Por José María Varangot (*)
La comprobación que existía en el gobierno de Fernández una operatoria de vacunación para privilegiados y allegados al poder por fuera del circuito implementado para los argentinos comunes, ha provocado una crisis inesperada pero que ante todo nos muestra en carne viva, un comportamiento imperdonable de varios políticos, gremialistas, periodistas, empresarios amigos, es decir, parte de la dirigencia argentina en general. Por supuesto que no son todos oportunistas y ventajeros, justamente por eso, se debe conocer quiénes son, para no efectuar generalizaciones injustas. Sobre el tema debemos tener cuidado en no caer en razonamientos “inconducentes de la verdad”. En ese sentido es indistinto si el “vacunatorio vip” funcionaba en el Ministerio de Salud o no, dado que se comprobó que vacunas y vacunadores provenían del Posadas, que es uno de los 3 únicos hospitales que hay en el país que dependen de la Nación. También resulta un error, según mi criterio, cargar las tintas sólo en el Ministro, pues existe corresponsabilidad en los vacunados. Asimismo tampoco debemos aplicar en éste caso, la usual apelación a la Justicia. Lo que está en juego es la ética, la dignidad y la igualdad frente a una peste que nos está devastando, sufriendo enormes dificultades para poder vacunar, incluso, a los sectores más expuestos al virus, por eso, es imprescindible que las decisiones, en los distintos ámbitos, se adoptan con la determinación que tuvo el Presidente, con su Ministro, de manera de conocer y castigar a aquéllos que entronizaron en lo más alto, el tan nefasto, amiguismo y clientelismo político que tanto nos caracteriza.
Los argentinos sabemos y reconocemos que frente al Covid-19 el principal problema es la falta de vacunas a nivel mundial, que la futura distribución y aplicación será lenta y penosa y que los países productores de ellas, no han podido cumplir con los compromisos asumidos, como nos pasó con la Sputnik V y otras. Es por todo ello que lo sucedido se torna más grave aún, pues varios de los vacunados “por debajo de la mesa”, perciben sus ingresos de los impuestos y/o aportes sociales y sindicales de la clase trabajadora.
Es imperativo, para recobrar la confianza social, que la administración actual adopte las medidas que corresponden, sabiendo que esas acciones no debemos justificarlas sólo en la tipificación de un artículo del Código Penal, pues se trata de haber lastimado la dignidad de los argentinos como ciudadanos. De no adoptar ese temperamento estaríamos aceptando que hay vidas que son más importantes que otras. El gobierno debe recuperar su agenda y seguir gobernando pero para ello, debe contar con la confianza de la ciudadanía. En caso que ello no ocurra no tiene sentido la creación de un Consejo Económico y Social o mencionar la transparencia y la justicia como inspiradores de sus decisiones. Para poder continuar gobernando, debe haber coherencia entre los que se dice y lo que se hace.
(*) Abogado, productor de campo y Dirigente FAA.