Alberto Fernández, Martín Guzmán, Kristalina Georgieva y Francisco son los responsables políticos, económicos e ideológicos de la propuesta que mañana formalizará la Argentina a los bonistas extranjeros bajo legislación internacional. Sin la participación activa del Papa y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente y su ministro de Economía no hubieran tenido posibilidades de diseñar una agresiva oferta a los inversores extranjeros que propone postergar pagos de intereses y capital hasta 2024-2025.

El Gobierno desea honrar la deuda contraída con los acreedores privados y descarta una estrategia de negociación vinculada a un eventual default, pero pretende que los bonistas extranjeros acepten las condiciones de una propuesta que va en línea con la actual situación económica de la Argentina y el futuro imperfecto del sistema financiero internacional que está bajo jaque perpetuo por la pandemia del coronavirus.

Alberto Fernández aprovechó su cercanía con Francisco para llegar a Georgieva y explicitar el apoyo de la Argentina a su particular mirada sobre el papel del FMI en el siglo XXI. La directora gerente que sucedió a Christine Lagarde no cree en los planes de ajuste y considera que el capitalismo moderno no tiene que ser rapaz y mucho menos facilitar la faena de los acreedores privados de los países emergentes.

El Presidente dialogó varias veces con Georgieva sobre la situación económica del país y le pidió que el FMI desplegará su influencia para atenuar la capacidad de negociación de los bonistas extranjeros que tienen acreencias por más de 68 mil millones de dólares. Junto a Alberto Fernández se alinearon Guzmán y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos, que en puntas de pie llegaban a Olivos para participar de las negociaciones con la directora gerente del FMI.

La estrategia del jefe de Estado ahora aparece con nitidez. Necesitaba del apoyo de Georgieva -que conversa con Francisco sobre la Argentina y el mundo-, la capacidad técnica de Guzmán y los contactos de Beliz en la Casa Blanca. La suma de las partes, en silencio y en medio de la pandemia, fue clave para elaborar una oferta a los bonistas que se alinea con la mirada actual del FMI sobre los acreedores privados de los países emergentes.

Gustavo Beliz entrando a la quinta de Olivos para participar de un diálogo telefónico con Alberto Fernández, Kristalina Georgieva y Guzmán

Gustavo Beliz entrando a la quinta de Olivos para participar de un diálogo telefónico con Alberto Fernández, Kristalina Georgieva y Guzmán

La propuesta del gobierno a los bonistas bajó legislación extranjera se diseñó en base a dos recomendaciones formalizadas por el FMI en su comunicado oficial del 19 de febrero de 2020. Esa presentación resume las conversaciones reservadas que protagonizó Alberto Fernández con Georgieva:

“Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible”, dijo el Fondo.

Y remató: “En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”.

En las últimas horas, Alberto Fernández y Guzmán hablaron por teléfono, se reunieron y chatearon para ajustar la oferta a los fondos de inversión que operan en New York, Londres y Tokio. El Presidente pasa sus horas en Olivos tratando de contener a la pandemia del coronavirus, pero considera que un cierre ordenado con los acreedores externos puede mejorar la imagen de la Argentina en los mercados internacionales y por eso decidió que la oferta se presente mañana en la cartera de Economía.

Guzmán ya ordenó que se cumplan las formalidades en la SEC de New York y revisa la presentación que hará a través de una video conferencia a los acreedores privados de la Argentina. El ministro de Economía será protagonista de una ceremonia institucional que marcará a la administración peronista y a su propia gestión en el gobierno de Alberto Fernández.

A menos que haya cambios de último momento, la oferta de la Argentina a los bonistas extranjeros tiene las siguientes condiciones:

1. Postergación del pago de intereses por cuatro años. Es decir, no se pagan cupones en 2020, 2021, 2022 y 2023.

2. A partir de 2024, se paga el interés del uno (1) por ciento, que sube por medio punto (0.50) al año, hasta llegar al interés máximo de la oferta que es cuatro con cincuenta (4.50). Entonces, el interés más alto de un cupón recién se percibirá en 2031.

3. No se paga la amortización del capital por cinco años (2025).

4. El título -desde la perspectiva negociadora del gobierno- se pagará entre 38 y 40 centavos de dólar.

Alberto Fernández y Guzmán aguardan una fuerte arremetida de los fondos de inversión que sólo aceptarían un canje de bonos a un valor que no debería estar por debajo de los 55 centavos de dólar.

El Presidente y su ministro de Economía rechazarán esa propuesta de los acreedores privados y tienen preparadas sus próximas dos jugadas: no pagarán el vencimiento del cupón del bono Global que vence la semana próxima (22 de abril) y utilizarán el período de mora de 30 días para cerrar las negociaciones.

En medio de la crisis económica global causada por la pandemia del COVID19, Alberto Fernández asume que los bonistas extranjeros buscarán una posición intermedia para cerrar el deal con la Argentina. “Nosotros queremos pagar, ahora dependerá de ellos”, dijo el presidente en la quinta de Olivos.