La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a dos años y seis meses de prisión, en suspenso, del exfuncionario de Vialidad de Entre Ríos, Jorge Abel Rodríguez,  investigado por manejos irregulares de fondos públicos destinados al sostén de una escuela privada y al aporte a una campaña solidaria realizada en el Chaco. 

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa de Rodríguez porque no cumplía con los parámetros establecidos en la acordada 4/2007 que estipula cómo deben ser las presentaciones ante esa instancia. De esta manera, quedó firme la condena a dos años y medio de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex funcionario como coautor del delito de peculado. Además, la sentencia incluyó la obligación de realizar trabajos comunitarios durante ocho horas mensuales.

La causa se había iniciado tras una investigación periodística en la revista ANÁLISIS que puso la lupa sobre Jorge Abel Rodríguez, entonces titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de la provincia de Entre Ríos, y quien luego ocupó la subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Junto a él también fueron investigados otros funcionarios de la DPV, como Néstor Kemerer y Mario Heyde.

La investigación periodística realizada por Jorge Riani se publicó en la Revista ANÁLISIS el 16 de junio de 2015, donde se detallaban las situaciones irregulares en Vialidad. 

A fines de septiembre de 2015, tras la publicación, exdiputados provinciales hicieron la denuncia contra Rodríguez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. La denuncia reportaba manejos irregulares en la administración de dinero público para sostener una escuela privada y para una campaña solidaria en la provincia del Chaco, apartándose de las funciones que establece ley de creación de Vialidad, Nº 2.936. Se los acusó de la contratación de once personas para que prestaran servicios como docentes y no docentes de la escuela, pero empleadas por la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, ya que sus salarios eran abonados por el organismo. Además, fueron cuestionados por ceder en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años, los galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez. Las obras del predio se realizaron con fondos asignados al presupuesto de la DPV. Por el manejo de esos fondos, se abrió una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa.

En 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condenó a Rodríguez y a Kemerer y absolvió a Heyde. La Cámara de Casación confirmó la sentencia. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también desestimó la presentación en queja que había llegado a instancia. La defensa de Rodríguez buscó la revisión en la Corte Suprema de Justicia cuestionando la valoración de la prueba y las figuras legales aplicadas. Sin embargo, la presentación que llegó en queja al máximo tribunal presentaba defectos formales y fue desestimada.