En la andanada de acusaciones públicas, el exgobernador Sergio Urribarri denunció por supuestas “coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a la exprocuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche. El abogado mediático de Urribarri, Fernando Burlando, señaló a la exfiscal por presunto “abuso de autoridad”, en el marco de la causa que lo tiene como principal investigado junto al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

La presentación realizada por Burlando y Javier Ignacio Baños recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46. Urribarri solicitó ser incluido como querellante por encontrarse “particularmente ofendido por los delitos denunciados” e indicó que los mismos “configuran una situación de extrema gravedad institucional que atraviesa de forma transversal a toda la institución del Poder Judicial Provincial y su Ministerio Público Fiscal”.

Y destacó que “se encuentran comprometidos el derecho a la no auto incriminación, a la libertad del denunciante, el principio republicano de gobierno, el debido proceso legal constitucional y la interpretación del principio de inocencia”.

En una primera investigación conocida públicamente como “megajuicio por corrupción” se condenó a Urribarri en abril de 2022. Siendo embajador argentino en Israel y Chipre, Urribarri recibió una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que fue confirmada por la Cámara de Casación de Entre Ríos en mayo de 2023 y este año obtuvo otro conforme con la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Pero la nueva denuncia presentada por Burlando señala supuestas coacciones de la exfiscal en otra investigación, aquella que también tiene como imputado al empresario paraguayo Cardona Herreros y varios funcionarios políticos y exfuncionarios de la gestión urribarrista por presuntas coimas, a partir de contrataciones del Estado. Esa causa está frenada por la actividad de las defensas. En febrero comenzó la remisión a juicio pero quedó suspendida por las recusaciones contra jueces.

En paralelo, la condena a 8 años derivada del “megajuicio” está en condiciones de comenzar a cumplirse, lo cual motivó otra serie de recusaciones, denuncias y acusaciones públicas. “Los magistrados, parecen haber olvidado la vigencia de leyes básicas como la 5140 -de contrataciones de publicidad- ; 11043 -que modificó dicha normativa- la ley 25520 -que exigía autorización judicial para recabar información sobre las comunicaciones telefónicas; 24059, y otro sin número e preceptos como las que ordenan el proceso, o las leyes que establecían las funciones de la Contaduría General, o las leyes 19550 o los propios arts. 209 al 213 de la Constitución Provincial”, asegura Burlando en sus presentaciones, argumentos que ya fueron usados durante la sustanciación del juicio y dirimidos por diferentes tribunales.

Al tiempo que retoman argumentos defensivos expuestos en el juicio, las defensas exponen supuestas relaciones de parentesco o “amistad” y “enemistad” entre jueces y fiscales como explicación a una “persecución penal” contra el exgobernador.

“La denuncia es increíble. Urribarri y Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo el periodista y director de ANÁLISIS, Daniel Enz a La Nación. Es que Enz es uno de los acusados por Urribarri. “Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en ANÁLISIS, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena. En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”, negó Enz.

Burlando presentó una denuncia en Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli desestimó el planteo y lo remitió a Paraná, pero la jueza María Servini solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de Entre Ríos la remisión de los expedientes para analizarlos. Y decidirá dónde continuará la causa.

"Lo va a determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es quien lo tiene que resolver. Es muy bueno que haya un juez con ganas de investigar lo que acaba de denunciar Urribarri, pero sin lugar a duda la última palabra la va a tener la Corte. Para cualquier observador imparcial que analice los hechos con una mediana objetividad esto es escandaloso, no es un debido proceso legal constitucional", apoyó Baños, quien forma parte del equipo defensor liderado por Burlando.