“No usar a los pobres”. Ese es el nombre de un trabajo de investigación que la Coalición Cívica realizó sobre los convenios que el Ministerio de Desarrollo Social firmó entre los años 2020 y 2022 con cooperativas de organizaciones sociales y otras Unidades de Gestión a través del programa Potenciar Trabajo.

En total fueron derivados $17.854.976.107,77 nominales, unos $50.907.442.987,81 actualizados al valor real por el “indicador de inflación”. Los referentes de Elisa Carrió identificaron un total de fondos asignados a las principales organizaciones sociales de $10.376.529.711,87 nominales o $30.815.537.778,43, actualizados. El Movimiento Evita recibió el 55,1% de esos beneficios.

La mayoría de los convenios fueron firmados por Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social. El funcionario, además, es uno de los principales referentes del Evita. Por esa razón, desde la CC, afirman que “está de los dos lados del mostrador”.

Según ese estudio, volcado en la web de acceso público No usar a los pobres, la segunda organización que recibió más convenios -después del Evita- pero en un porcentaje muy inferior, fue el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), referenciado en Juan Grabois -precandidato presidencial en las PASO de Unión por la Patria- con el 15,1 por ciento.

El mes pasado, el MTE realizó un encuentro dónde realizó una rendición pública a través de la cual se explicó el destino de los fondos recibidos por parte del Estado. Lo siguen la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, con el 10,5%; y las también oficialistas Somos Barrios de Pie, del funcionario Daniel Menéndez, con el 6,1%. Con el 3,7% de los convenios firmados recién aparece un movimiento social no oficialista, Libres del Sur. La organización forma parte de la Unidad Piquetera. Con el 3,6% le sigue la organización popular liderada por la cuestionada Milagro Sala en Jujuy, la Tupac Amaru.

El también oficialista Frente Popular Darío Santillán recibió el 1,7% de esos convenios. En el fondo de la tabla aparece el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, y uno de los principales impulsores de las marchas y acampes frente al ministerio de Desarrollo Social con el 1,5% de los convenios del Potenciar Trabajo a través de sus unidades de gestión y por último el MST, con el 0,7%.

En la introducción de la investigación, los dirigentes de la CC explican que todos los datos utilizados para desarrollar el informe surgen de documentación pública “a la que hemos obtenido acceso a partir de un largo proceso de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Victoria Tolosa Paz”.

Allí aseguran que “la información muestra cómo el programa Potenciar Trabajo fue cooptado por parte de organizaciones sociales y, particularmente por el Movimiento Evita, para hacer su política territorial”. Y agregaron: “Están totalmente alejados del objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas o de reducir el impacto de la pobreza”.

Por esa razón, la Coalición Cívica ya denunció ante la justicia federal: “La política de planes sociales y de empleabilidad del Gobierno Nacional actual que es el Programa Potenciar Trabajo, el cual se estableció como una reconfiguración de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, unificando ambos con el Salario Social Complementario”.

Hoy a la mañana, los dirigentes de la Coalición Cívica, a cargo de la investigación, llamaron la atención al desplegar carteles frente al histórico edificio ubicado en Moreno y la avenida 9 de Julio para denunciar que el gobierno de Alberto Fernández, desde el ministerio de Desarrollo Social y a través de varios de sus funcionarios, que responden al Movimiento Evita, habrían direccionado miles de millones de pesos, no para beneficiar a los sectores más humildes, sino para su propio despliegue territorial y político.

Entre otros, formaron parte de la protesta, el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, Juan Calandri, Juan Manuel López, Facundo del Gaiso, Fernando Sánchez, Cecilia Ferrero, Fernanda Reyes, Federico Esswein, María Pace, Héctor Toty Flores, candidato a intendente de La Matanza por la CC y Romina Braga, precandidata a legisladora provincial.

De la investigación “no usar a los pobres” formaron parte Hernán Reyes, Federico Esswein y María Fernanda Reyes y Gonzalo Romero Villanueva. El extenso informe fue titulado: La discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos a través de los convenios de financiamiento a cooperativas en el marco del programa Potenciar Trabajo.

El programa

La CC recuerda que el programa Potenciar Trabajo establece dos tipos de prestaciones. La primera y principal es el Salario Social Complementario (SSC), que se establece como un beneficio económico individual de percepción periódica, a cambio de una contraprestación en base a un plan de actividades que es auditada o verificada por las Unidades de Gestión.

En este punto, los dirigentes de la CC explican que todas las personas receptoras del Salario Social Complementario “deben formar parte de algún proyecto socio-productivo, socio-laboral, socio-económico y/o de terminalidad educativa que son conveniados con la Unidad de Gestión, la cual puede ser gubernamental (municipios o provincias) o no gubernamental (cooperativas, mutuales, fundaciones, y otras organizaciones de la sociedad civil)”.

En diálogo con Infobae, el legislador porteño de la CC Hernán Reyes, aseguró que: “Lo que hicieron con el programa Potenciar Trabajo es una vergüenza, decidieron financiar la política de expansión territorial de las organizaciones sociales con la impunidad de hacerlo con la plata del programa de empleabilidad e inclusión social”. Y sostuvo: “No es casualidad que el mismo programa que entrega los planes sociales sea el que usan para estos convenios de transferencia de dinero, mezclan todo porque son perversos”.

Reyes afirma que con la difusión de los convenio: “Queremos poner la transparencia en el centro del debate para cuestionar un programa que fracasó porque fue diseñado para fracasar y mostramos los convenios porque sabemos que usaron a los pobres y sus necesidades para enmascarar el financiamiento político en un show repugnante”. Y opina: “Los Pérsico de este Gobierno han optado por mantener un sistema de alta discrecionalidad donde ellos se reparten 50 mil millones de pesos del Estado a ellos mismos, sin controles”.

Para el dirigente, “esto no deja afuera a Tolosa Paz que hizo lo imposible por ocultar esta información y necesitamos de tres sentencias judiciales para tener acceso a estos documentos”. Y agregó: “Ahora los ponemos a disposición del periodismo y de la sociedad, porque necesitamos salir de este sistema y empoderar a las personas”.

Denuncia contra las cooperativas

Los dirigentes de la CC afirman que “la denuncia que hemos realizado no se enfoca en los titulares de los planes sociales sino en convenios de financiamiento que el Estado Nacional desde la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico firma directamente con los representantes de las cooperativas, asociaciones y fundaciones, en gran proporción, integrantes del Movimiento Evita, estando de ambos lados del mostrador”.

Por esa razón, para los dirigentes alineados con Elisa Carrió, “la plata que falta para trabajar sobre la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y promover una política de fortalecimiento de la empleabilidad se pierde en convenios con intermediarios que privilegian sus intereses políticos a las necesidades de las personas”. Y destacan: “Con el ingreso de las organizaciones sociales al ministerio de Desarrollo Social ha cambiado la lógica de este tipo de programas y se ha convertido en una repartición de los beneficiarios y de los convenios absolutamente discrecionales y orientado al desarrollo político de las organizaciones”. Además, enfatizaron: “Es la consecuencia directa de tenerlos de ambos lados del mostrador, otorgando, recibiendo y controlando el dinero público”.

En la denuncia penal, la Coalición Cívica nombró a una batería de funcionarios y dirigentes sociales vinculados a las firmas de los convenios, entre ellos los ministros de Desarrollo Social entre la fecha investigada (2020-2022), y al secretario de Economía Social; y dirigentes del Evita y algunos de los integrantes, por ejemplo, de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita.

Entre los delitos, se les imputa la posibles defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

El anuncio de la página web, dónde se describen los convenios y su posible discrecionalidad, por una cifra multimillonaria, realizada frente a la cartera social, volvieron a destacar “que el Movimiento Evita copó las principales posiciones en el Estado Nacional a los efectos de distribuir de forma arbitraria dinero a sus asociaciones, fundaciones, cooperativas y federaciones para el desarrollo político-territorial de su organización y condicionar a los gobiernos”. Y aseveró: “Es un mecanismo perverso que desvía el financiamiento público destinado a los más vulnerables”.

Discrecionalidad en el Potenciar

Para la CC la particularidad del programa Potenciar Trabajo es que cuenta con una gran discrecionalidad por parte de la autoridad de aplicación, la secretaría de Economía Social para la selección de los proyectos a ser financiados mediante estos convenios. Y remarcan: “La Secretaría de Economía Social es una dependencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y está a cargo de Emilio Pérsico”.

Según el detalle de la investigación: “Este dinero fue repartido en un total de 761 pagos entre 227 cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones”.

“Producto de nuestra investigación -se sostiene- logramos identificar la pertenencia política de la mayoría de las entidades alineadas con alguna organización social: del total, al menos $10.376.529.711 que a valor actual supera los 30 mil millones de pesos, identificamos que fueron a las organizaciones sociales”, el 95% vinculada al gobierno del Frente de Todos que encabezó el binomio presidencial Alberto Fernández-Cristina de Kirchner.

La documentación que figura en el link de acceso público, la documentación demostraría que la más favorecida fue el Movimiento Evita, dirigido por el propio Pérsico “que es quien se encarga de asignar estos convenios y recibió el equivalente a $15.803.619.444 entre 2020 y 2022 a valores actuales”. Además, “la siguen el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que dirige Juan Grabois y recibió $4.003.811.176, luego la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que dirige Juan Carlos Alderete, que recibió $3.200.786.450 y detrás de ellas se encuentran Barrios de Pie, que recibió $2.038.310.399 y Libres del Sur, que recibió $1.244.222.225″.

“Entendemos que la discrecionalidad con las que se celebran los convenios no solamente se refleja en la distribución de los recursos sino también en la forma en que se distribuye territorialmente los proyectos”, sostiene el informe. Y destaca: “Analizando la cantidad de proyectos que se realizaron en cada provincia sobre el total de convenios celebrados nos muestra una preponderancia en la participación de la Provincia de Buenos Aires” y recuerda que “cada convenio incluye proyectos en más de una jurisdicción”.

Esta preponderancia de la Provincia de Buenos Aires, con la concentración del 55,35% de los convenio “se ajusta a lo observado por la cantidad de dinero destinado en concepto de convenios a entidades con domicilio en los diferentes partidos de la provincia”. A Buenos Aires le siguen: CABA (20%); Misiones (18,14%); Chaco (17,67%); Jujuy y Salta (17,21%) y Corrientes (15,35%).

Según los dirigentes de Elisa Carrió después de analizar ese hecho: “Se observa claramente el marco objetivo de desarrollo político-territorial en el conurbano bonaerense cuando 2 de cada 5 pesos de los convenios se destinó a entidades con domicilio en el Gran Buenos Aires”.

Para la CC no les resulta casualidad que las organizaciones sociales hayan armado el Partido Patria de los Comunes en torno al Movimiento Evita y se hayan centrado en los municipios de mayor desarrollo como son La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Lanús, y Moreno.

Y explican que: “En Moreno tienen la intendencia -Mariel Fernández que busca su reelección- y en tres de los distritos disputarán la intendencia en agosto -a través de internas en Unión por la Patria-. Patricia Cubría (La Matanza), Lis Díaz (Tres de Febrero) y Agustín Balladares (Lanús)”.

“Asimismo, -continúan analizando- existen intereses marcados en Lomas de Zamora donde tienen de candidato a concejal a Juan Francisco Navarro (el hijo de Fernando “Chino Navarro”) en lista de unidad en el 5to lugar”. Navarro, junto a Pérsico son los líderes del Movimiento Evita. También es funcionario público en la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Casos testigo

En la extensa documentación, se desprenden algunos casos testigo de las cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones que integran la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la que formó parte Pérsico y que preside Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La Cooperativa Padre Mujica, por ejemplo, recibió convenios de Potenciar Trabajo por $204.600.000 que equivale a valores actuales a unos $672.871.061,91. También fueron beneficiados con $15.000.000 en subsidios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que está a cargo de Alexandre Roig, también dirigente del Movimiento Evita.

La representante de la Cooperativa Padre Mujica es Agustina Burwiel quien ha sido parte de listas en la Facultad de Ciencias Sociales de UBA con miembros del Movimiento Evita y cercana a Lis Diaz, concejala del partido de Tres de Febrero y actualmente precandidata a la intendencia por el Movimiento Evita.

La Cooperativa la Patriada recibió convenios de Potenciar Trabajo por $267.671.087,50 que a valores actuales representa $802.713.985,22. Emilio Pérsico fue presidente de la cooperativa antes de asumir como Secretario de Economía Social y también se desempeñó como directivo de la Federación de Cooperativas de Trabajo EVITA LTDA. En representación de la Cooperativa La Patriada. Romina Selzer fue Presidenta de la Cooperativa y responsable del Movimiento Evita de San Fernando. Actualmente es Directora de Desarrollo de Infraestructura Local del Ministerio de Desarrollo Social.

La Asociación Civil Crepúsculo de Moreno fue beneficiada con convenios de Potenciar Trabajo por $93.950.000 que a valores actuales equivale a unos $357.281.632,19. Esta asociación forma parte del Movimiento Evita en Moreno donde gobierna intendenta Mariel Fernández, dirigente del Evita y pareja de Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP.

Conclusiones

La lista de cooperativas vinculadas al Evita beneficiadas desde la secretaría de Economía Social es más extensa. Pero valen como ejemplo. La documentación oficial revela que esto ocurre no solo en Buenos Aires, sino también en Jujuy, Mendoza, Catamarca, Entre Ríos, Formosa y Entre Ríos, entre otras provincias.

Los dirigentes de la CC concluyen en su extenso trabajo “es el manejo político que realizan estos funcionarios de los fondos públicos. Un verdadero saqueo al Estado en función del armado territorial y político de estos sectores”. Y entienden que: “Varios integrantes del Movimiento Evita ingresaron a la función pública y establecieron un sistema que les permite inyectar dinero para sus círculos de acción. Tomaron los cargos de gestión, definieron esquemas normativos laxos y ambiguos que les permitían un manejo discrecional y arbitrario, y se aprovecharon de ello”.

Para los dirigentes alineados con Carrió, de esta manera “se construyó así una especie de Estado Paralelo, donde la gestión de las políticas sociales para las personas deja de depender del Estado y pasa a depender de los vínculos con algunas organizaciones sociales”.

Según esa interpretación, se utilizó “la figura de la economía popular, la malversación de las estructuras institucionales y la deformación de las cooperativas de trabajo al servicio del desarrollo político del Movimiento Evita” manejo que “ha concluido en una total desprotección de las personas”.

Fuente. Infobae