Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS

“Todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, reza un sabio precepto constitucional. Pero los desvíos morales a que se suele aferrar la mala política determinan que algunos se sientan más “iguales” que otros. Y en el abanico de situaciones que van alejando a la ciudadanía del interés por intervenir en la cosa pública y compartir responsabilidades cívicas, se instalan las prebendas que convierten a ciertos caciques de la mala praxis política en ciudadanos de primera impunes ante las leyes a la hora de examinar su itinerario por la ruta de la inmoralidad y el abuso.   

Hoy está más firme que nunca una persona (D.G.) con identidad reservada y cuyos discípulos crecen casi exponencialmente, inspirados en las mellizas llamadas Corrupción e Impunidad que se aman intensamente.

A este personaje por ahora anónimo se le metió en la cabeza que la igualdad ante las leyes es sólo una enunciación formal, ignorando que la única desigualdad es aquella que deriva del juego de virtudes y maldades, aciertos y errores que las prácticas políticas exponen en la vidriera.

Las contiendas electorales recrean casi consuetudinariamente modalidades discursivas y líneas estratégicas no siempre compatibles con la ética, la seriedad y la verdad. Agresiones mezcladas con mentiras e infundios integran el todo vale a la hora de captar sufragios. Pero el recelo lleva a reflexionar que la promesa más seductora, menos confiable resulta. No importa qué color político se tiene, porque hay mañas que la política proporciona generosamente. No existe ningún cuestionamiento cuando en las boletas figuran corruptos huidizos de los jueces bajo el amparo de los fueros.

Esa persona de que hablamos suele estudiar en qué momento salir a recorrer lugares que había sacado de agenda al abandonar sus aposentos y qué obras que deliberadamente se postergaron para las postrimerías de los mandatos serán inauguradas. Repartir beneficios que se hallaban agendados para la campaña, copar medios de comunicación con una lluvia de mensajes que apuntan a convencer al elector indeciso y algún que otro spot con ditirambos propios y ataques contra el competidor más peligroso, son ya un clásico.

Las órdenes y enseñanzas de la tal D.G. (probadas en combate) devienen del fondo de la historia y sus réditos siempre son suficientemente jugosos como para despreciarlos. Siempre habrá un punto de confluencia para las promesas edulcoradas con frases muy bien elaboradas por las agencias. Aquí cabe efectuar una aclaración necesaria: en el caso de los mensajes oficiales de cualquier orden (municipal, provincial o nacional), que demandan altos costos al erario público, debe diferenciarse –al momento de su justificación- cuándo se trata de “publicidad de los actos de gobierno” y “derecho a la información” preceptuados por nuestra Ley Suprema y en qué circunstancia se trata de una agresiva y superabundante “propaganda” que incluye auto adjetivaciones y no siempre son bien vistas por la ciudadanía. Es que encima, estas erogaciones se solventan con recursos salidos del bolsillo de los esforzados contribuyentes. Los famosos gastos reservados que no se publican ¿qué destino y justificación tienen?

Esto, en cada turno de gobierno del color que sea, proviene de las tácticas de doña D.G. y que además, se extiende al uso descarado de bienes del Estado para la acción proselitista en todas sus dimensiones: traslados, organización de mitines y la parafernalia ya conocida. El uso indebido de bienes inventariados por los organismos públicos y sometidos al uso y abuso de funcionarios en plena campaña es delito (todo aquel que se enoje, pierde).

No es cosa intrascendente el abuso en la colocación de pasacalles en sitios prohibidos por ordenanzas: entre columnas de iluminación pública o sostenedoras de elementos indicadores del tránsito, además de árboles (aquí se cree que si todos lo hacen se convierte en legítimo). No se puede naturalizar la vulneración de ninguna norma.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), –cada vez más cuestionadas bajo el principal argumento de que irrumpen en la vida interna y el funcionamiento de los partidos, generando grietas y resquicios para maniobras non santas, tanto como la tramposa Ley de Lemas- también figuran en el protocolo nefasto de D.G. que muchos siguen al pie de la letra. Recientemente  en una primaria un candidato triunfó sobre sí mismo (Ripley sigue vigente). Años atrás otro candidato se fabricó un falso competidor para justificar su participación en la consulta y así poder medir su potencial.

Argumentar que están sostenidas en leyes, no garantiza que sean buenas ni estén aderezadas con sentido común.  Desde que se instauraron han ocurrido situaciones que desvirtúan supuestos buenos propósitos (si es que los hubo).

Para llegar a nuestra hasta ahora desconocida D.G. es menester posar la mirada en las formas y hasta maquinaciones con fines de superar escollos y lanzar al costado del camino a los factores que ponen en dificultades determinados planes.

Existe un ardid que se utiliza como estrategia para alcanzar el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público en busca de apoyo. Un buen uso de la retórica, la desinformación, la agnotología (tratado de la ignorancia) y la propaganda, adosados al encolumnamiento mediante halagos al ciudadano, se tornó un instrumento generalizado inventariado en el libro de oro de las tácticas orales.

Aristóteles fue el primero en definir esta práctica como “la forma corrupta o degenerada de la democracia, que lleva a la institución de un gobierno tiránico de muchos o de unos que gobiernan en nombre del pueblo”. Como se advierte,  D.G. es un fenómeno que carga muchos siglos y aquel al que le quepa el sayo que se lo calce.

Esa persona secular, indeseable, perniciosa y dañina para la diafanidad, honorabilidad y decencia política, tiene nombre y apellido: se llama Dema Gogia. Y es muy querida por no pocos por sus inestimables servicios prestados en el arte de sumar adhesiones de cualquier manera. Los anuncios atractivos y edulcorados de los gobiernos de turno en tiempos electorales, son tan pueriles como las promesas de los opositores que ellos mismos en su fuero íntimo saben que no cumplirán. Esto responde al asesoramiento de la tal señora Dema que parece ostentar la licenciatura en travesuras comiciales.

“El progreso social, el desarrollo e intensificación de los vínculos humanos, no pueden ser impulsados mediante falacias o engaños, estrategias mañosas (…) inducirán a las gentes a aceptar un sistema cuya mecánica no comprenden y que, de momento, abiertamente rechazan”. (Liberalismo-1927) Ludwig von Mises, economista, historiador y filósofo austriaco.

También se ocupó de estas cuestiones Tzvetán Todorov (crítico, historiador, lingüista y literato búlgaro-francés): “En el espacio público considero que practicar la demagogia populista en una suerte de discurso oscuro con apariencias de profundidad, transgrede un contrato”.

Aclaremos en beneficio de D.G. que ella no es culpable de que los funcionarios candidatos no pidan licencia especial para hacer campaña como corresponde (en nuestra provincia existen registros de casos en que se obró con honestidad). Tampoco es responsable de que el resultado de las últimas PASO haya generado una reacción negativa de los mercados traducida en escapada de precios, estampida en la cotización del verde billete norteamericano y lo peor, desconfianza del electorado atribuido ello al recelo proveniente del eventual resultado en las urnas.

En medio de la actual campaña que ha exhibido bastante de agresividad, el binomio Fernández-Fernández celebró el Día de la Lealtad en honor de alguien a quien nunca antes exaltaron. Fue tan hipócrita como si Herodes celebrara el Día de los Jardines de Infantes.

Cuando en el segundo debate Macri le recordó a Fernández haber sido Jefe de Gabinete durante la corrupción K, éste respondió que “al enterarme de ello renuncié”. Tras haberle destinado a su ex jefa graves denostaciones por TV, el pasado 18 de mayo se anunció que sería cabeza de fórmula del Frente de Todos.

Hay normas precisas que obligan a los funcionarios públicos a denunciar ante la Oficina Anticorrupción todo acto corrupto dentro del Estado del cual tuvieren conocimiento. Ello está considerado un deber moral y una obligación legal. Alberto Fernández no  hizo lo que debía.

El dinero que la Nación empezó a reintegrar a las provincias por mandato judicial y referido a recursos de coparticipación apoderados ilegítimamente por el gobierno K desde mediados de 2005, fue reclamado judicialmente desde entonces pero la Corte postergó por años su sentencia. ¡Oh sorpresa! la terminó dictando por estos días en perjuicio del actual gobierno nacional.  Y no es casual.