Incendios: “Hoy la máxima responsabilidad es del Estado de Entre Ríos”, dijo abogado

abogado especialista en Derecho Ambiental e integrante de la Asociación Civil “Foro Ambiental San Nicolás”, Fabián Maggi,

Abogado especialista en Derecho Ambiental e integrante de la Asociación Civil “Foro Ambiental San Nicolás”, Fabián Maggi.

El abogado especialista en Derecho Ambiental e integrante de la Asociación Civil “Foro Ambiental San Nicolás”, Fabián Maggi, se refirió a la problemática repetida y sin solución de los incendios en las islas del Delta entrerriano y apuntó contra la inacción judicial y de los gobiernos nacional y provinciales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Maggi indicó que la situación en las islas del Delta “es igual o más grave que en 2020 porque el Estado no cumple con sus obligaciones legales” y aclaró que su referencia sobre el Estado “es al Poder Ejecutivo nacional, los poderes Ejecutivos provinciales, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal que en conjunto –a dos años de los primeros acontecimientos- deberían haber solucionado este escenario de grave daño ambiental”.

Consultado sobre las acciones que podría efectuar el gobierno nacional para evitar los incendios, explicitó: “Primero deberíamos analizar la real existencia y el adecuado funcionamiento de estos faros; basándonos en la experiencia concreta el faro más próximo que tenemos es el de Villa Constitución y la verdad es que es un monumento a la desidia porque no han instalado ningún tipo de infraestructura adecuada para el control y es precisamente donde se están produciendo los focos de incendio más importantes de los últimos días, frente a Villa Constitución y a San Nicolás, y ese faro está completamente abandonado, es nada más que un alambrado perimetral con una plataforma de cemento, por lo cual dudamos mucho de la existencia y de la eficacia de esos faros de conservación”.

Además, sostuvo que “si recién ahora, después de dos años, están aportando los datos de identificación de los focos, estamos hablando de un marcada desidia del Ministerio de Ambiente que tiene el manejo del Plan del Fuego y que debe actuar con inmediatez en todo esto que está sucediendo”.  “En el último tiempo aparecieron algunos helicópteros y aviones hidrantes pero es notoriamente ineficaz ese esfuerzo porque hace más de 10 días que están trabajando en esta zona y no hay cambio en la situación fáctica”, denunció.

En relación con la competencia de acción de los Estados, el abogado aclaró que “los Estados provinciales y sus Ministerios de Ambiente tienen mayor responsabilidad que el Ministerio de la Nación porque los recursos naturales son competencia originaria de las provincias y por eso la custodia, la tutela inicial, primaria, sin dudas que la tiene el Estado provincial y el Estado nacional interviene por la magnitud de la situación por la inter jurisdiccionalidad del recurso afectado, pero es una actuación complementaria”. “La máxima responsabilidad es provincial, de eso no hay ningún tipo duda y en el caso puntual, a raíz de las localizaciones de los focos de incendio la responsabilidad directa, primaria, es del Estado de la provincia de Entre Ríos”, sentenció.     

Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky

Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky.

Consultado sobre las dificultades para controlar el territorio, admitió que “las extensiones territoriales son muy importantes, inmensas, y los centros de control están alejados de los puntos conflictivos hoy, y esto pasa tanto con el municipio de Victoria como con el de Gualeguay”. Pero de todos modos, planteó que “transcurrido tanto tiempo de esta problemática y con los medios disponibles hoy en día no parece ser tan difícil determinar, en principio, cual es la ubicación del foco y quien es el propietario de esa tierra, porque además quienes vivimos sobre el Litoral del río vemos donde se producen los focos y son prácticamente siempre los mismos lugares, varía muy poco la localización”.

Sobre el accionar judicial, señaló que “además de la responsabilidad penal habría otros mecanismos por fuera del método penal que harían más alentador el escenario en cuanto a presionar con multas, sanciones administrativas, embargos, a aquellos propietarios que no cumplen con la adecuada custodia de su propiedad privada”.  

Y en este contexto, sobre la falta de avance en las causas por incendios, advirtió: “Nosotros éramos críticos de la situación anterior a la creación de este Juzgado pero el escenario hoy es peor aún porque la creación de este Juzgado ha vuelto mucho más lento el expediente. Sorprende que un Juzgado nuevo, recién iniciado, tenga más lentitud que uno que ya venía sobrecargado de su trabajo anterior como era el del doctor (Diego) Alonso. La verdad es que la impresión sobre la nueva gestión del Juzgado es sumamente negativa porque no vemos avances rápidos, dinámicos, y lo mismo está sucediendo con la investigación penal, del Ministerio Público Fiscal y las nuevas designaciones. No creemos que se esté actuando dentro del concepto de plazo razonable ni que se esté avanzando con medidas eficaces, o al menos hasta hoy no hemos sido comunicados de medidas que realmente podamos valorar en ese sentido”.

Por último, sobre los motivos de esa falta de acción judicial consideró que “puede haber varios factores que inciden: en primer lugar, fuertes intereses económicos que están relacionados con la explotación y degradación de esos sectores del Delta, relacionados al agro y la ganadería, que tienen su factor de presión, y por otra parte, también presumimos que los ciudadanos estamos atrapados en una puja política de diferentes sectores que utilizan este conflicto como terreno político”.

 

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