La jurisprudencia de la corrupción

Por Carlos Pagni (*)

Si uno retira un poco el zoom de la vida cotidiana, de las polémicas de cada día, que en el clima de un país gobernador por Javier Milei son constantes, y mira el paisaje general, va a ver que la Argentina y la política están atrapadas en una enorme paradoja. La historia nos ha traído a través de infinidad de factores a un momento económico, de nuevo, extraordinariamente dramático. Existe un Estado elefantiásico que creció durante los últimos 20 años de manera insostenible. Vemos un desbarajuste fenomenal de precios relativos, valores que se tornan inalcanzables para salarios y jubilaciones que se van licuando. Hay ajustes de tarifas que se vuelven difíciles de afrontar con el sueldo normal que ofrece la economía argentina. Contamos con una economía asfixiada por regulaciones estatales, y una inflación que estuvo al borde de la hiper cuando llegó el actual gobierno. Este es el paisaje en el que se inserta el liderazgo de Javier Milei.

Ese liderazgo contrasta con el tamaño de las dificultades, porque el electorado encargó resolver esta agenda a una administración carente de senadores y diputados, sin anclaje territorial por falta de intendentes y gobernadores, con poca relación con el mundo sindical y en conflicto con los movimientos sociales. En resumen, hablamos de un gigantesco problema económico que requiere medidas muy desagradables y que tiene como encargado para su resolución a un equipo con una gran indigencia en términos institucionales.

Milei compensa, conscientemente o no, estas fragilidades propias y de su grupo a través de una gran convicción, un sentido misional que bordea o se confunde con lo religioso. Va en pos de sus objetivos, que son muy pocos y muy lineales, con una pasión ajena a cualquier tipo de formalidad, como si se llevara todo por delante. Está logrando, a pesar de esa falta de recursos políticos, algunos objetivos importantes. Uno tiene que ver con su obsesión, que es la baja del gasto público, que fue llevaba a cabo a hachazos, por medio de una gran licuación y contracción del gasto, que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) pregunta si es sostenible. Y logró también una baja de la inflación a costa de una recesión inquietante.

La historia quiso entonces que un momento de decisiones tan duras sea abordado por un equipo de políticos con recursos institucionales muy escasos. Grandes problemas, pocos recursos y tres límites principales: un límite judicial, dentro del cual se inscribe la gran polémica que se ha abierto en la Argentina por la integración de la Corte; un límite político-institucional, que podemos llamar “gobernadores-Congreso”; y un último límite, social, un tanto misterioso.

El límite judicial es el que le plantea la Justicia al Gobierno, demarcación obvia y objetiva que se agudizó por la peculiaridad de La Libertad Avanza de carecer de fuerza parlamentaria. Si se carece de apoyo en el Congreso, muy probablemente la gestión se va a tener que basar en Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y esos DNU, por su misma naturaleza, son polémicos y terminan en la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Supremo hoy tiene sobre la mesa infinidad de temas de alta sensibilidad política. Entre ellos, el DNU 70/23, una gran carta a los Reyes Magos con una cantidad de reformas en su articulado. Está en la Justicia porque, entre otras cosas, algunas provincias como La Rioja plantearon la inconstitucionalidad completa de este decreto. Como ya le pasó a Macri, todo el paquete tarifario también terminará seguramente en la Corte. No nos olvidemos que Milei está tratando de ajustar las tarifas en tres meses y el máximo tribunal, de manera tácita, le había impuesto a Macri en el año 2016 que podría llevar a cabo el mismo ajuste en un período de tres años. Muy probablemente la Corte le ponga un límite a Milei, si decide ser consistente con sus otros pronunciamientos. La discusión con las provincias es otro tópico que alcanzó a la Justicia. En los últimos meses vimos una incansable negociación del ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores. Y mientras avanza esta negociación, que puede ser exitosa y llevaría a que la semana próxima puede llegar a tratarse en el Congreso la reforma fiscal, el impuesto a las Ganancias y la ley de Bases, las provincias han ido introduciendo distintas demandas en la Corte de manera casi silenciosa. Objetan la caída de giros desde el estado nacional para distintos fondos como el educativo o de transporte. Objetan el DNU en su totalidad. Objetan que el Gobierno no les cubre determinados gastos provinciales. La Corte se transformó en un árbitro con gran injerencia en la relación entre provincias y Nación, que sólo en apariencia se sitúa solamente en una mesa entre gobernadores, Francos y eventualmente Luis “Toto” Caputo. Fuera del ámbito económico, los jueces del máximo tribunal del país tienen otros temas de mucha sensibilidad que tratar. Por ejemplo, el interrogante de si es constitucional o no la reelección indefinida del gobernador de Formosa. Para ponerle nombre y apellido, Gildo Insfrán.

Esta es la agenda de la Corte. Un gobierno con poca fuerza parlamentaria tiene que estar muy sensible a la cuestión de la relación con los jueces. Hay que poner el foco en una figura muy importante de toda esa trama, que captó esa sensibilidad de Milei muy temprano: Ricardo Lorenzetti, un juez con una extraordinaria capacidad de operación política que advirtió que Milei podía llegar a tener un problema con sus colegas de la Corte, con quienes él está peleado a muerte, aunque de manera muy elegante. Muy probablemente Lorenzetti empezó a hablar con Milei después de las elecciones primarias, en agosto del año pasado. Y lo sumó al entonces candidato de La Libertad Avanza muy sutilmente en su pelea con el resto de los jueces del tribunal. Es algo que se puede imaginar. No es algo de lo que haya pruebas. Pero cuando Horacio Rosatti dijo que la dolarización no era constitucional, al oído de Milei Lorenzetti pudo haber dicho: “¿Viste que te genera un obstáculo aun antes de que llegues?”. Cuando Rosatti dijo que había que tener cuidado con la cuestión Malvinas y que no se podía manipular, se lo puede conjeturar a Lorenzetti diciéndo a Milei una vez más: “¿Viste que vos defendés a Thatcher? Te está hablando a vos”. Imagino que cuando Rosatti, en un acto en Lomas de Zamora, dijo esperar un gobierno de unidad nacional, Lorenzetti le pudo haber dicho al actual presidente: “¿Ves? Está hablando a favor de un gobierno de Massa, que está predicando la unidad nacional, al revés de lo que predicas vos, que es la guerra contra la grieta”. Lorenzetti fue sembrando en un terreno hipersensible gran cantidad de sospechas, porque seguramente a Milei la Corte le debe resultar un artefacto misterioso y amenazante. Lorenzetti consiguió despejar esas sospechas, que él mismo sembraba, proponiéndole a Milei y a su hermana Karina la integración de la Corte con jueces proclives a darle satisfacción a las necesidades judiciales del gobierno. Allí aparece un juez extraordinariamente controvertido que es Ariel Lijo, la encarnación de ese lugar sospechado de tantos vicios que es Comodoro Py. Los tribunales federales de la Capital Federal donde se absuelven los casos de corrupción.

Lorenzetti logra que Milei y su hermana vean como muy favorable la candidatura de Lijo y logra un segundo objetivo: que se reforme el método de designación de los jueces de la Corte para, por adelantado, designar al reemplazante de Juan Carlos Maqueda, que se jubilará el 29 de diciembre. Para ese cargo, el Gobierno propone a un jurista de derecha, conservador e intachable desde el punto de vista ético y técnico, que es Manuel García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, universidad ligada al Opus Dei. Este lunes, el Gobierno postuló de manera oficial estas dos candidaturas. Manuel García-Mansilla no genera reparos de tipo institucionales o morales. Lijo sí. Ha desatado una ola de objeciones en gente preocupada por la calidad institucional. Su candidatura ha abierto una tensión en todas las fuerzas políticas, también en La Libertad Avanza. Hay razones para todo eso. A Lijo se lo intentó investigar en el Consejo de la Magistratura y esa investigación fue abortada. Se detuvo en el momento en el que empezaron a aparecer los datos que indicarían que es socio de su hermano Alfredo Lijo, un operador judicial, en un haras muy opulento dedicado a la cría de caballos de carrera en Dolores, el Haras La Generación. Se le abrió una denuncia por iniciativa de Elisa Carrió en el juzgado de Julián Ercolini. Se lo “investigó” a Lijo y a su hermano, además de a otras figuras ligadas a ellos, en el juzgado de Julián Ercolini. La investigación fue delegada en el fiscal Franco Picardi. Pero la pieza clave de toda la información respecto de los movimientos financieros de Lijo y Alfredo, que procedía de un informe de la UIF, no fue utilizada ni por el juez ni por el fiscal. El defensor de Lijo en esa causa era el ministro de Justicia de este gobierno, Mariano Cúneo Libarona.

Es importante el concepto político más que la caracterización del personaje. ¿Qué expresa Lijo? Es el nombre y apellido que mejor representa ese lugar cenagoso que es Comodoro Py. Y podríamos pensar todo esto, paradójicamente, en términos de Milei. Podría pensar que Milei tiene bastante razón cuando denuncia la existencia de una casta política corrupta. Lo que no termina de ver Milei, curiosamente, es que para que la casta política practique la corrupción, tiene que haber una casta judicial que provea impunidad. No hay una casta política sin una casta judicial. Si uno mira la genética de Comodoro Py, cómo fueron designados esos jueces, va a darse cuenta que en la mayoría de los casos se los puso en su cargo deliberadamente, con un criterio que fue proteger la corrupción de aquellos que los designaban. Este problema, ni más ni menos, arranca con Carlos Menem. Entonces, hay una superposición de dos problemas. Un problema que la política tiene en todo el mundo, que es la corrupción. Y otro problema que no en todos lados existe, que es la impunidad, garantía judicial de que los corruptos no van a ser molestados.. Eso es lo que encarna Lijo. Por eso, Comodoro Py está de fiesta. Hoy había en Infobae una nota, a mi juicio un poco exagerada si uno chequea la información, que decía que todos los miembros de la Cámara Federal, el tribunal de alzada que revisaría las causas que trataría Lijo, emitieron una especie de acordada para recomendar que Lijo sea juez de la Corte. Cuando uno pregunta, dicen: “No, no hubo ninguna acordada. Fuimos dos o tres a los que nos llegó un formulario para adherir a la candidatura. No todos adhirieron…”.

Hay una presión enorme de los amigos de Lijo para que ahora, que empieza el período de impugnaciones de candidatos a juez de la Corte, en el Senado haya pronunciamientos de distintos tribunales federales a favor del candidato. Como si fuera un representante de la corporación judicial.

En la nota de Infobae hay algo gracioso. Estos camaristas, cuando supuestamente defienden la postulación de Lijo, lo hacen recordando las causas que tuvo que tratar en su juzgado y las enumeran: dicen que fue el juez de Ciccone, de Siemens, fue el juez del caso Rucci, del Correo Argentino. Sería mejor para Lijo que no mencionen esas causas, porque en todas él hizo tropelías. Muchas veces ellos mismos, los jueces que dicen que Lijo tiene que ser juez de la Corte, lo tuvieron que corregir por los desaguisados que hizo en su juzgado, que no solamente consisten en tomar medidas equivocadas o arbitrarias o inducirlas de mala manera, sino en dormir causas. Hay una que se abrió en el año 2008, también iniciada por Carrió, a quien hay que hacerle un homenaje por la constancia que ha tenido en la lucha contra la corrupción. Es la causa por la entrega del 25% de YPF a la familia Eskenazi, un caso que todavía no se cerró. Desde 2008 está abierta. Pasaron 16 años. Si Lijo hubiese demostrado que los Eskenazi entran a YPF por la puerta de la corrupción, probablemente la Argentina no tendría que pagar en Nueva York 16 mil millones de dólares como probablemente tenga que hacer por una demanda de un fondo al que los Eskenazi vendieron sus derechos de litigio por la estatización de YPF.

De una manera indirecta, Lijo nos estaría debiendo a los contribuyentes argentinos 16 mil millones de dólares por esta costumbre de dormir las causas, costumbre por la cual fue denunciado en la Justicia penal por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de que sea deprimente, esto es interesante porque no estamos hablando sólo de que puede llegar a la Corte un juez muy sospechado de corrupción. Estamos hablando de que ese juez garantiza una cadena de corrupción hacia abajo, refuerza un sistema que arranca en los “Lijo”, en muchos otros jueces de primera instancia que también tienen tendencias a caminar por el borde externo de la ley. Se fundaría así una jurisprudencia de la corrupción.

Se va consolidando un sistema, se va volviendo cada vez más opaco un poder que ya es opaco, como es el Poder Judicial Federal, que es el que tiene que resolvernos, entre otras cosas, el problema del narcotráfico.

Esto ha desatado una ola de objeciones. Comenzaron en el Colegio de Abogados de la Ciudad, cuyo presidente, Alberto Garay, habló abiertamente de que es muy inconveniente y triste que el Gobierno esté postulando a Ariel Lijo como juez de la Corte. El Colegio Público de Abogados, que este martes celebra una elección interna para ver si reeligen o no a Ricardo Gil Lavedra como presidente. Gil Lavedra un jurista con una voz poderosísima en muchos sectores de la vida institucional de la Argentina y, sobre todo, de la vida política, en el radicalismo sobre todo, se expresó la semana pasada diciendo que sería muy importante recuperar el criterio de género para reemplazar a Elena Highton y que sea reemplazada por una mujer y no por Lijo; y que un juez debe ser intachable. No puede ser que llegue a la Corte un juez con semejante discusión ética a su alrededor. Esa posición de Gil Lavedra es más meritoria porque está buscando este martes en el Colegio de Abogados su reelección y ahí hay mucha gente ligada a Lijo, que está buscando votos para Lijo, como por ejemplo al binguero Daniel Angelici, con una considerable influencia en esa institución.

El párrafo central de esta declaración dice: “Uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo es un juez acusado de corrupción y de connivencia con actores políticos y económicos acusado de diversos delitos de acción pública, como integrantes del cuestionado fuero federal de comodoro Py. Lijo representa una forma de ejercicio del poder judicial incompatible con los principios y valores que deben guiar a esos servidores públicos en una sociedad democrática. Su desempeño judicial ha sido reiteradamente criticado por datos objetivos relacionados con la demora y la inacción de investigación de causas de corrupción. Una causa por enriquecimiento ilícito en su contra se cerró de manera controversial en marzo de 2021, (la causa de Ercolini y Picardi). Su nominación a la Corte Suprema no solo importa por llevar las prácticas más cuestionadas del país, si no que señalan al resto de los integrantes del Poder Judicial que el modelo a seguir es el de jueces orientados por lo que marca la política, la protección indebida de intereses privados y de intereses espurios”.

Es curioso que despierte este tipo de planteos, diagnósticos y advertencias un gobierno que vino a liberarnos de la casta, de la corrupción del sistema. Todo esto sucede en el plano de la vida de las organizaciones más bien ligadas a la vida jurídica.

El jueves de la semana pasada, hubo un pronunciamiento muy importante de Mauricio Macri. Indica el comienzo de una nueva configuración que se está dando en la política, con lineamientos que todavía no están del todo definidos pero que se pueden ir adivinando. Sucedió en una reunión privada de una institución financiera, Latín Securities, que se celebró el jueves y viernes en Punta del Este. Allí Macri dijo tres cosas:

”A mí no me gustan los cupos femeninos, pero creo que hay que integrar mujeres en las instituciones y también en la Corte, inclusive porque tienden a ser menos corruptas, le agregan transparencia a esas instituciones”, dijo. En segundo lugar, “es muy importante que un juez de la Corte no genere controversias, que sea intachable, que genere un consenso alrededor de su idoneidad y calidad moral. Después se verá su ideología”. Pero lo más interesante fue el tercer concepto, que le serviría a Milei escucharlo: “Todo proceso de recuperación económica, de progreso económico, requiere de una sustancia especial, de una condición: la confianza”. Y agregó Macri: “La confianza, en última instancia, no la proveemos los políticos, la proveen los jueces”.

La clave de tener una Corte idónea, no sospechada de corrupción, no sospechada de moverse por razones distintas de las que están en los expedientes, es que el país necesita esa institucionalidad para salir de la ciénaga en la que se encuentra y también para salir de la crisis económica.

Contaba un colega que estuvo con el CEO de una empresa tecnológica que le dijo que estuvo en California, hace 15 días, hablando con sus inversores, y la primera media hora tuvo que estar explicando quién era Ariel Lijo. No es un tema indiferente para el mundo material, para el mundo de la inversión. Es un tema central también para algo que le interesa a Milei: el alineamiento internacional. Un país con un sistema institucional opaco se alinea con países opacos. Hay otra perplejidad de un gobierno que dice que se quiere alinear con las repúblicas del mundo y manifiesta tanta negligencia nada menos que en el armado del tribunal más importante del país.

Es importante la voz de Macri porque influye en mucha gente y probablemente influya en los senadores del Pro que tienen que votar. Por ejemplo, una senadora muy relevante, Guadalupe Tagliaferri, que está en la Comisión de Acuerdos, no sabemos qué va a hacer. Pero habrá que suponer que no se dejará condicionar por la íntima amistad de Horacio Rodríguez Larreta con Lijo y su novia, Genoveva Ferrero. Este tipo de relaciones personales terminan condicionando decisiones importantes. A veces, hasta por compromisos afectivos o sociales.

En la UCR también hay un debate. Este lunes hubo cuatro diputados del radicalismo -Fernando Carbajal, de Formosa; Pedro Galimberti, de Entre Ríos; Marcela Inés Coli, de Córdoba; y Manuel Aguirre de Corrientes- que pidieron a las autoridades del partido que rechacen la candidatura de Lijo. Es interesante porque el presidente del partido es Martín Lousteau que tiene que votar en el Senado si Lijo sí o Lijo no. Y Lousteau, que tiene ideas tan claras, tan contundentes, y en muchos casos bienvenidas, sobre distintos aspectos de la administración de Milei, en este tema, duda. No sabe si quiere o no quiere. No sabe qué opinar sobre Lijo.

Los entramados personales también tienen que ver en este caso, porque el radicalismo de la Capital, al que representa Lousteau, está dominado por figuras como el binguero Angelici, que es uno de los punteros que hoy tiene Lijo para conseguir votos en el Senado. Otra figura del radicalismo de la Capital, ligadísima a Antonio Stiuso, su secretario privado, es Lucas Nejamkis que también busca votos para el juez Lijo, probablemente desde el submundo de la inteligencia. Es interesante porque Nejamkis el año pasado viajó a Madrid con Lijo y con el fiscal Ramiro González. Y con Guillermo Coppola, otro colaborador de Stiuso. Viajaron en un avión Gulfstream alquilado a la familia Messi. Un viaje inexplicable. Se habló mucho del viaje a Lago Escondido, pero este pasó casi inadvertido.

El Gobierno sigue sospechando, con la presunción sembrada por Lorenzetti en su pelea interna con los demás jueces, la idea de que la Corte puede ser una obstrucción para todo el proceso de normalización económica. A pesar de esto hubo una reunión importante el jueves pasado, que se celebró en la Casa Rosada. Estuvo el jefe de gabinete, Nicolás Posse; Santiago Caputo, una figura central en el entorno de Milei y a quien él reconoce buena parte de su triunfo; y la doctora María Ibarzabal, una colaboradora muy estrecha de Caputo que acaba de ser nombrada como secretaria de Planeamiento Estratégico. Esa reunión con diputados y senadores del radicalismo, fue organizada por el Gobierno, por el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, y por el presidente del bloque de senadores, Eduardo Vischi.

Santiago Caputo planteó: “¿Ustedes qué van a hacer con Lijo? Porque queremos aclarar que, para nosotros, o es García-Mansilla y Lijo, o no es ninguno de los dos”.

Milei ya había dicho lo mismo que Caputo. Los dos o ninguno. Para entender todo este tema hay que mirar a una persona que es Cristina Kirchner. Es imposible que Lijo sea juez si Cristina no alinea a los senadores que le responden en el Congreso detrás de la candidatura de Lijo. Ella no se ha expresado. Hay todo tipo de versiones, algunas que dicen que Wado de Pedro y Gerónimo Ustarroz ya la convencieron de estar a favor de Lijo. Y que ella aclara que le dicen que es corrupto pero que son todos iguales. Otras versiones dicen que todavía está mirando algo que a ella obsesiona, que es la relación entre Lijo y Clarín. Como todo el mundo sabe, ella cree que su destino está en manos de Héctor Magnetto.

Acá está el problema central: es imposible designar a Lijo en la Corte si la señora de Kirchner no pone los votos. Y es imposible que ella ponga los votos, por razones obvias, si no hay una garantía de impunidad en las causas donde está complicada. Es decir que, por el camino del armado de la Corte, por el camino de los consejos de Lorenzetti a Milei, por el camino de las peleas de Lorenzetti con sus colegas, en las que Milei probablemente entró sin darse cuenta, llegamos al final de un gran tema. Estamos frente al desenlace de una historia de por lo menos 15 años de debate escandaloso: la corrupción del kirchnerismo, que saldría impune si toda esta operación se corona.

Ahora se entiende mejor todo, mirando para atrás. No es casual que el candidato sea un juez de las características de Lijo. ¿Por qué no eligieron a otro? Porque es muy difícil conseguir a otro que garantice de antemano este tipo de fallos que requiere Cristina Kirchner para poner los votos en el Senado. Hace falta que Lijo sea como es para que haga lo que se le pide.

El problema es: ¿Cristina Kirchner está en condiciones de imponer a Lijo en lugar de una mujer, para reemplazar a Highton, y además imponer a un jurista antiabortista como García-Mansilla? ¿O votarán a Lijo y a García Mansilla lo dejarán afuera? Y si sucede eso, ¿qué hace Milei, al que se le estarían riendo en la cara? En este contexto vale la frase de Santiago Caputo: o son los dos o no es ninguno. ¿El Gobierno ensaya una salida ante la “encerrona Lijo”? Lo que es seguro es que la Casa Rosada estará mirando qué decide la Corte en la reunión de Acuerdos que celebra este martes por la mañana. Será una señal sobre la verosimilitud de las alarmas que instaló Lorenzetti en la cabeza de Milei.

Es muy interesante lo que sucede hoy en esta gran reconfiguración que hay en la Argentina si uno mira a Milei y mira a Cristina. Pareciera que hay zonas de enemistad absoluta. Uno se cansa de ver declaraciones, manifestaciones y movimientos de dirigentes ligados a Cristina oponiéndose a la política económica de Milei. O a la política exterior. Sin embargo, hay un plano en el que Milei y Cristina coinciden. No pueden ponerse de acuerdo sobre el aumento de tarifas, sobre la recesión, sobre la política social, pero pueden ponerse de acuerdo sobre algo mucho más importante: cómo armar la Corte

Hay otro punto de contacto: los ataques a la prensa. En el instituto Patria había una fiesta porque Milei castigó a Jorge Lanata. Lanata tuvo una opinión absolutamente previsible sobre lo que pasó en la Casa de Gobierno a raíz del ataque de Irán a Israel. Un ataque muy condenable, muy sensible para la Argentina, porque tenemos un conflicto nacional con Irán por los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA Pero Lanata dijo, y lo dijo con un nivel de moderación y respeto que es poco habitual en él, que ningún embajador, ni de Israel ni de Bélgica ni de ningún otro país, debe participar de reuniones de gabinete. El Presidente no dijo “Lanata está equivocado”. Podría decir eso y dar su opinión. Pero no, dijo “Lanata miente”., Es muy habitual que Milei confunda error, un eventual error, con mentira. ¿Qué diferencia hay entre el error y la mentira? Que la mentira tiene una carga moral y normalmente cobija una intencionalidad. Así se va formando la idea de que el periodismo no se equivoca, sino que hace operaciones. Estamos a un paso de que Milei nos diga que hay una conspiración organizada por el periodismo. En cualquier momento aparece Magnetto en escena con la Corte. En cualquier momento, en términos institucionales, volveríamos al kirchnerismo.

(*) Periodista, publicado en La Nación

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