La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de un grupo de entrerrianos acusados de conformar una banda dedicada a la emisión de facturas apócrifas para favorecer la evasión fiscal. Ratificó la medida contra Alejandro Darío Schneider, señalado como organizador, y otros diez integrantes de lo que se considera una asociación ilícita tributaria que operaba mediante la creación de "usinas" de facturas falsas. Los embargos confirmados alcanzan los 80 millones de pesos para el líder y 62 millones para el resto de los miembros.
En la resolución dictada el lunes, los camaristas Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, consideraron que la investigación reunió elementos suficientes para sospechar del funcionamiento de una red criminal que montó una compleja estructura societaria para evadir impuestos nacionales.
Una fábrica de créditos fiscales ficticios
La investigación, que se remonta a una denuncia de la PROCELAC en 2013, describe una organización con base en la localidad de Libertador San Martín dedicada habitualmente a la creación y comercialización de facturas falsas. Estas "usinas" permitían a distintos contribuyentes disminuir de forma fraudulenta sus bases imponibles de IVA y Ganancias ante la AFIP.
En 2018 fueron los 51 allanamientos: 8 en Libertador San Martín, Departamento Diamante, en domicilios de los acusados de organizadores; 29 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en empresas y estudios jurídicos contables y escribanías, consideradas piezas fundamentales en el armado de las sociedades; 8 en el conurbano bonaerense; uno en Mar del Plata y uno en La Plata.
Se analizaron dos periodos delictivos: el primero, de 2008 a 2015, con la creación de firmas como GIRS SA y Ciudad Constructora S.A., que carecían de infraestructura, bienes registrables o empleados reales; el segundo, de 2010 a 2018, con la extensión de la maniobra a través de decenas de nuevas sociedades (como Aires del Litoral S.A. y Planeta Marketing S.A.) que presentaban declaraciones juradas en cero, domicilios inexistentes y repetición de socios o contadores.
Las defensas de los imputados presentaron diversos argumentos para solicitar la revocación de los procesamientos. Uno de ellos es la vulnerabilidad económica de parte de los acusados: la defensora pública oficial Noelia Quiroga alegó que varios de sus asistidos son personas de escasos recursos y bajo nivel educativo. Argumentó que actuaron como "prestanombres" o "testaferros" fungibles, firmando documentos sin comprender su alcance técnico a cambio de ingresos inmediatos para subsistir.
En cambio, las defensas particulares como la de Rodrigo Cosenza y Hernán Ganza sostuvieron que sus intervenciones fueron conductas "lícitas y socialmente adecuadas" propias de empleados administrativos o profesionales. Alegaron que el alta de impuestos o la publicación de edictos no prueban el conocimiento de un plan criminal global.
En tanto, la defensa de Schneider (quien continúa como presidente de la Liga Paranaense de fútbol) negó que haya sido el organizador, afirmando que sus empresas (como Royal Energy S.A.) tenían actividad comercial real y que la coincidencia de domicilios fiscales se debía simplemente a que compartían el mismo contador, Matías Rodríguez.
Evidencia de una estructura coordinada
El fiscal general José Ignacio Candioti rechazó de plano las nulidades y descargos. Sostuvo que la prueba es "voluminosa" y surge de 47 allanamientos, informes bancarios y escuchas telefónicas.
El fiscal destacó que el archivo digital “Historia laboral matías” detalla explícitamente cómo se conseguían testaferros para constituir nuevas sociedades y realizar presentaciones ante la AFIP. Asimismo, valoró las escuchas telefónicas donde los miembros de la banda expresaban temor ante los allanamientos, mencionaban haber "borrado todo" del material informático y confirmaban que los honorarios de los abogados de todos los "empleados" eran pagados por los organizadores.
Organización y ocultamiento de pruebas
Al resolver, la Cámara Federal confirmó que existen "elementos de convicción suficientes" para sostener la acusación de asociación ilícita tributaria en esta etapa procesal.
Afirmaron que se verificó un acuerdo de voluntades con distribución de funciones y una permanencia en el tiempo orientada a la ilicitud fiscal. El tribunal resaltó que la mayoría de las firmas figuraban en la base de contribuyentes no confiables (e-Apoc) de la AFIP y operaban desde una misma dirección IP. Desestimó que los imputados desconocieran la maniobra y señaló hubo episodios como el intento de ocultar pruebas (borrado de archivos) y la reiterada participación en múltiples sociedades sin actividad real.
Los magistrados consideraron que los montos (80 y 62 millones de pesos) son adecuados para garantizar el pago de eventuales multas y costas, dada la magnitud del perjuicio fiscal investigado y el grado de compromiso de los involucrados.
