El designado embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, informó a la justicia entrerriana que está notificado del juicio en su contra en la causa denomina “Sueño entrerriano”, fijada para agosto y septiembre de este año.

La respuesta fue ante una diligencia ante el Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio internacional y Culto que realizó el juez Alejandro Grippo, en la cual buscó notificar por esa vía al dirigente de las audiencias que se realizarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.

El oficio había sido emitido el pasado 17 de abril por el vocal de Juicio Grippo, quien había hecho lugar a un pedido de los Fiscales Ceclia Goyeneche, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.

La solicitud de notificación mediante Cancillería había surgido a raíz de que el exmandatario no había podido ser informado de la suspensión del juicio por “La causa de la vaca” que se iba a realizar este mes.

Respuesta escueta

Finalmente, la respuesta de Urribarri a la Oficina de Gestión de Audiencias llegó mediante correo electrónico el viernes 18. Allí informó que “se encontraba notificado de la fijación de audiencias de debate”. En otro correo, su abogado Raúl Barrandeguy puso en conocimiento el domicilio fijado por Urribarri para ser notificados de las novedades del caso en calle Garat Nº 291, de la ciudad de Concordia.

Además, hizo saber que su defendido “se encuentra notificado de la audiencia de juicio oral en estas actuaciones”. Por ello, el juez de Juicio y Apelaciones N° 6, Alejandro Grippo, dejó sin efecto las diligencias del Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriorers, Comercio Internacional y Culto, publicó Entre Ríos Ahora.

Causa “El sueño entrerriano”

La causa tiene fecha de juicio para agosto y septiembre de este año. Eln tribunal está compuesto por los jueces Alejandro Grippo, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.