Santa Fe distribuye misoprostol de su propia producción en hospitales y centros de salud

Lo produce el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) santafesino.

Se sabía que el Gobierno de Santa Fe le venía dando un espaldarazo al cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y que parte de este empuje simbólico se iba a materializar en un desarrollo farmacológico propio, producido en el ámbito público: misoprostol para uso ginecológico, un fármaco esencial para la interrupción del embarazo, que en distintos momentos del año protagonizó las noticias tanto por su falta en farmacias como por su altísimo costo. El día, por fin, llegó: tras aprobar los requisitos de Salud santafesinos, la nueva droga, producida por el Laboratorio Industrial Farmacológico (LIF) comenzó a llegar a los hospitales y centros de salud de Santa Fe, según pudo confirmar Clarín, en diálogo con fuentes de Salud de esa provincia.

 

Pero todas las expectativas están puestas más allá: cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) apruebe el fármaco, de modo que su alcance sea nacional. Sería clave en un país de aplicación desigual de la ILE en las distintas jurisdicciones. De hecho, siete provincias no adhirieron todavía a ese protocolo.

 

¿Para qué sirve el misoprostol? Más allá del debate “verde vs. celeste” por la despenalización del aborto, la disponibilidad de este medicamento cumple un rol elemental en el cumplimiento del aborto no punible, situación por la que pasa un número importante de niñas y mujeres abusadas cada año, cuya cifra exacta Clarín no pudo precisar, ya que, se disculparon fuentes de la Secretaría de Salud de la Nación, “no hay datos consolidados a nivel nacional”. Ni de este año, ni del año pasado, ni del anterior.

 

Oraldo Llanos, director por la Salud de la Niñez, Adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva de Santa Fe, dialogó con Clarín y explicó que “la distribución del nuevo misoprostol a los principales nodos de salud de la provincia es inicial y de ahí llegará a todas las droguerías oficiales”. Además, dijo, “esta primera partida es de una producción grande, de unos 100.000 comprimidos, tanto para ingesta oral como vaginal, lo cual cubre todas las aplicaciones del misoprostol, más allá de la ILE. O sea, para abortos incompletos y otros tratamientos ginecológicos”.

 

Llanos confirmó que “en breve se enviaría la carpeta a la ANMAT. Sería muy importante y hay muchas provincias interesadas, por la reducción del costo, que es un tercio respecto del que hoy tiene en el mercado”.

 

Para dimensionar la importancia de esta noticia vale remarcar que, según datos oficiales de Santa Fe, las interrupciones legales de embarazos en el ámbito ambulatorio (un 70% del total) rondaron en 2018 las 3.000.

 

Mariana Romero, médica, investigadora del CONICET-CEDES, especialista en salud y derechos sexuales y reproductivos, explicó la trascendencia de esta novedad: “El hecho de que lo produzca un laboratorio público significa el compromiso del Estado para que esa tecnología esté disponible. Además, que esté disponible a un costo razonable para sistemas de salud de otras provincias y para el sistema nacional. Y significa una garantía de control de calidad. Una opción del sector público para el sector público”.

 

Ya en 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había subrayado la importancia de esta droga, al rotularla como “esencial”, en su guía de “Aborto sin riesgos”. El organismo sin dudas contempló el drama de las miles de niñas y mujeres que cada año se someten a abortos clandestinos. Según las cifras más aceptadas –a falta de una estadística nacional-, en Argentina son unas 450.000 por año.

 

Por su parte, el camino del misoprostol como fármaco pensado específicamente para el aborto comenzó a tomar forma en julio de 2018, cuando la ANMAT autorizó al laboratorio Domínguez a comercializar el fármaco “Misop 200”. Hasta entonces, el único misoprostol que se vendía era un combinado con diclofenac, del laboratorio Beta (Oxaprost), creado para tratar úlceras gástricas, que hoy, o no se consigue o ronda los 6.000 pesos por caja.

 

"Muchos nos preguntan por qué hacemos esto", reflexionó Llanos en diálogo con Clarín, y explicó: "Se hace porque es fundamental, no sólo como inversión en salud sino porque creemos firmemente en el derecho a las personas a decidir y queremos acompañar el manejo de la fertilidad".

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