El proceso de salvataje del Correo Argentino, el paso previo a la declaración de la quiebra, que vencía este viernes por la mañana contó a último momento con cinco inscriptos: cuatro empresas y una persona física.

Todos ellos se presentaron para salvar a una compañía que no tiene actividad y está plagada de deudas, pero de este modo la empresa de la familia Macri logró una vez más dilatar la quiebra y el pago de la deuda millonaria que tiene principalmente con el Estado y otros 700 acreedores privados desde hace más de quince años. La quiebra de la empresa insignia de correo postal argentino significaría que Socma, accionista de la misma, debería hacerse cargo de las deudas.

Las empresas que ofertaron como interesadas en la adquisición del capital social de la compañía concursada (es decir, las deudas) y salvar a la familia Macri son las siguientes: Organización Courier Argentina SA (Ocasa), Transporte Chimiray SRL, MV Cargo SAS, Valuaciones SA y Jorge Alberto Anselmi que se presentó como persona física, publicó el diario Página/12.

Todo queda en familia

* Ocasa es la empresa logística propiedad de Héctor Colella, ex socio de Alfredo Yabrán en OCA y sindicado como su “heredero”.

Colella se quedó con la empresa hasta venderla al Exxel Group. Uno de los negocios más conocidos que concretó la firma en los últimos años fue quedarse con la distribución de las ventas de Mercado Libre, que perdió OCA. En la cuarentena, logró duplicar su negocio de e commerce en medio de la caída generalizada de las ventas. La compañía también tiene negocios con TGLT, firma controlada por PointState que adquirió la constructora de Nicolás Caputo, el amigo del Cardenal Newman del ex presidente Mauricio Macri. Además, compartió un proyecto de una empresa de consultoría en temas relacionados a la seguridad, Seguridad Integral Templar SA, con el ex ministro de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego legislador porteño Andy Freire y con el ex secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, entre otros ex funcionarios macristas.

* Transporte Chimiray SRL es una de las empresas del ex embajador argentino en España durante el gobierno de Macri, Ramón Puerta.

Puerta es un histórico aliado del ex presidente y se reconoce amigo de Macri. Durante la previa a las elecciones presidenciales de 2015, en las que el ex diputado nacional por la provincia de Misiones dio un signo de apoyar la posible candidatura de Sergio Massa, declaró “yo estuve con Macri y soy su amigo, pero soy peronista”. Su presencia en el salvataje a través de su empresa de transporte que cuenta con pocos empleados, pareciera confirmar que Mauricio Macri acudió a sus amigos para ganar tiempo y seguir dilatando el proceso judicial.

* MV Cargo SAS es una Sociedad por Acciones Simplificadas.

La Sociedad por Acciones Simplificadas es una figura jurídica que implementó el macrismo para constituir sociedades de manera más rápida y con menos controles que el que se le exige a una sociedad anónima.

La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas y la responsabilidad de los socios está limitada a sus acciones. Esta fue creada en el 2018 por Sergio Daniel Villarreal y Carlos Mariano Moiraghi. “No tiene empleados registrados ni antecedentes crediticios, pero sí un cheque rechazado en enero de 2020 por falta de fondos. Eran 20 mil pesos, pero dicen que quieren hacerse cargo de la multimillonaria deuda de Correo Argentino”, informó El Destape.

* Valuaciones SA es una empresa registrada como inmobiliaria, cuyo presidente es José María Fresco.

Si bien no se la vincula directamente con la familia Macri, su balance no corresponde con las cifras que se necesita para hacerse cargo de la deuda del Correo.

* Jorge Alberto Anselmi se presentó como particular. La empresa Organización Anselmi, de la que podría ser dueño, también entró en concurso de acreedores y se encuentra pagando la deuda desde el año pasado.

La causa por el Correo Argentino viene de larga data. La empresa estatal fue concesionada por la familia Macri entre 1997 y 2003, año en el que se rescindió el contrato por incumplimiento. En 2016 y con Macri como presidente, el Poder Ejecutivo aceptó la propuesta de condonación de deuda que, según un cálculo de la Procuración General, implicaba la quita de un 98,87 por ciento en detrimento del Estado. Este hecho finalmente no se consumó.

También la fiscalía rechazó una última oferta de pago de la familia Macri por considerarla abusiva y en detrimento del Estado. Como no se pudo lograr un acuerdo entre el deudor y los acreedores se puso en marcha el proceso de salvataje que estipula la ley de Quiebras. La empresa estuvo muy cerca de quebrar, pero la presentación de estas empresas postergó la decisión judicial.