José Amado

De ANÁLISIS

El mercado de armas de fuego y municiones en el ambiente delictivo de Paraná registró un cambio novedoso el año pasado: de la tradicional circulación de armas sin registrar o provenientes de distintas fuerzas de seguridad, las bandas pasaron a la compra de armas de guerra registradas ante ANMAC a través de prestanombres, con la posible complicidad de un comerciante habilitado. Una compleja investigación de la División Homicidios y de Criminalística, instruida por el fiscal Laureano Dato, durante varios meses, desentrañó este nuevo sistema, similar al que recientemente se observó también en la ciudad de Rosario.

El punto de quiebre fue la balacera ocurrida el 10 de mayo de 2024 en calle República de Siria, en la zona oeste de la capital provincial. La banda de los Butiérrez y la los Pais-Barzola se venían enfrentando desde hacía un par de meses en una típica disputa por la venta de drogas en el barrio. La escalada no tenía límites hasta que aquella tarde se dispararon más de 20 tiros con armas de grueso calibre: dos hombres involucrados en el conflicto resultaron baleados, además de una mujer que pasaba caminando y recibió un balazo en una mano.

Al día siguiente se reunieron el fiscal Dato, el por entonces director de Investigaciones Ángel Ricle y el Procurador general Jorge García para buscar la forma de frenar una situación que parecía incontrolable. Se identificaron a los integrantes de las bandas y los posibles lugares relacionados. Allanaron 27 domicilios, donde secuestraron bastante droga y celulares, pero no aparecían las armas de fuego. Detuvieron a integrantes de ambas bandas, algunos de los cuales ya están con condenas de prisión efectiva.

Por un lado, la División Scopometría de Criminalística analizó las vainas servidas de las balaceras ocurridas en la zona de calle República de Siria y en otros puntos de la ciudad relacionados a las bandas. Advirtieron que había varias pistolas, todas del calibre 9 milímetros, que se utilizaban frecuentemente y aparecían una y otra vez en esos hechos. Una de ellas pertenecía a la Policía de Entre Ríos. En el gráfico se ilustra con una línea de tiempo la repetición de los tiroteos, los lugares y la trazabilidad de las armas identificadas a través de los indicios balísticos.

Por otro lado, personal de Homicidios comenzó a analizar la información extraída de decenas de celulares secuestrados. A través de la del programa UFED, bajaron miles y miles de mensajes y realizaron un informe de 130 páginas donde surgía información sobre la provisión de armas de fuego. Encontraron que integrantes de las distintas bandas se comunicaban con dos personas para encargarles pistolas y balas: Lautaro Villanueva, un albañil de 33 años, y Jonathan “Jona” Duarte, un empleado municipal de 42, eran el nexo para con seguir las armas.

Hasta acá se pensaba que estos dos hombres conseguían armas a través de algún canal delictivo y se las vendían a las dos bandas del barrio La Floresta. En las emanas previas y posteriores a aquella balacera del 10 de mayo, tenían una demanda desesperada por armas y balas. Por ejemplo, un menor de edad de la familia Butiérrez se contactó con los dos y les aclaraba la urgencia del encargo. Todos querían 9 milímetros porque las otras “no sirven”. En abril, Duarte le ofrece una pistola a uno de los Pais y le manda una foto. Luego la negocia con Villanueva, quien se la vende a los Butiérrez.

En septiembre, la Policía allanó una vivienda en el marco de una causa por narcomenudeo instruida por la fiscal Sofía Patat. En esa vivienda se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con un número registrado a nombre de Villanueva. La información fue compartida con la investigación que venía llevando adelante Dato, y causó sorpresa porque en general quienes están en el mercado negro de armamento no se registran ante el Estado.

Entonces, pidieron a la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) un informe sobre el hombre inscripto como legítimo usuario y el organismo informó que Villanueva no tenía un arma inscripta sino 16. Pidieron otro informe respecto a Duarte y surgió una situación similar: el municipal estaba registrado como legítimo usuario y tenía cuatro armas a su nombre. En su mayoría eran pistolas 9 milímetros, otras 40 y 380, todas consideradas “de guerra”. Asimismo, compraban municiones a granel: por cada pistola 9 milímetros se pueden comprar hasta 1.000 balas por año.

De este modo ingresó en la trama el comerciante que les vendía las armas a Villanueva y Duarte: ambos iban a la Armería Paraná, ubicada en avenida Ramírez y Colón, propiedad de Martín Mocciaro. El rol de este hombre aún está bajo la lupa porque la Fiscalía tiene sospechas sobre su responsabilidad en el circuito de provisión de armas que terminaban en manos de bandas delictivas. Entre 2023 y 2024, un albañil sin suficientes recursos le compró 16 armas de grueso calibre, a un promedio de unos 800.000 pesos cada una, y miles de balas.

Una posibilidad es que Villanueva y Duarte hayan incursionado en el negocio de registrarse como legítimos usuarios luego de realizar los trámites de rigor, ya que ninguno tenía antecedentes penales, para vender las armas y la cartuchería a los delincuentes. Pero la hipótesis principal en esta causa es que eran prestanombres de las bandas, quienes encargaban y financiaban la compra del armamento. Ninguno de los dos fue jamás a hacer una práctica al Tiro Federal y tampoco se conoció que hubiesen ido a otro lugar.

En los múltiples allanamientos del 17 de diciembre, la hipótesis se confirmó: Villanueva no tenía ni una sola de las 16 armas de fuego que compró; Duarte tenía dos pistolas en su casa que están siendo peritadas para saber si fueron utilizadas en alguna de las balaceras. Al dueño de la armería le secuestraron 45 armas, tanto en el local como en la casa de su pareja, que estaban debidamente registradas, pero carecían de documentación o pasos para la inscripción en ANMAC.

La jueza de Garantías Elisa Zilli impuso 60 días de prisión preventiva para los dos intermediarios en el circuito de armas, como habían pedido en la audiencia los fiscales Laureano Dato y Cristian Giunta. Están imputados por provisión ilegal de armas de fuego agravado por la habitualidad, que tiene una pena de cuatro a 15 años de prisión.

Durante enero, Scopometría elaborará el informe con los cotejos sobre las armas secuestradas en los últimos allanamientos con los indicios balísticos de los enfrentamientos armados ocurridos en Paraná. Las 16 armas compradas por Villanueva aún se encuentran en la calle.

Este nuevo circuito de provisión ilegal de armas de fuego se detectó también en Rosario en 2024: un grupo de prestanombres se registraban como legítimos usuarios en ANMAC, compraban en una armería gran cantidad de pistolas y balas sin respaldo económico, que luego eran utilizadas por las bandas narcos de la ciudad.

Los casos de Paraná y de Rosario evidencian cierto descontrol sobre el mercado de armas, que podría verse agravado con la flexibilización que el Gobierno nacional pone en discusión y que, de hecho, ya comenzó con la baja de la edad permitida para comprar armas a 18 años.