Con la idea de contener abruptas subas de precios, el gobierno negocia a contrarreloj con la industria y con los supermercados para distribuir el costo que tendría el fin de la eliminación del IVA a la canasta de alimentos básicos, beneficio que rige hasta el 31 de diciembre.

Filosóficamente, en el gobierno de Alberto Fernández nunca estuvieron de acuerdo con que la eliminación del IVA a los alimentos de primera necesidad fuera para todos los argentinos. Tanto el Presidente como el Ministerio de Desarrollo Productivo afirmaron siempre que lo más justo era que esa rebaja se enfocara sólo en la población más vulnerable.

En ese contexto, el reloj corre, porque esa eliminación tiene fecha de vencimiento. Cerca del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aún analizaban -en busca del menor impacto posible en los precios y en la necesidad de desindexación de la economía- si el decreto de rebaja de ese gravamen será o no prorrogado. "Se está negociando", afirmaron cerca de Kulfas. En Casa Rosada lo daban por vencido. Sin embargo, aclaraban que de la negociación se encargaba Kulfas.

En Desarrollo Productivo precisaron las cuatro opciones que aparecen sobre la mesa. La primera es que no se haga nada, lo que haría caer el beneficio. Es la opción favorita en el oficialismo. En ese sentido, trabajan sobre "la buena voluntad" de las empresas (supermercados e industria) para no ver un fuerte aumento de precios en las góndolas.

La segunda opción es la prórroga en las mismas condiciones con el objetivo de extender la etapa de negociación con las partes. La tercera alternativa que aparecía en carpeta era una extensión, pero no para toda la canasta de alimentos definidos en su momento por Dante Sica e Ignacio Werner. La cuarta, en tanto, era la posibilidad de un regreso del IVA a esa canasta, pero de manera gradual para suavizar los posibles aumentos, según La Nación.

"No estamos de acuerdo con el actual mecanismo y lo que estamos viendo es la mejor opción para salir del actual sistema", afirmaron en el gobierno. En los supermercados advirtieron al medio que continua el fuerte debate entre la cadena comercial (el retail), la industria y el gobierno sobre quién y cómo se absorbería una reposición del IVA en caso de no prorrogar su eliminación. En el oficialismo no quieren subas de precios abruptos y ningún actor quiere perder rentabilidad.

Una vez superado el entuerto, el foco del oficialismo estará puesto en la Tarjeta Alimentar, que permitirá la compra de todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas, y que estará destinada, según la información oficial, a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

Además, la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en el Congreso establecía que facultaría a la AFIP para generar un régimen para reintegros del IVA para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales y para pequeños contribuyentes que efectúen las actividades indicadas en el artículo 10 de la ley 27.253.

"El 31 de diciembre de 2019 vencen los decretos de eliminación del IVA a bienes de la canasta básica que formó el gobierno anterior en agosto de 2019 (decretos 567 y 602)", relató el Ministerio de Economía el mismo día en que presentó los detalles de ese proyecto. "Estos decretos, además de generar un desfinanciamiento al Estado nacional, tuvieron dudosos efectos sobre la equidad y agregaron ineficiencias a la economía", afirmaron cerca de Martín Guzmán.

"Por esto, consideramos que es más eficiente y tiene un mayor impacto distributivo otorgar beneficios tributarios a las compras realizadas por parte de grupos vulnerables, así como también a quienes realicen acciones que estimulen comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario", completaron en esa cartera.

Los productos que no pagan IVA por esos decretos para "amortiguar el impacto de la devaluación" eran: pan, leche, aceite de girasol y mezcla, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rayado, yerba mate, mate cocido, te, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogur y azúcar. El costo fiscal, según indicaron entonces, fue de $10.000 millones.

Un mes después de lanzada la medida, tanto el gobierno de Macri como economistas privados señalaron que la decisión de eliminar esos impuestos había tenido un impacto a la baja de casi un punto en la inflación. Sin embargo, semanas después, el equipo de Fernández dijo en reuniones con supermercados y la industria -para la negociación de Precios Cuidados- que había encontrado fuertes subas en los precios con la intención de hacer "un colchón" por un probable congelamiento.