Antonio Tardelli

Pueden ser provocación, sinceridad o cálculo las referencias críticas que presidenciables como Mauricio Macri o Sergio Massa hicieron escuchar acerca de la política de derechos humanos del gobierno nacional. “Se acabará el curro”, advirtió el jefe de Gobierno de Buenos Aires. “Hay que cerrar el tema”, sentenció (con aclaración posterior) el dirigente de Tigre.

La tercera hipótesis, la del “cálculo”, es en todo caso la que en mayor medida debiera interpelar a la sociedad. ¿Es que algunos candidatos advierten lo irrelevante que resulta para amplios sectores de la sociedad la insistencia en otorgarle centralidad a las políticas de juicio y castigo a los actores de la dictadura? En tal caso, la mala nueva es evidente. Ello no implica, sin embargo, que no existan razones objetivas que expliquen el hastío.

Al menos dos causas se conjugan en el fenómeno. La más importante, aunque probablemente la menos gravitante en términos de fastidio popular, es el carácter instrumental que el kirchnerismo otorgó a la política de derechos humanos. Siempre fue más una herramienta de legitimación que verdadero compromiso (sin perjuicio de la activa participación de quienes, inscriptos en el oficialismo, trasladaron su genuina vocación reparadora al peronismo gobernante, de dudosos pergaminos en la materia según y conforme sus antecedentes gubernamentales posteriores a la recuperación democrática de 1983).

La segunda es que sectores de clara vocación democrática, aunque de menor compromiso con la problemática, advierten que en efecto la bandera de los derechos humanos se terminó convirtiendo en magnífica coartada para perpetrar actos de corrupción mucho más ligados al materialista ámbito de, digamos, la obra pública que al venerable terreno de las libertades personales y la dignidad humana. El affaire Bonafini-Schoklender expresa de manera arquetípica esta imperdonable confusión.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del martes 23 de diciembre de 2014)