Alberto Fernández y Martín Guzmán trabajaron todo el fin de semana analizando tres contraofertas que los bonistas de Wall Street presentaron el viernes en la cartera de Economía, y que Infobae revela en exclusiva. Las propuestas de los fondos se encuentran aún muy lejos de la iniciativa oficial respecto a la quita prevista para el capital y los intereses, el pago de los cupones y el período de gracia.

Cada grupo que representa a los bonistas preparó su menú de acuerdo a sus tenencias y al tipo de fondos que representan. Pero casi no difiere el valor presente neto: entre 58 y 60 dólares, lejos aún de la propuesta que Alberto Fernández y Guzmán manejan en estricto secreto.

Sin embargo, en Olivos consideraron un avance importante de la negociación que los acreedores privados hayan explicitado sus intenciones económicas y financieras. La propuesta del Gobierno incluía, en términos generales, una quita de capital de 5,5% en promedio y de 62% para los intereses. Dos números que los acreedores rechazan in limine.

“Hay mucho para negociar. Lo más importante es que el 100 por ciento de los bonistas hizo una presentación, y eso significa que creen en nuestra buena fe y en nuestra voluntad de acordar", explicó a este medio un protagonista clave del gobierno en la negociación con los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos.

Alberto Fernández y su ministro de Economía diseñaron una propuesta que establece una ecuación entre el eventual crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y lo que debería asignarse al pago de la deuda para que la economía nacional no sufra un nuevo ajuste. Esta ecuación se apoya en el concepto de sostenibilidad de la deuda, que el presidente y Guzmán no piensan resignar ante las tres propuestas que presentaron los bonistas.

Como se trata de una negociación, y pese al rechazo que se manifestó ayer en Olivos, el Gobierno asume que deberá ceder en ciertos aspectos de la oferta oficial. Esas diferencias aparecen con nitidez cuando se repasan las propuestas vinculadas a la tasa de interés de los cupones, el Valor Presente Neto (NPV, en sus siglas en inglés), la quita de capital y el período de gracia.

A continuación, las propuestas

Las iniciativas de los tres comités de acreedores de la Argentina coinciden en un aspecto: la reducción a solo un año del período de gracia que en la propuesta inicial del gobierno era de tres años.

Bondholders Group

Son los tenedores de bonos globales emitidos en 2005 y durante el gobierno de Mauricio Macri y que integran Greylock, encabezado por Hans Humes, y otros fondos como Gramercy y Fintech.

No pide capitalización de bonos e implica un Valor Presente Neto (a una “tasa de salida” o exit yield de 10%) de 58 dólares por cada cien dólares nominales de la actual deuda, con una tasa promedio de 5,03%, amortización de capital a partir de 2027 y una quita de capital de 2,3%. El bono más corto maduraría en 2040.

Ad Hoc Bondholders Group

Tienen bonos del canje de 2005 pero también Globales emitidos a partir de 2016 y que integran pesos pesados como BlackRock, Fidelity, Ashmore y T.Rowe Price, propone una serie de 12 bonos nuevos, la mitad en dólares y la mitad en euros, sin quita de capital en ocho de ellos y con una quita de apenas 1% en cuatro: aquellos en euros y en dólares que maduran en 2036 y 2047.

La propuesta implica una tasa de interés promedio de 4,44%, un año de gracia y amortización de capital a partir de 2025. La propuesta implica un Valor Presente ligeramente superior a las otras dos; 60 dólares por cada 100 de deuda nominal, siempre calculada a una exit yield del 10%.

La propuesta implica canjear los actuales bonos en francos suizos por bonos en euros y dice ofrecer para la Argentina un “alivio” en el cash flow de 32.000 millones de dólares a lo largo de diez años. Los bonos más cortos madurarían en 2027 y el grupo se mantiene irreductible en su posición de que los intereses devengados durante el período de gracia se deben pagar a la madurez de cada serie.

Exchange BondHolders Group

Aunque su propuesta es “coordinada” con el Bondholders Group, el “Exchange BondHolders Group”, que integran los fondos Monarch y BHK Capital entre otros, y que tiene como asesor legal a Denis Hranitzky, el duro ex abogado de Paul Singer, otro conocido acreedor de Argentina, propone la emisión de sólo tres bonos nuevos: 2033, 2040 y un cupón ligado al PBI.

Este grupo, tenedor de los bonos del canje 2005, pide que no haya quita de capital y su propuesta implica una tasa de interés promedio de 4,75%, con amortización de capital a partir de 2027. El valor presente neto de la oferta, también a un exit yield de 10% es igual al del primer grupo: 58 dólares.

De ahí que el fin de semana dijeran que sus propuestas eran “coordinadas”, aunque diseñadas en función de las tenencias de cada uno.

La oferta del grupo BlackRock incluye además una cláusula RUFO (de extensión a quienes aceptan el canje de cualquier mejora que se ofrezca en el futuro a quienes lo rechacen) de diez años. Esto es, si el canje tuviera lugar, por caso, en junio de 2020, cualquier oferta mejor a bonistas que no acepten la oferta, anterior a junio de 2030, debería extenderse a los que sí lo hicieran en esta propuesta. Como para probar, si hiciera falta, que no regala nada, el grupo exige también que la Argentina pague todas los cargos y gastos incurridos, incluidos los del asesor legal, la firma neoyorquina White & Case.

La propuesta argentina

El Gobierno había presentado hace un mes una oferta formal ante la Comisión de Valores de EEUU (SEC, según su sigla en inglés) para renegociar la deuda emitida bajo ley extranjera que fue rechazada por los bonistas y grupos que los representan horas después. “Es lo que podemos pagar”, dijo varias veces Guzmán –y también Fernández– mientras comenzaba otra etapa de la negociación.

Esa propuesta incluía el canje de bonos por nuevos títulos que vencería entre 2030 y 2047, con rendimientos de 0,75% al 4,5%, en dólares y euros. La quita de capital propuesta era del 5,5% en promedio (que llegaba a 18% en determinados instrumentos). El Gobierno quería que los intereses, con una quita que llegaría a 62%, empezaran devengarse en noviembre de 2022 y a pagarse en 2023 en los nuevos títulos.

Lo que viene

Alberto Fernández no tiene intenciones de forzar un default, pero ya sabe que es imposible llegar a un acuerdo formal antes del 22 de mayo. Ese día vence la oferta oficial y el período de purga del pago de intereses por 503 millones de dólares atados al bono Global. El presidente no pagará si no hay acuerdo, y como es poco probable que lo haya, está asumido por los acreedores privados y Olivos que se caerá en default.

No obstante, Fernández, Guzmán y los principales fondos han reconocido en la intimidad que si hay negociación encaminada, el default sólo se reducirá a un hecho previsto en el prospecto de los Global que no debería desembocar en una presentación formal por incumplimiento en los tribunales de Nueva York.

En caso contrario, obvio, el default se aceleraría y la Argentina estaría a merced de un juicio por 66.000 millones de dólares.

“Nuestra intención es negociar y acordar. Llevará tiempo, y el 22 de mayo no vamos a pagar. Pero será un default forzado sólo por el calendario. Los bonistas entienden que pagar va contra una negociación dura. Y si todo termina en nada, ellos aún tendrán el derecho de ir a los tribunales americanos”, aseguró un integrante del gabinete que conoce los detalles de la estrategia oficial.

En el Palacio de Hacienda, Guzmán iniciará hoy la segunda fase de la negociación con los acreedores privados. En tanto, Fernández estará en Olivos a la espera de las novedades. Las negociaciones son secretas y por videoconferencia. Y los resultados finales se conocerán cuando concluya la semana. Hay vocación para acordar, en ambas partes, pero están en juego 66.000 millones de dólares. Una cifra que pone a la partida un final incierto.