“Es básicamente un conflicto familiar que ha derramado en la política”, definió la ministra de Gobierno de la provincia, Rosario Romero, al referirse al conflicto suscitado en la familia Etchevehere por la propiedad de un campo en Santa Elena.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Romero afirmó que “desde el gobierno hemos sostenido desde el comienzo que la base del conflicto es familiar, porque hay una disputa que se trasladó a las esferas de los Tribunales de Paraná y La Paz y también con pleitos en distintos tribunales de distintos puntos del país, con motivo de un debate generado a partir de la distribución de la herencia de Luis Félix Etchevehere”.

“Ese debate familiar derramó en posicionamientos políticos en el último tiempo pero nunca estuvimos conceptualmente de acuerdo con que se tratara de una toma de tierras como ha ocurrido en otros puntos del país, sino que acá lo que ocurrió es que la disputa familiar trasladó al mundo de la política porque de un lado se habla de la afectación del derecho de propiedad y del otro lado se habla de derechos de Dolores Etchevehere en su condición de dueña del lugar y ese debate hoy transitará los espacios de Tribunales que es lo que corresponde”, apuntó.

En tal sentido, afirmó que “cuando la oposición política y desde algunas tribunas se nos exige más acción, decimos que en esto el Poder Ejecutivo ocupa su rol, que es dar seguridad, evitar que haya agresiones entre los dos grupos que están disputando derechos, y colaborar con la justicia y obedeciendo órdenes de Fiscalía y del juez”.

Además aclaró que “lo que la jueza Carolina Castagno seguramente analizará en la audiencia de este miércoles son los fundamentos de las partes y los fundamentos del juez Flores”. 

Asimismo, explicó que “la resolución debe adoptarla en función de que se apela un fallo de una instancia inferior. En este caso, la apelación es la revisión de una resolución del doctor Raúl Flores donde se debatía si se desalojaba o no; ese era el centro del debate. No era le fondo de la cuestión, porque si el delito de usurpación se configuró o no le tocará definirlo al juez de Garantías después del trabajo probatorio de las partes”. “Lo que se debatió en primera instancia era si correspondía  no el desalojo, y a eso el juez Raúl Flores le dijo que no. Y ahora se va a debatir lo mismo: como la jueza revisa la sentencia del juez inferior, vuelve a escuchar a las partes y toma una resolución”, agregó.

En otro orden de cosas, Romero afirmó que “lamentablemente hubo que disponer de mucho personal” en estos días en el lugar. “Cuando hubo actos en la entrada del campo hubo más de 100 efectivos de la policía, más los grupos especiales, y en momentos de mayor tranquilidad como hoy, hay menos gente pero siempre atentos a que si se produce alguna movilización más importante hacia el lugar volvemos a una base de 100 personas”, sentenció.

“Estamos atentos a toda la situación porque hoy hay una movilización de productores y ruralistas en la entrada del Túnel, del lado de Paraná, y hay algunos audios que nos han preocupado, que tienen noticias falsas de que andan circulando por el norte entrerriano, por Federal, por Feliciano, y alertando por una futura llegada de grupos comandados por Grabois desde Buenos Aires”, reconoció la ministra.

Al respecto, aseguró que “de eso no hay ningún dato fehaciente y lo estamos desmintiendo” y cuestionó que “ese audio tiene el propósito de agitar movilización del sector ruralista lo cual considero totalmente inadecuado”.

Ante ello, sostuvo que “un Estado republicano, que todos decimos defender, resuelve las cuestiones judiciales en el ámbito de la justicia, no en el ámbito de la agresión desde un escenario, y es lo que hemos tratado de evitar como gobierno. Como gobierno nos hemos situado en que el conflicto, que es familiar y básicamente judicial, se debe transitar en el espacio judicial que es el que corresponde en una democracia”. 

Respecto de la custodia del lugar, aseveró que “la policía ha desmentido rotundamente la versión que circuló de que hubiera gente que quiso ingresar a la estancia por otro lado”. “Inmediatamente hice las averiguaciones, instruí a que se ponga más atención en todo el perímetro del campo, que es muy extenso porque son miles de hectáreas, pero no tenemos ningún dato que dé cuenta de esa situación que fue denunciada por uno de los Etchevehere. La gente que efectivamente ha salido de Casa Nueva, ha salido por la puerta de adelante con conocimiento de la policía, y además se revisa cuando ingresan y cuando salen los vehículos y se da un informe a Fiscalía”, refirió.

Por otra parte, sobre el modo en que llegaron los integrantes del grupo Artigas a la provincia en el contexto de la pandemia y las restricciones a la circulación, Romero explicitó que “Entre Ríos ha sido una provincia que no ha cerrado sus límites, y no está exigiendo para ninguno de los que ingresan ni hisopado ni otro permiso que no sean los permisos nacionales”.

“Cuando la policía hace los controles en Zárate-Brazo Largo, Victoria-Rosario o en el Túnel, se pide el permiso de circulación; algunos tienen que ver con actividades laborales y están extendidos sobre la base del sistema nacional, y si son funcionarios autorizados o es gente de prensa, tienen la posibilidad de entrar. En realidad, ninguno ha pasado sin permiso, tienen permiso de circulación y a los controles los han soportado en todas las camineras y los ingresos de la provincia y mucha gente que se ha movilizado es de la provincia, vinculada a los movimientos sociales”, aseguró.

Finalmente, planteó que “esto es un conflicto que no ha paralizado en absoluto las tareas cotidianas y de temas de la gestión vinculados a la salud”. En tal sentido, detalló que “el gobernador se reunió con intendentes, se están elaborando protocolos para explorar las posibilidades del turismo, el gobernador  inauguró la actividad escolar en 47 establecimientos educativos de la provincia. Es decir que el gobierno ha seguido con su transitar de gestión, y este es un problema que observamos como preocupación y como conflicto familiar que ha derramado en la política”.

“Esto es básicamente un conflicto familiar. Sin dudas, si la familia se hubiera sentado a dialogar estas cosas no pasarían. Cuando interviene la Justicia en un conflicto familiar de estas características, pueden pasar estas cosas, sobre todo si se trata de gente conocida, un ex ministro y demás”, concluyó.