferior decidió actualizar el monto que había fijado el fallo de primera instancia en 2022. En ese entonces, los jueces habían dispuesto que la suma del decomiso debería alcanzar los 84.835.227.378,04 pesos, y que ese valor debería ser ajustado al momento de que quedara firme la sentencia, tal como sucedió en junio de este año.
