Contra la ley de emergencia, habrá desconexión virtual y no regresarán clases presenciales

AGMER sede central

El Plenario de Secretarios Generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) que se reunió este lunes de forma virtual rechazó el proyecto de ley de emergencia solidaria que envió el gobernador, Gustavo Bordet, a la Legislatura y planteó “que la crisis la pague el capital financiero, los que jamás aportaron”.

En el extenso documento al que accedió ANÁLISIS, señalaron que “las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser –una vez más- la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis” y manifestaron su “absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6”.

Afirman además que “la definición de “aporte solidario” es absolutamente falaz”, que los artículos cuestionados “significan llanamente un saqueo al bolsillo de los trabajadores activos y jubilados” y plantean que “se observa la existencia de sectores económicos que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo, mucho menos “solidario”. Y eso no es, en absoluto, “justicia social”; es mezquindad”. 

Ante ello, plantean una serie de medidas entre las que se cuenta “un apagón /desconexión virtual en todo el sistema educativo para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio” y “declarar el no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana en caso de que se apruebe el proyecto”.

Declaración del Plenario

El plenario de Secretarios y Secretarias Generales, que ha sesionado en forma virtual con el propósito de analizar y debatir sobre la coyuntura que estamos viviendo, manifiesta su total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6 del Proyecto de Ley anunciado por el gobierno de Bordet referente a la declaración de la Emergencia pública en materia económica, financiera, sanitaria y fiscal.

Tal cual lo comunicara el viernes último nuestra Comisión Directiva Central de AGMER las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser –una vez más- la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis. Mucho menos cuando hemos sido, precisamente, quienes venimos sosteniendo cotidianamente la educación y la salud públicas en estos tiempos de pandemia, por lo general en la primera fila, atendiendo los comedores escolares y enseñando a distancia; en los hospitales y en los centros de salud, con salarios carentes de toda recomposición incluso desde antes de declararse la presente emergencia sanitaria. A pesar de encontrarnos en frente a un escenario jamás imaginado por nadie, el esfuerzo y el compromiso asumido son ejemplo suficiente de la concepción de solidaridad que tenemos los trabajadores.

Esta organización sindical ha venido acompañando y ayudando de distintas formas frente al avance de la pandemia, en los comedores y merenderos, brindando nuestras instalaciones como lugar de resguardo y aislamiento, en la provisión de insumos para elementos de prevención. A esto lo seguiremos haciendo, convencidos de que junto a nuestras maestras y maestros, profesoras y profesores y los equipos directivos ponemos por delante nuestras mejores actitudes de entrega y sacrificio para lograr superar estos tiempos.

Desde ese lugar entendemos que la definición de “aporte solidario” planteado en el Proyecto del Ejecutivo conducido por el gobernador Bordet es absolutamente falaz. Las y los trabajadores de esta provincia ya hemos puesto lo suficiente en esta crisis, rechazamos el aumento de los aportes previsionales personales; repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82% móvil y demandamos a la Legislatura de la provincia en su totalidad, diputados y senadores provinciales, que se abstengan de aprobar este proyecto de ley que atenta contra derechos históricos conquistados por la clase trabajadora.  Es por ello que exigimos la derogación de los artículos citados anteriormente, por dos motivos centrales: el primero porque significa llanamente un saqueo al bolsillo de los trabajadores activos y jubilados. El segundo es que observamos la existencia de sectores económicos que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo, mucho menos “solidario”. Y eso no es, en absoluto, “justicia social”; es mezquindad.

El Proyecto, así, carece de cualquier pretensión “progresista”. Para las y los trabajadores el aumento de los aportes personales es una medida regresiva. Ya lo hemos manifestado reiteradamente: es salario, no es ganancia. Y en contextos de agudización de crisis económica como la que transitamos, tocar los haberes de los trabajadores adquiere un matiz fuertemente confiscatorio.

 Alertamos que estos aportes que nos quieren imponer no irían a financiar nuestra caja de jubilaciones. Teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho públicas el gobierno provincial, ese dinero  se destinará a aportes coparticipables con los municipios de la provincia, o sea que los descuentos que recibiríamos los trabajadores, pasarán a engrosar las Rentas Generales de la provincia, en vez de ir a su lugar legítimo que es nuestra Caja previsional,  a la vez que declaramos que el supuesto déficit de la Caja no los generamos los trabajadores y tampoco lo debemos pagar nosotros; mucho menos los compañeros jubilados. Esto se suma al atropello y manoseo por parte del gobierno cuando se nos instaló por fuerza de Ley el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora.

Como se plantea en el documento de la Multisectorial de Entre Ríos, en la que AGMER participa, es hora de que el esfuerzo solidario lo hagan los sectores concentrados de la economía que –sistemáticamente- vienen escapándose del esfuerzo contributivo. En esa línea sostenemos que el Proyecto debe profundizar la dirección que apenas ensaya en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual,a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.

Además de avanzar decididamente con el impuesto a las grandes fortunas, redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, del incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias.

Reiteramos, una vez más, que la profundización de la crisis económica, social y sanitaria ha golpeado con dureza sobre el salario de las y los trabajadores, y la docencia de ninguna manera es la excepción. En Entre Ríos el avance de la pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta y una paritaria abierta. Hoy gran parte de nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar.

Exigimos la urgente convocatoria a la discusión salarial que ponga los ingresos por arriba de los índices de pobreza y dé cuenta de los índices inflacionarios, tal como fueron las palabras del Gobernador Bordet. Sostenemos que el salario no es ganancia y exigimos urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los acuerdos paritarios anteriores.

Denunciamos y repudiamos las intenciones del Ejecutivo de la provincia en ajustar el salario de las y los trabajadores mediante proyectos claramente regresivos y confiscatorios.

Exigimos a la Legislatura que se abstenga de avanzar en el tratamiento de cualquier punto que signifique cercenar derechos adquiridos. Demandamos que estén a la altura de lo que hoy necesitan los sectores laborales, en una de las peores crisis de la historia nacional y mundial.

Como lo manifestó nuestra Comisión Directiva Central, este sindicato se declara en alerta permanente. Las y los trabajadores activos y jubilados ya hemos y venimos haciendo el esfuerzo desde hace años. Es hora de que los costos de esta crisis la paguen los capitales concentrados de la economía, verdaderos responsables de las angustias del pueblo.

Por salarios arriba de la línea de pobreza, por otra distribución de la riqueza y ante esta crisis social que estamos soportando exigimos desde este plenario a Diputados y Senadores  a decir NO a dicha reforma.

Es por esto que este plenario resuelve:

- Realizar un apagón /desconexión virtual en todo el sistema educativo para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio.

- Declarar el no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana, en caso de aprobarse el proyecto de ley de emergencia presentado por el gobernador ante la legislatura provincial y mientras no estén dadas las condiciones edilicias, sanitarias y salariales luego de la pandemia.

- Publicar una carta abierta a los legisladores bajo el formato de solicitada. 

- Realizar acciones departamentales que definirán las respectivas comisiones directivas.

- Elaborar y avanzar en Campañas en las redes sociales desde todos los sectores de nuestro sindicato en defensa de nuestros derechos y conquistas.

- Promover y realizar entrevistas con los legisladores de la provincia en cada uno de los departamentos en conjunto con la Comisión Directiva Central (CDC) de AGMER.

- Coordinar acciones en unidad con otras organizaciones sindicales y sociales para llevar adelante estas reivindicaciones y luchas.

Plenario de Secretarios Generales: Seccionales Colón, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador , Tala, Uruguay, Victoria, Villaguay.

AGMER CDC

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